HABRA MAS SALARIOS, REDUCCIAN DE LA INVERSION Y MENOR GASTO SOCIAL

El presupuesto 2006 es inaplicable

El presupuesto general de la nación, aprobado por el Legislativo para el 2006 es inviable, irreal e inejecutable, según el Ministerio de Hacienda. Los legisladores inflaron los gastos, especialmente aquellos vinculados con pagos al personal; crearon cerca de 8.000 nuevos cargos; se autoadjudicaron jugosos aumentos en sus ingresos y sobrecargaron rubros innecesarios.

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Las cifras preliminares del Ministerio de Hacienda indican que el plan del 2006 presenta un desfinanciamiento de 900.000 millones de guaraníes (US$ 147 millones). La irresponsabilidad de los parlamentarios llegó a tal punto que desviaron las regalías provenientes de las binacionales, programadas para el pago de deudas hacia el pago de mejoras salariales. Incluso redujeron los recursos genuinos y seguros previstos para las inversiones públicas y "liberaron" la emisión de bonos del Tesoro. El resultado: en Hacienda ya se habla de pedir un préstamo de corto plazo al Banco Central (emisión) y aplicar un riguroso plan financiero (topes de gastos) que, posiblemente, termine erosionando todavía más los fondos para las inversiones físicas y los gastos sociales. Bien lo sentenció el viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Miguel Gómez: "el presupuesto 2006 es como tratar de meter un elefante en un escarabajo".


El proyecto presupuestario, sancionado finalmente por el Congreso, corresponde a la versión elaborada por la Cámara de Senadores. Todos los partidos políticos representados en esa instancia del Legislativo aportaron su grano de arena para crear el "monstruo" que ahora asusta a todos.

El documento final presenta un gasto global de 21 billones 991.151 millones de guaraníes (US$ 3.599 millones), de los cuales, 10 billones 923.790 millones de guaraníes (US$ 1.789 millones) corresponden a la Administración Central y la diferencia, a la Descentralizada. El gasto global se incrementará en 736.034 millones de guaraníes (US$ 120 millones) con relación a lo planteado por el Poder Ejecutivo.

El punto más llamativo del proyecto del Gobierno Central tiene que ver con los servicios personales. Los gastos en este concepto crecerán en 618.354 millones de guaraníes (US$ 101 millones) en tan solo un año. Ese aumento es casi el doble de lo que varió entre el 2005 y el 2004 (cuando fue de G. 354.000 millones, unos US$ 58 millones). Este comportamiento tiene su origen en las subas salariales diferenciadas autorizadas para todos los trabajadores del sector público, así como la creación de miles y miles de cargos, tanto para el personal permanente como para el contratado,
A este enorme incremento en los gastos rígidos del Estado, hay que sumar las mayores erogaciones que representarán la Unidad Básica Alimentaria (UBA) para militares y policías en servicio activo, al igual que la reinclusión del aguinaldo para los jubilados.

Una de las instituciones más beneficiadas con los aumentos de asignaciones fue el Ministerio de Salud Pública, que tal como están los números obtendrá el año venidero 263.204 millones de guaraníes (US$ 43 millones) adicionales, de los cuales casi un 65% al 70% está destinado a mayores remuneraciones al personal.

La consecuencia está a la vista: en el 2006, los gastos en servicios personales pasarán a representar el 68% de los ingresos impositivos obtenidos por el Fisco, cuando en el 2005 equivalían el 63% y en el 2004 el 61%.

Según referencias de los técnicos de Hacienda, especializados en la materia, el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo fue modificado hasta en los más mínimos detalles. Se rumorea que los políticos insertos en el Congreso han conseguido introducir importantes cantidades de recursos en programas estratégicos que servirán para financiar parte de la campaña política que se espera para el año venidero.

Los parlamentarios en ningún momento se preocuparon por averiguar cómo financiarían los cuantiosos aumentos que concedieron, hecho que incluso viola normas establecidas en la Ley 1535, de Administración Financiera del Estado, que no solo prohibe transferir recursos de los gastos de capital (inversiones) a los gastos corrientes (salarios), sino también obliga a los legisladores a justificar, con argumentos técnicos, de dónde saldrán los recursos para financiar cualquier decisión de mayores gastos públicos.

Para tratar de arreglar el "Franskenstein" presupuestario, los senadores idearon algunas medidas concretas: por un lado, decidieron reducir en un 10% todas aquellas remuneraciones que reciben los funcionarios públicos dentro del rubro servicios personales, que no correspondan al salario base (gastos de representación, horas extras, bonificaciones, etc.); por otro lado, optaron por "reclutar" algunos fondos provenientes de las recaudaciones impositivas y los royalties de las binacionales, de tal manera a financiar las mejoras salariales.

Por ejemplo, los senadores sacaron fondos de royalties que debían financiar los pagos de la deuda externa (por unos US$ 63 millones) a fin de llevarlos a los servicios personales. Además, redujeron los montos de impuestos que debían financiar las inversiones, con el mismo fin.

Como consecuencia de esta maniobra, no encontraron mejor manera de cubrir los "baches" presupuestarios que dejaron mediante una mayor emisión de bonos del Tesoro. El Ejecutivo propuso en su proyecto una emisión de 440.000 millones de guaraníes (US$ 72 millones), cifra que los legisladores elevaron a 827.000 millones (US$ 135 millones).

El Estado debe pagar en el 2006, compromisos internos y externos por valor de 1 billón 881.209 millones de guaraníes (US$ 308 millones), que en un 44% debe ser financiado con emisión de papeles, es decir, con un mayor endeudamiento del Estado.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda han reconocido que el presupuesto general de la nación sancionado por el Congreso es irreal, inviable e inejecutable. El desfinanciamiento que presenta asciende a aproximadamente 900.000 millones de guaraníes (US$ 147 millones).

La primera medida concreta anunciada por el Ejecutivo para tratar de salvar esta situación apunta al establecimiento de un plan financiero, lo que en términos prácticos significa manejar un presupuesto paralelo que limite determinados gastos. Por esta vía el Gobierno considera que puede "ahorrar" unos 350.000 millones de guaraníes (US$ 57 millones).

Las otras alternativas manejadas tienen que ver con la utilización de los fondos adicionales que espera el Estado de las entidades binacionales, unos 20 millones de dólares de Itaipú y una cifra similar de Yacyretá. Además, pretenden utilizar un remanente de un crédito de 15 millones de dólares del Banco Mundial para el pago de la deuda pública externa. Todos estos recursos suman aproximadamente 340.000 millones de guaraníes (US$ 55 millones).

El Congreso ha decidido no tocar las estimaciones de ingresos impositivos, que se mantienen en 5 billones 875.722 millones de guaraníes (US$ 961 millones). La cifra representa una variación del 10% con relación a lo presupuestado en el 2005.

Las consecuencias de un presupuesto inflado son fácilmente predecibles: el Estado se abocará a gastar solo lo necesario, a cubrir pagos de salarios, jubilaciones, pensiones y deudas (gastos rígidos). No se descarta, incluso, que hasta haya problemas para financiar estos conceptos. Las inversiones se verán resentidas y las dificultades para pagar la deuda podrían volver a encaminar al Estado hacia la cesación de pagos (default).

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Roberto Sosa