Pedro Alejo Robadín, un señor de 73 años, recobró parte de sus derechos como ex militar al derogar Nicanor Duarte Frutos el decreto de 1959 por el cual Alfredo Stroessner lo pasaba a retiro arbitrariamente. En el decreto del 5 de octubre pasado, se le concede el ascenso al grado inmediato superior y su retiro absoluto del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad con los beneficios del artículo 124 de la Ley 1.115/97. Esta disposición implicaría una jubilación automática para este señor, de unos G. 1.600.000 mensuales.
La demanda en el tribunal de cuentas emprendida por su familia incluye también el pago de los haberes caídos, que orillaría unos G. 2.000 millones. Nosotros nos atendremos a lo que diga la ley. La derogación del decreto era nuestra primordial demanda. La reparación moral, de alguna manera, ya está dada, ahora con los abogados analizaremos cómo continuar con el proceso en el tribunal de cuentas, nos dice Rubén Robadín, hijo de Alejo.
EL CURA
El cura Pedro Robadín se tomó muy en serio la campaña por la reparación del daño causado a su padre y la familia aquel decreto de Alfredo Stroessner, por el cual se le expulsó a Alejo, cuando eso guardiamaquinista de la Armada Nacional.
Ya en el 2005 habían conseguido que en la Armada se le reconozca con honores, pero en forma privada. Y la asesoría legal de la institución recomendó su reincorporación, ascenso y el pase a retiro con los beneficios establecidos en la Ley 1115.
Pero ese año, la junta de calificación de oficiales no tramitó el expediente. Esta situación motivó la demanda en el tribunal de cuentas, contra el decreto y en favor de los beneficios devengados.
Allí, la Procuraduría General de la República intervino, señalando que el tiempo para recurrir una medida administrativa había fenecido hacía mucho tiempo. No entendieron ni quisieron entender la envergadura del problema. No se trataba de una mera cuestión administrativa, sino el inicio de una sistemática persecución sufrida por mi padre y mi familia. En estos trámites, el cura Robadín también descubre que el número de su cédula de identidad fue modificado, como una de las arbitrariedades más contra su familia, e inició los trámites para recuperar su número original. Allí también creyó descubrir que no fue simplemente un cambio de número, sino que el número haya sido utilizado por mucho tiempo por otra persona para cometer fechorías, como ocurre -o ocurría- con el Registro Civil de las Personas, donde se podía conseguir partidas de nacimiento de cualquier lugar, hasta conseguir una nueva identidad.
Esto se descubrió masivamente en el enrolamiento de soldados al Ejército Paraguayo, a partir de 1996, en que Juan Carlos Wasmosy había ordenado que ya no ingresaran menores de 18 años a la milicia. Para adaptar a la orden no encontraron mejor modo que falsificar las partidas de nacimiento de los jóvenes adolescentes, situación que determinara la muerte de muchos de ellos.
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