EL TRAMO MAU LUQUE-PASO SANA CONDENSO TODO EL NEGOCIADO DE LOS “EMPEDRADOS CHINOS”

Evidencias concretas desmienten a los ex auditores blanqueadores

Evidencias de la propia Contraloría prueban que el ramal Luque-Paso Saná de los “empedrados chinos” no fue licitado originalmente. Además del MOPC, también lo confirmó un informe de la Dirección General de Licitaciones del ente contralor. Pese a ello, los auditores blanqueadores, de manera reiterada, convalidaron esta ilegalidad para favorecer a la “rosca vial”.

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La propia Dirección de Licitaciones de la Contraloría advertía que se pagaron de más G. 4.696 millones por una obra no incluida en la licitación original.

Entre las tantas irregularidades blanqueadas por los auditores de la Contraloría se encuentra el caso de los tramos sustitutos o mau de los “empedrados chinos”, obras viales que no fueron incluidas originalmente en la licitación 7/99, llevada a cabo con abierta ilegalidad por el entonces titular del MOPC (1999/2000) José Alberto “Icho” Planás.

Además de ser una obra mau, entre las adjudicaciones de “los empedrados chinos”, el tramo Luque-Paso Saná resultó una de las obras más caras en su tipo, pues su costo superó la friolera de 230.000 dólares el km. Sospechosamente, este tramo no formaba parte del paquete licitado dentro del programa chino, pues fue incluido posteriormente en reemplazo del tramo Capiatá-Posta Ybycuá, que sí fue licitado, pero para sorpresa de todos, estaba casi totalmente construido (?).

En el primer examen especial, llevado acabo en cumplimiento de la resol. CGR N° 0057/99 por los auditores que luego fueron despedidos por el ex contralor Galiano, en su dictamen confirmaron que efectivamente se trataba de un tramo mau a espaldas de los demás oferentes y que existían dudas sobre las ventajas de esta adjudicación.

Esta situación fue apoyada por la propia Dirección General de Licitaciones de la Contraloría (ver facsímiles), que advirtieron tal ilegalidad e inclusive le recordaron al entonces contralor general, Francisco Javier Galiano que las disposiciones legales responsabilizaban a los funcionarios actuantes –quienes debían responder con sus propios bienes para reparar daños y perjuicios sufridos por el Estado– si incurrían en tales actos.

En efecto, con las firmas de la directora general (Cecilia del Puerto) y de la directora de área (Maricel Bejarano de Elizeche), el dictamen califica de vicio determinante de nulidad” la ampliación del contrato con la inclusión del tramo mau mediante una simple orden de trabajo extra.

“La Ley 1535, en su art. 82, delimita la responsabilidad de las autoridades y funcionarios que incurran en tales hechos”, advertía el revelador dictamen.

“Las autoridades, funcionarios y, en general, el personal al servicio de los organismos y entidades del Estado a que se refiere el art. 3 de esta ley que ocasionen menoscabo a los fondos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales, responderán con su patrimonio por la indemnización de daños y perjuicios causados, con independencia de la responsabilidad disciplinaria o penal que les pueda corresponder...”, consigna la disposición legal citada.

“El art. 83 de esta ley –continúa la advertencia– establece que constituyen infracciones conformes al art. anterior inc. d) dar lugar a pagos indebidos al liquidar obligaciones o al expedir los documentos en virtud de funciones encomendadas”.

Inclusive, y para agravar aún más tal ilegalidad, el ex titular del MOPC, Ing. Alcides Jiménez, también advertía que la adjudicación del contrato del tramo mau no estaba incluida en la licitación original de tiempos de “Icho” Planás.

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El dictamen interno de la Contraloría le recordaba al titular del ente contralor que los actuantes en el caso debían responder civil y penalmente.

Peso a ello, el ex contralor Francisco Javier Galiano ordenó un nuevo informe “a medida” y, pasando por alto esta irregularidad, procedieron a blanquear el caso, por lo que el Estado se vio obligado a pagar más de G. 4.696 millones (unos 1.600.000 dólares al cambio de la época) por una obra que no había sido licitada.

El equipo de auditores estaba conformado por el Ing. Edgar Luis Oviedo González, Ing, Pablo Ladislao Silva Stransky, Ing, Derlis Cabrera, Ing. Emilio Mantero, Arq. Nidy Soria de Corrales, Arq. María Carmen Maidana de López y la Srta. Gloria Ferreira. Como supervisor se desempeñó el Ing Atilio Perazzo Bisso y la coordinación general estuvo a cargo de la Ing. Rita Cattebecke de Julián.

Dos de los responsables de este monumental blanqueo, el Lic. Antonio Cristaldo Albospino y Atilio Perazzo Bisso, hoy son querellantes de ABC Color por supuesta calumnia y difamación por publicar los entretelones del negociado.

Pero la manipulación más grosera y descarada para convalidar este negociado se dio a través de la pericia judicial ordenada por el Ministerio Público. En efecto, debido a la contradicción que existía entre los informes de la Contraloría sobre el caso, Perazzo y Oviedo, esta vez actuando como peritos designados para dirimir sobre las diferencias sobre el tramo mau, no dudaron en convalidar su propio informe, el que había posibilitado la cancelación de las deudas pendientes de estas obras.