¿Dónde está la Justicia?

Tiene 22 años y es estudiante del 4º curso de Enfermería. Un anochecer del pasado mayo, salió de su casa para hacer una compra en el almacén del barrio. Al regresar, encontró dentro a un desconocido, que amenazándola con una pistola intentó violarla.

La muchacha opuso resistencia, forcejeó con el maleante, lo despojó del arma y disparó. Mató a su asaltante, a su agresor, al intruso que ingresó furtivamente a su domicilio con intención de ultrajarla, probablemente de robar y hasta de matarla.

Ella no tiene un solo antecedente criminal. Es simplemente una joven que trabaja y estudia.

El muerto resultó tener un frondoso pasado de entradas en cárceles y comisarías, con sus correspondientes salidas adjudicadas a parentescos influyentes.

Sin embargo, la intervención fiscal resultó en una insólita sospecha de homicidio, lo que a su vez condujo a que el juez ordenara la prisión preventiva.

La mujer está en el Buen Pastor, y aun cuando su abogado insiste en lograr al menos una medida sustitutiva, el juez la deniega, porque el fiscal descarta la legítima defensa y además califica al hecho de asesinato doloso.

Cabe aclarar que las pruebas reunidas hasta el momento descartan todo indicio de un crimen pasional y de relación alguna entre la encausada y el muerto.

¿Qué lógica puede haber en que una mujer premedite y se disponga a asesinar a un individuo desconocido en su propia casa?

¿Tiene sentido presumir que una chica, que llevaba una vida absolutamente honesta y normal, compró una pistola, fue al almacén, encontró a un sujeto, lo invitó a su casa, y lo cosió a balazos?

Por el contrario, ¿no resulta absolutamente coherente, que un tipo de negro prontuario y sin empleo conocido, la atacó y ella ha actuado en legítima defensa de su integridad y de su vida?

¿Dónde estamos? Cualquiera pensaría que esto es un Emirato Musulmán, donde las mujeres no tienen ningún derecho, no pueden salir a la calle solas, ni dejar ver sus rostros. Donde el ser víctimas de una violación las condena a morir apedreadas para restaurar la honra de sus familias.

Pero estamos en el Paraguay. Que si bien no es un paraíso jurídico, por lo menos tenemos leyes que nos protegen de los abusos y nos garantizan igualdad de derechos. Donde se supone que una mujer que ha protagonizado un incidente cómo este debería recibir protección y asistencia sicológica para superar el trauma. Y no estar desde hace seis meses en prisión.

Todo pareciera resumirse en que la mujer es de extracción humilde y no tiene "padrinos". Mientras que el difunto debe haber sido "cuñado" de algún infame de su misma calaña.

Y el fiscal y el juez son un par de infelices marionetas.

pkostianovsky@abc.com.py

pepa kostianovsky