Sobra dinero en este país

El Ministerio de Hacienda celebra casi todos los meses el aumento de las recaudaciones, que según las estadísticas comparativas publicadas en la prensa son superiores a las del año pasado. Once por ciento más que las del primer semestre del 2004.

En otras palabras, el gobierno no tiene de qué preocuparse en el aspecto financiero, porque recauda más, no solo comparando con el año anterior, sino comparando -por ejemplo- la recaudación de julio de este año con el cálculo previsto para ese mismo mes que esperaba llegar solamente a 83 millones, pero en realidad ingresaron 85 millones de dólares, dos millones de dólares más de lo presupuestado.

Tal vez por esa razón, porque se recauda más de lo previsto, hay una peregrinación de ministros y altos funcionarios por el Congreso para obtener ampliación presupuestaria en favor de sus respectivas instituciones. El pedido es encabezado por el propio ministro de Hacienda y en total supera los diez millones de dólares para lo que resta del año.

La ampliación solicitada es para aumentos de sueldos, compra de vehículos y equipos de informática, incluyendo la creación de nuevos cargos y la contratación de nuevos funcionarios. Es el típico aumento del gasto estatal que tiene que ver con el clientelismo político del que ahora se nutre no solamente el Partido Colorado sino también todo el espectro de la oposición con algunas variantes en su modalidad.

Hasta aquí la historia parecería ser una simple repetición de la lógica política que tiene en las arcas del Estado el factor de equilibrio entre las expectativas de prebendarismo que tiene la clientela del mayor empleador de la República y el compromiso de los líderes políticos con sus operadores.

Pero el problema es mucho más grave si agregamos a la ensalada el condimento del compromiso del gobierno con el gasto social de este año. Con buen criterio se había resuelto aumentar el gasto social del Paraguay 140 millones de dólares más con respecto al presupuesto ejecutado del año pasado.

Con este paso nos pusimos a la altura de los compromisos asumidos por Paraguay y otros países atrasados de aumentar considerablemente el gasto social para combatir efectivamente la pobreza mediante el crecimiento económico con equidad.

Pero resulta que al cumplirse el primer semestre de ejecución de ese presupuesto alentador, nos encontramos con la sorpresa de que no se ha ejecutado el 14%, lo que representa en dinero alrededor de 43 millones de dólares.

¿Qué significado tiene todo esto?

Que el gobierno está en condiciones de recaudar inclusive más de lo que se propone de manera objetiva y realista, que el Congreso tiene la potestad de hacer gastar más aun al Ejecutivo a través de la ampliación del presupuesto aprobado inicialmente, pero la función pública no está aún en condiciones de gerenciar eficientemente los programas de inversión social.

Cuando hablamos de gasto social nos referimos a construcción de escuelas, hospitales, equipamientos hospitalarios, viviendas económicas, agua corriente y saneamiento básico, con que se busca reducir la desnutrición, el analfabetismo, el hacinamiento, entre otros, que en suma significa que cada vez estamos más lejos de disminuir en nuestro país la cantidad de gente que vive en la pobreza extrema.

Los parlamentarios podrían darnos una sorpresa uno de estos días dejando de lado sus ridículas rencillas para buscar con el Ejecutivo la forma de redireccionar esos 43 millones de dólares no ejecutados o por lo menos para evitar que ocurra lo mismo en el segundo semestre.


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Edwin Brítez