En nombre de indígenas quieren cobrar al Estado G. 4.600 millones

La Fiscalía General del Estado presentará esta semana su dictamen sobre la inconstitucionalidad presentada por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) contra dos sentencias judiciales que obligan al Estado a pagar 3.600 millones de guaraníes a Felipe Nery Páez, por daños y perjuicios al fracasar la venta a los indígenas de una propiedad que figura a su nombre. Si la Corte rechaza la acción se deberá pagar más de 4.600 millones de guaraníes por un inmueble que costó G. 70 millones en un remate.

El presidente del Indi, Oscar Centurión, recibió informes de la Cámara de Diputados, a través del legislador Julio Colmán. Los representantes del pueblo preparan una declaración sobre el caso Páez.

El Estado es para muchos un botín al cual buscan sacarle millones de guaraníes. Para llegar al objetivo se fraguan documentos, se sobrefacturan croquetas y hasta se utilizan a los desprotegidos indígenas.

Este último caso sucede con la demanda que entabló Felipe Nery Páez al Indi por un supuesto daño y perjuicio al fracasar la venta de una propiedad de 506 hectáreas reclamada por un grupo de nativos.

Páez obtuvo este inmueble ubicado en Ygatymí a través de un remate judicial. Según dictamen, el inmueble costó 70 millones de guaraníes. La demanda fue presentada contra los Marchetti (antiguos dueños de la propiedad) por supuesta deuda por trabajos extrajudiciales.

A partir de esta titulación, Páez inventó las maniobras para sacar ventajas al Estado. Primero juntó a un grupo de indígenas, liderado por Antonio Vera, e introdujo a su propiedad.

Luego empezó a presionar al Indi para venderle al Estado. En el año 2000 consiguió una tasación irreal en la Dirección de General de Catastro, que fijó a G. 2.400.000 la hectárea de su propiedad. Según el Banco Nacional de Fomento, en esa época la tierra no sobrepasaba los 600.000 guaraníes la hectárea en la zona.

Al ver que iba a fracasar el negocio, porque la entonces presidenta del Indi, Leni Pane, no contaba con el aval de su consejo para adquirir el inmueble, amenazó con desalojar a los nativos. Lo que en principio era una invitación a ocupar el inmueble, se presentó luego como una invasión.

Páez obligó a Pane a firmar un contrato para adquirir el inmueble en G. 1.212.000.000.

Esta actuación costó el cargo a Leni Pane, que fue reemplazada por Olga Rojas de Báez. Esta funcionaria derogó la resolución de compra, lo que movió a Páez a recurrir a la justicia.

Mientras se desarrolla este proceso aparece el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano advirtiendo al Indi a no concretar el negocio con Felipe Nery Páez. El argumento es que la propiedad ofertada al Estado corresponde a los límites que los Marchetti habían reservado por contrato privado a la familia Iturbe.

En dos sorprendentes decisiones, la justicia benefició a Páez en su demanda. Por el momento, el Estado está condenado a pagar 3.600 millones de guaraníes por un supuesto daño y perjuicio. Las sugestivas sentencias, que más bien son dos resoluciones de confiscación, obligan a pagar al propietario, pero no ordena a este a transferir el inmueble.

Ante la inacción de la Procuraduría General del Estado, que se mostró más partidaria de un ‘‘arreglo’’, el Indi -como entidad defensora de los intereses de los nativos y pese a su escuálido presupuesto- decidió presentar la inconstitucionalidad de las dos sentencias, que considera una confiscación de los bienes del Estado.

La Fiscalía General de Estado deberá presentar, a más tardar el miércoles, su dictamen. De favorecer al propietario, al igual que la inconstitucionalidad, se obligará al Estado a pagar a Páez más de 4.600 millones de guaraníes por una maniobra en la que utilizó a los indígenas para un beneficio personal.