WASHINGTON (EFE). Líderes del Congreso y del Gobierno presionaron ayer a favor de una reforma migratoria en EE.UU., un proyecto que se encuentra ahora en la recta final en el Senado. Los secretarios de Justicia, Alberto Gonzales, y de Estado, Condoleezza Rice, así como líderes demócratas y republicanos del Congreso, remacharon ayer en varios programas de televisión la necesidad de poner en marcha la mayor reforma migratoria desde 1986.

El senador demócrata por el estado de Nevada, Harry Reid (d), conversa en el Capitolio (Washington) con el alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, sobre los indocumentados. (EFE)
El Senado tiene previsto reanudar este lunes el debate para moldear el texto final de su versión de la reforma y someterlo a una votación definitiva el viernes.
De las 15 enmiendas aprobadas ya por el Senado, la más polémica fue quizá la del republicano James Inhofe, que declara al inglés como "idioma nacional" de EE. UU., aunque también se aprobó otra, del demócrata Ken Salazar, que lo describe como un "idioma común y unificador".
Algunos líderes de la oposición y la mayoría de las organizaciones hispanas indicaron que la enmienda Inhofe es una señal de racismo contra la minoría más grande del país.
Aseguran además que esa enmienda podría alentar recortes en los servicios sociales para aquellos que no dominan el idioma de Shakespeare.
El senador demócrata Ron Wyden dijo a la cadena CNN que "el inglés nos une" y que con esa enmienda los republicanos solo han conseguido polarizar más el debate.
Pero Gonzales aseguró en programas de las cadenas CBS y ABC que la enmienda Inhofe, en todo caso, solo tendrá un efecto "simbólico" -el inglés ya es el idioma dominante- y no alterará los derechos establecidos bajo la ley federal para las minorías étnicas.
Pese al clima político actual, el Congreso debe aprobar la reforma "porque se trata de la seguridad nacional de este país", dijo Gonzales desde Houston (Texas) a la cadena CBS.
El presidente George W. Bush pidió al Senado en tres ocasiones distintas esta semana que apruebe antes de fin de mes una reforma que refuerce la vigilancia fronteriza y ofrezca alivios para los inmigrantes indocumentados mediante un programa de trabajadores temporales y un posible programa de legalización.
Su anuncio de que desplegará hasta 6.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México a partir de junio próximo y durante dos años fue interpretado como un guiño a los conservadores que piden mano dura contra los inmigrantes clandestinos.
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