Efectivos de la Policía Federal del Brasil ingresaron en dos oportunidades a la sede de la Itaipú Binacional. En la primera ocasión, revisaron los archivos y finalmente se llevaron una serie de documentos. En la segunda ocasión, no solamente miraron y revolvieron papeles, sino que también se apoderaron de una computadora, que tiene acceso a toda la información del ente, y pudieron observar el movimiento financiero y contable de la empresa que pertenece también a los paraguayos.
No hubo necesidad de que se reúnan los presidentes del Paraguay y del Brasil. No se necesitaron acuerdos de los parlamentarios de ambos países. No existió ningún intercambio de notas reversales entre las cancillerías. Los consejeros de la binacional no resolvieron cambiar ninguno de los anexos. Los contralores del Paraguay del Brasil no llegaron a ningún tipo de acuerdo de revisión de documentos, ni sobre la metodología más apropiada para revisar los documentos de la entidad.
Bastó la simple orden de un juez del Brasil para que los funcionarios de la Federal ingresaran a la Itaipú y buscaran todas las pruebas que ellos consideran necesarias para llevar adelante la investigación que están haciendo sobre una denuncia sobre extorsión.
Nadie pero nadie dijo nada. No hubo declaración de guerra, ni protesta de la cancillería de que el Brasil violó el Tratado de Itaipú. El director general paraguayo, Víctor Bernal, no protestó y ni siquiera manifestó algún tipo de disgusto.
Debe quedar bien claro que no fue una sola y única vez que se ingresó a la entidad, sino que fueron dos veces en menos de una semana, y que en las dos ocasiones solo se necesitó una orden judicial.
De esta forma, ya nadie, pero absolutamente nadie, puede privar a un juez de cualquier lugar del Paraguay de dictar una orden para ingresar a la Itaipú Binacional a fin de revisar y secuestrar cualquier tipo de documentos que sirva a los investigadores para demostrar la existencia de un delito o crimen que se pudo haber cometido en la binacional.
Los parlamentarios que tanto hablan de la corrupción en la Itaipú lo que deben hacer ahora es presentar las denuncias que tienen ante la fiscalía, para que ese agente solicite al juez de turno la orden para allanar el local de la binacional, que se revisen y secuestren los documentos que servirían para demostrar la existencia de algún ilícito de forma a llegar a una sentencia.
Los brasileños ya lo hicieron. ¿Por qué ahora no lo hacemos en el Paraguay, si no hay violación del Tratado?
Héctor Guerín (Ciudad del Este)
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