JUSTICIA INOPERANTE ANTE GRANDES ROBOS

Inhibiciones "en cadena" y lenta resolución de recursos

La desidia judicial con que se llevó el proceso abierto por manejos irregulares en el caso Bancopar pronosticaba lo que se presenta ahora como el indefectible final del juicio: el oparei. En mayo del 2001, nuestro diario denunciaba que el proceso ya llevaba más de siete meses sin contar siquiera con juez competente.

La cadena de inhibiciones se inició el 4 de octubre del 2000, cuando el juez natural del caso Juan Carlos Paredes fue recusado por la defensa de Dionisio Coronel. A partir de ahí, ocho magistrados -seis de los juzgados de liquidación y sentencia y dos de juzgados en lo civil y comercial- se apartaron del expediente alegando diferentes motivos, situación que dejó el proceso a la deriva por varios meses.

A la fecha, este proceso se tramita ante el juzgado de liquidación y sentencia a cargo del juez Andrés Casati. El magistrado, quien asumió el cargo en diciembre del 2002, explicó que prácticamente no vio el expediente porque tres meses después de su nombramiento, se planteó una apelación que derivó en la remisión del expediente al Tribunal de Apelación.
Posteriormente, se produjo un conflicto de competencia entre dos salas de la Cámara de Apelación, situación que a su vez obligó a la remisión del expediente a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, donde permanece desde principios del corriente año.
Casati explicó que solicitó a la Corte la remisión de copias del expediente, a los efectos de expedirse sobre el pedido de prescripción planteado por uno de los abogados defensores intervinientes en el caso.