Si el presidente Nicanor quiere demostrar con hechos que está en contra de la corrupción, tiene la brillante oportunidad de poner fin a la larga podredumbre del Banco Central. El caso del BCP tiene una importancia capital, porque allí es donde se está librando una batalla que permitirá aquilatar en su verdadera dimensión cuán sinceras son las rimbombantes declaraciones contra la corrupción que realizan el Presidente y otras altas autoridades. Para este diario, la única solución conveniente para los intereses generales del país es la destitución de todo el directorio del banco y el nombramiento en esos cargos de personas de conocida solvencia moral y profesional, independientemente de sus simpatías políticas.
Si el presidente Nicanor Duarte Frutos quiere demostrar con hechos que está en contra de la corrupción, tiene la brillante oportunidad de poner fin a la larga podredumbre del Banco Central, donde se enquistó una suerte de casta de privilegiados que convirtió a esta institución en una inagotable fuente de defraudaciones y enriquecimiento.
Uno de los más recientes escándalos en el Banco Central fue el descubrimiento de un presupuesto paralelo, no aprobado por la legislatura, la que ni sabía de su existencia. Bajo la apariencia de una cobertura de "emergencias" para la política monetaria se creó un engendro que permitió manejar arbitrariamente los fondos públicos confiados a la banca matriz del país. Eso es corrupción con mayúscula, descarada, grosera y generalizada.
El pago por "cargo retenido" era otra vergonzosa fuente de enriquecimiento para algunos funcionarios y que ahora la nueva administración está corrigiendo.
Estas son pruebas palpables de que muchas instituciones del Estado todavía son administradas como propiedad particular de sus directivos, con la complicidad o el silencio de sus funcionarios subalternos que seguramente participan del cuantioso botín y por eso no se atreven a denunciar. O por cobardía. Son nada menos que la carnicería del Estado, a cuyos miembros les importa un bledo el cumplimiento de la ley y solo buscan saquear los fondos públicos que les son confiados.
Si hubiera faltado algún argumento para demostrar la manera desembozada con que el Banco Central es considerado un coto de caza particular, allí está la impúdica carta que el sindicato de empleados dirigió al presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Debe tratarse de uno de los documentos más cínicos de la historia del país, en el cual el sindicato presenta una serie de reclamos invocando la calidad de colorados de sus miembros, sin importar un ápice la eficiencia, la honestidad o la lealtad a la institución, el Gobierno nacional o la misma patria.
La presidenta del Banco Central, Mónica Pérez, hizo frente a tanto desborde, ganándose con eso la inquina de los empleados, la desconfianza de la jerarquía política y el repudio del círculo áulico presidencial, a tal extremo que una versión originada en el Senado señalaba que la funcionaria había perdido la confianza del Presidente de la República, porque "se había hecho de muchos enemigos".
La verdad es que cumplir con la ley y hacerla cumplir es, en el Paraguay, la manera más rápida de hacerse de enemigos. En cambio, navegar en los mares del amiguismo, despilfarrar el dinero del pueblo en prebendas y clientelismo, y consentir todos los abusos, es la manera más práctica de adquirir una perdurable popularidad.
El caso del Banco Central tiene una importancia capital, porque allí es donde se está librando una batalla que permitirá aquilatar en su verdadera dimensión cuán sinceras son las rimbombantes declaraciones contra la corrupción que realizan el presidente Nicanor y otras altas autoridades, para cotejar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y comprobar cuán lejos el gobierno se propone llegar en su cacareada intención de combatir este mal endémico de la democracia paraguaya.
Pero el Banco Central no es el único foco purulento de la corrupción, sino uno de los más arraigados y en los que siempre han logrado vencer el silencio y la impunidad. Por eso sigue en su puesto, como una especie de símbolo del Estado corrupto; resplandeciente por fuera, pero putrefacto por dentro. En todos los casos ha logrado respaldarse en el poder político para seguir su largo derrotero de impunidad.
En esta, como en otras oportunidades, hubo un notorio respaldo del Directorio a las operaciones ilegales que se traducían en el uso indebido del dinero de la institución. Esta situación plantea hoy una crisis a la que nadie sabe cuál solución se le dará. Pero si el Ejecutivo adopta la misma postura que el PLRA, que antes que preocuparse de poner fin al saqueo se ha preocupado solamente en apoyar la permanencia en el cargo de un correligionario, luego el clientelismo prevalecerá una vez más sobre el interés nacional.
Los próximos días serán decisivos en el desenlace del conflicto. No sabemos cuál será el resultado, pero sí sabemos que el cáncer de la corrupción que hundió y hunde el país en la ignorancia y la miseria no se va a extirpar con discursos, sino con cirugía mayor, para lo que hacen falta patriotismo, coraje y fuerza política.
Para este diario, la única solución conveniente para los intereses generales del país es la destitución de todo el directorio del Banco Central del Paraguay y el nombramiento en esos cargos de personas de conocida solvencia moral y profesional, independientemente de sus simpatías políticas.
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