¿Qué pasa con los proyectos productivos?

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) tiene habilitadas seis líneas de créditos para igual número de intermediarias financieras (IFI) con las que pone a disposición del sector productivo más de G. 75.000 millones, en una tanda inicial. La entidad es una banca mayorista que inyectará capital a la economía a través de bancos, financieras y cooperativas, que son los que finalmente asumen el riesgo.

Las habilitaciones más recientes realizadas por la AFD fueron G. 9.000 millones para el Fondo Ganadero (FG), G. 24.800 millones para el Citibank y G. 18.000 millones para el banco Continental.

Todas esas entidades podrán remitir ya a la AFD los primeros proyectos para su estudio y posterior aprobación que faciliten una entrega efectiva de recursos.

Inicialmente, cerca de G. 50.000 millones fueron orientados por la AFD hacia proyectos de construcción de viviendas, por medio del BBVA. Esas intermediarias, en principio, podrán recibir hasta G. 24.000 millones cada una, que es el monto máximo estipulado en la Ley 861 de bancos y otras entidades financieras (30% del capital con que la agenciacomenzó sus operaciones). El tercer banco que tiene una línea crediticia habilitada es el Regional, con fondos por G. 18.000 millones.

Ahora, la AFD queda a la espera de los primeros proyectos que deberán presentar esos bancos, previo proceso de aprobación interna en cada una de esas empresas financieras. En el caso del BBVA, cualquier proyecto que supere el millón de dólares debe remitir a su matriz de Madrid para su aprobación; mientras que Interbanco hace lo propio con su central de Brasil cualquier plan de inversión que supere los US$ 500.000. Lo curioso es que hasta ahora muy pocos proyectos fueron acercados a la agencia para su aprobación, tanto es así que apenas uno fue aceptado hasta el viernes último, que es para el sector ganadero, por US$ 150.000.

No estamos alentando que se apruebe cualquier plan de inversión, pero sí entendemos que las exigencias no deben llegar al extremo de volver inalcanzables esos créditos y que al final no se logre un impacto positivo en nuestra economía con la AFD. De esa posibilidad ya advertía el año pasado Guillermo Stanley en su carácter de titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) al sostener que si la agencia mide a la gente y el tamaño de un proyecto de inversión exclusivamente por garantías reales, probablemente, caerá en el mismo error del pasado, que fue disponer de apalancamiento financiero, pero sin intención para apoyar al que quiera invertir.

Cuando en el pasado se hablaba de banca de segundo piso, se insistió mucho en que es fundamental tener una ley vinculada de desarrollo que permita la colocación de fondos de una entidad de esas características no solamente para la transferencia de fondos del segundo al primer piso, sino también una ley que establezca las condiciones, recordaba el industrial.

Si se vincula a la nueva AFD exclusivamente con la Ley 861 de bancos y otras entidades financieras, podrán cubrirse probables descalces financieros, pero no se tendrá solucionado el problema de las garantías.

Hoy, la Resolución N°. 8 del BCP está vista como el principal obstáculo para que fluyan los créditos y la AFD comenzó a hacer “lobby” desde el año pasado ante la Superintendencia de Bancos para evitar que esa normativa sea un impedimento para los préstamos a mediano y largo plazo, porque sus técnicos ven que, así como fue concebida, complicaría el manejo de financiamientos que no sean de corto tiempo. A esta altura de los acontecimientos poco o nada logró la agencia.

Una banca de desarrollo tiene un cambio conceptual respecto al crédito en comparación a la banca comercial, porque esta última mide fundamentalmente las garantías a la hora de analizar un pedido de crédito; mientras que en la banca de desarrollo se mide el perfil del hombre que está detrás del proyecto, en primer lugar; el proyecto en sí, en segundo lugar y, como tercer elemento, se considera su garantía, porque la intención es que invierta aquel que realmente conoce un determinado negocio, con una proyección de conocimiento y de vida que darán el mérito suficiente para ser sujeto de crédito, decía también Stanley. De hecho, para incorporar esas variantes se requiere de un proyecto de ley que visualice la cuestión planteada y genere realmente una banca de desarrollo, vinculada a un marco jurídico que tenga el firme propósito de potenciar proyectos en los que se mire exclusivamente las garantías reales.

Según el propio titular de la AFD, César Barreto, no tienen dentro de la agenda un proyecto de ley con ese fin, pero admitió que sí están diseñando un reglamento de crédito para trabajar con técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP) para que se introduzca un concepto de financiamiento de largo plazo, dentro de las regulaciones que existen actualmente.

Confesó, además, que no sabe si lograrán cambiar el esquema regulatorio que existe hoy en el sistema financiero, pero aseguró que trabajarán para modificar aquellas regulaciones que afecten negativamente la concesión de créditos de desarrollo. En cuanto a las garantías, dijo que deben ser razonables de forma que no representen un impedimento para el desarrollo del financiamiento. Nada se cambió en ese sentido por lo que es fácil colegir que la lenta aprobación de planes inversionistas es una consecuencia lógica de la prioridad dada a las garantías reales y que queda en un plano secundario la gente que está detrás de un determinado proyecto. O sea, habrá plata pero faltarán demandantes que puedan calificar para acceder a los fondos de la AFD.

Finalmente, esta semana el Ministerio de Hacienda presentará al Congreso un proyecto de modificación de una ley para disponer de un crédito del BID por US$ 30 millones para capitalizar a la AFD. Así como se mueven las cosas, no hay apuros para su aprobación.

Benito Milciades Roa