GOBIERNO HABLA, PERO NO ACTUA (FINAL)

Tres sugerencias para avanzar en la solución del problema de la tierra

El Presidente de la República habla permanentemente en sus discursos de la pobreza rural, pero no hace gran cosa por remediarla. Dice que necesita leyes especiales y más impuestos sobre la actividad agropecuaria. Hay medidas mucho más prácticas y eficaces que podría adoptar si realmente quisiera hacer algo por los campesinos.

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“No es posible en un país donde la concentración de la tierra está en manos de una minoría, ese Parlamento que ataca al Gobierno y que se dice representar al pueblo, no piense y no plantee una ley que permita una mejor distribución de la riqueza y que el Estado compre, no importa si a precio de mercado, las tierras que están abandonadas”. Palabras de Nicanor Duarte Frutos.

Si el Presidente sinceramente estuviera preocupado por este tema, algo habría hecho en alguno de los siguientes tres frentes.

REGULARIZACIÓN

En esta serie hemos mostrado que ni este ni anteriores gobiernos se han preocupado por recuperar tierras que legítimamente le pertenecen al Estado y que están en manos de particulares con títulos falsos, pese a centenares de denuncias concretas que se han hecho, con todas las evidencias necesarias.

Existen en este momento no menos de 100.000 hectáreas de sobrantes fiscales que quedaron de lo que fueron los grandes latifundios de La Industrial Paraguaya S.A. en la Región Oriental. José Bóveda Maidana, un antiguo apoderado de la compañía, los tiene plenamente identificados y ha puesto la información en manos de las autoridades competentes, sin resultado alguno.

El mismo Bóveda, además, tiene anotados, con números de finca, padrón y por distrito más de 200 títulos presumible o comprobadamente falsos que, en conjunto, suman unas 900.000 hectáreas solamente en la Región Oriental.

Jamás se han hecho intentos serios de poner las cosas en orden y reivindicar lo que le corresponde al Estado. Ni siquiera ha sido posible recuperar pequeñas fracciones y hasta hubo casos en que se expropiaron propiedades a sabiendas de que son del mismo Estado.

CÉDULA Y TÍTULO

Muchas veces hemos argumentado que la crisis de la economía familiar campesina no se relaciona con la tenencia de la tierra, sino con la precariedad de los derechos de propiedad sobre las fincas en poder de los campesinos pobres.

Si el gobierno tuviese real voluntad de mejorar la situación de los campesinos, habría comenzado por otorgarles en forma gratuita los títulos de propiedad sobre las tierras que ya poseen, previo registro con la correspondiente cédula de identidad, para que esa persona sepa que recibirá este subsidio directo del Estado por única vez.

No hay espacio para referirnos nuevamente uno por uno a todos los beneficios que podría acarrear una medida de esta naturaleza. El concepto básico es que ello generaría los incentivos necesarios para aumentar la rentabilidad de las fincas campesinas al incorporar a los pequeños agricultores, convertidos en propietarios de su medio de producción, a una economía formal capitalista.

A muchos les irá bien y progresarán, a otros les irá mal y decidirán vender, aunque lo podrán hacer al precio de mercado, y no como ahora, que se ven forzados a entregar sus derecheras a precio vil.

IMPUESTO INMOBILIARIO

Una tercera medida que habría que adoptar es fortalecer el impuesto inmobiliario.

La razón por la cual el actual impuesto inmobiliario no constituye una herramienta eficaz para un mejor funcionamiento del mercado de tierras es que se paga sobre un irrisorio valor fiscal.

Esto se soluciona estableciendo la “autotasación”, que consiste en dejar a los propietarios fijar el precio sobre el cual tributarán, pero con la salvedad de que el Estado se reserva el derecho de comprar el inmueble por el mismo valor que figura en la declaración jurada.

Este mecanismo está previsto en el “impuesto al patrimonio rural” que quiere establecer Nicanor. Pero este es un pernicioso impuesto sustitutivo del inmobiliario que sería recaudado por el gobierno central, mientras que aquel lo recaudan las municipalidades, mucho más cercanas a los intereses reales de los pobres rurales.

La autotasación debería venir acompañada por una reducción sustancial de la tasa del impuesto (actualmente del 1% anual), lo cual alentaría la formalización y aumentaría la recaudación sin provocar graves desequilibros.

Hay muchas cosas que se pueden hacer además de hablar.

arivarola@abc.com.py

Armando Rivarola