Euthymios Ioanidis es prófugo de la justicia. Esta acusado de ser autor intelectual del crimen del intendente de Mcal. López, Rubén Acosta. La justicia es letra muerta en la colonia Laterza Cue, donde el griego tiene una innegable influencia. La inacción judicial origina un clima de terror.

Fotografía publicada el 23 de junio de 1972. Funcionarios del IBR se reunieron con colonos en Santa Teresa.
Ya tienen más de 30 años los colonos de Santa Teresa que nacieron en nuestro país. Ese es el tiempo que llevan sus padres –y ahora los hijos– litigando con la “Greco-Paraguaya”, propiedad de Euthymios Ioanidis, un ciudadano brasileño de origen griego, prófugo de nuestra justicia, acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato de Rubén Acosta, intendente municipal del distrito de Mcal. López.
El origen irregular de la colonia ha dado lugar a muchos otros acontecimientos delictivos de imposible solución. Los principales están referidos, hasta hoy, a la negativa de la empresa de reconocer los pagos efectuados por los colonos o la entrega de títulos de propiedad. Estos hechos dieron lugar a otros: la protesta de las víctimas y la reacción policial detrás de la cual está invariablemente Ioanidis.
Los primeros colonos se instalaron en Santa Teresa hacia finales de 1968. Todos brasileños y mayoritariamente de origen europeo. Cuatro años después, la colonizadora ya no podía seguir dando pretextos para incumplir sus compromisos. Los colonos conformaron una comisión que los representara ante la empresa y las autoridades nacionales, preocupados por las muchas irregularidades en las que estaban en juego su dinero, sus esfuerzos, su porvenir y el de sus hijos.
Ante la situación que tendía a agravarse –el greco-brasileño los amenazaba con apresamientos si continuaban con sus reclamos–, la comisión hizo llegar al presidente del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), Dr. Juan Manuel Frutos, una nota, fechada el 22 de mayo de 1972, solicitando la intervención de la colonia “para regularizar nuestra precaria situación actual”. Esa situación incluía la falta de títulos de propiedad, recibos de pago informales, falta de camino para salir a los centros de comercialización, imposibilidad de acceder a los créditos al no ser dueños de la parcela que trabajaban, y los malos tratos que recibían cotidianamente.
El Dr. Frutos les respondió que “a fin de semana” estarían por la colonia tres altos funcionarios de la institución para verificar la denuncia. Llegó el fin de semana, pero nadie del IBR se presentó. La respuesta inmediata de los colonos fue una asamblea con la participación de unas 500 personas. Se decidió enviar una delegación compuesta de 100 colonos para reiterar el pedido de intervención del IBR con la esperanza de que se solucionaran los problemas.

El 9 de junio de 1972 se instaló en Santa Teresa un destacamento militar. Los colonos pensaron que sería protección, pero terminó siendo una herramienta de Ioanidis.
En cumplimiento del mandato asambleario, los colonos fletaron un camión de carga para llegar a Asunción y presentar sus reclamos. Pero al alcanzar Coronel Oviedo fueron detenidos por un destacamento policial cuyos efectivos, aparatosamente armados, les obligó a regresar a la colonia con la orden de que desistiesen de su intento de acercar sus inquietudes a las autoridades nacionales, “y menos aun a la prensa”.
Con toda razón, los colonos sospecharon que Ioanidis habría alertado al delegado de gobierno (gobernador) de Caaguazú, con asiento en Oviedo, del viaje de la embajada y de sus propósitos, que los habría presentado como altamente subversivo.
Los que no tuvieron sitio en el camión, unos 10 colonos, viajaron en ómnibus y así sortearon la barrera policial. En Asunción supieron lo sucedido con los demás compañeros y regresaron a la colonia con el miedo de que el empresario los hiciera apresar y tal vez conseguir que se los expulsara, acusados de comunistas.
El intento fallido de llegar a Asunción agravó la situación en la colonia hasta el punto de que una maestra del lugar, Acela Núñez, salió disparando hacia la capital. La educadora tenía a su cargo 200 niños en los grados 1º, 2º, 3º y 4î. Los dos primeros, de mañana, y los segundos, por la tarde. La decisión de salir de la colonia se debió a que la policía había iniciado allanamientos domiciliarios “en busca de criminales”. La maestra se había negado en reiteradas ocasiones a declarar en favor de Ioanidis.
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Alcibiades González Delvalle-Roque González Vera
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