Urge modernizar la pequeña agricultura

La agricultura familiar da sustento, alimento, vivienda y cubre algunas otras necesidades de las familias campesinas. Este sector involucra a unas 280.000 unidades productivas de las 300.000 explotaciones agropecuarias existentes en el país. Pero es ineludible modernizar esta agricultura familiar, reconvertir su organización y sistema productivo para volverla rentable y sostenible. En las páginas 4 y 5 consignamos quince puntos clave para la reconversión de la pequeña agricultura, según la propuesta del experto en el tema, Alberto Alderete.

15 PUNTOS CLAVE PARA LA RECONVERSIÓN DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA

La agricultura familiar campesina siempre ha sido y seguirá siendo una base económica que da empleo, alimento, vivienda y cubre otras necesidades de la población rural. Este sector involucra 280.000 unidades productivas de las 300.000 explotaciones agropecuarias existentes en el país. Sin embargo, es necesario reconvertir su organización y sistema productivo para volverla rentable y sostenible. La modernización es ineludible. Señalamos aquí quince puntos que se deben tener en cuenta.

1. Modelos diferenciados de desarrollo rural

Hay que partir de una situación de hecho. No se trata de enfrentar la pequeña agricultura con la agricultura mecanizada y empresarial destinada a la agroexportación, sino de reconocer que ambos modelos son diferentes y, por lo tanto, requieren patrones diferenciados de desarrollo.

La pequeña agricultura necesita un tratamiento especial, donde el centro sea la agricultura familiar campesina, basada en la diversificación productiva, la sostenibilidad ambiental, la seguridad y soberanía alimentaria, el desarrollo de la competitividad, el mercado local y nacional, principalmente, y la dignificación de la mujer rural.

Hay diferencias sustanciales en la economía y en los sistemas productivos entre la agricultura mecanizada y la pequeña agricultura, por lo que ha sido un error del Gobierno imponer a ambos sistemas la agricultura mercantil de exportación como único modelo de desarrollo representado por el monocultivo del algodón. Ante la falta de rentabilidad de este producto y el abandono de los cultivos de autoconsumo, la consecuencia ha sido la ruina de la economía campesina y la falta de alimentos en la mesa familiar.

2. La diversificación productiva y la seguridad alimentaria

Se debe diversificar la producción vegetal y animal para producir en la finca la mayor parte de las necesidades alimentarias, con el fin de comprar lo menos posible y, al mismo tiempo, diversificar los rubros de renta de acuerdo con un estudio de las demandas del mercado. Así no se gasta dinero en alimentos y lo obtenido por la venta sirve para cubrir otras necesidades, como el pago por la energía eléctrica, el agua potable, la vestimenta, la salud y la educación. El propósito de la política de seguridad alimentaria es asegurar una oferta alimentaria estable en el tiempo, que garantice a la población rural el acceso a una alimentación adecuada en calidad y cantidad, que le permita mantener una vida sana, activa y plenamente productiva.

Asimismo, se debe promover el procesamiento agroindustrial de la producción, tanto para la venta como para el consumo. Hay que volver a legitimar socialmente las fuentes no económicas de bienestar y superar la opinión negativa que considera ineficiente a la producción de valores de uso, que no tienen por destino el intercambio comercial, como el de la producción de rubros de autoconsumo para asegurar la alimentación de las familias.

La planificación de la finca es un elemento fundamental en este tipo de agricultura, para lograr un uso óptimo del espacio y de las distintas aptitudes del suelo.

3. Mantener y aumentar la productividad de los suelos

La baja productividad de los suelos es una de las principales dificultades de la pequeña agricultura, por lo que el uso adecuado de los recursos productivos, como la tierra, el agua y los bosques, es condición para aumentar su rendimiento. Como ejemplo, el rendimiento del cultivo de la caña de azúcar, que involucra a cerca de 6.000 productores, es actualmente de 35 a 40 toneladas por hectárea, cuando es sabido que pueden obtenerse 100 toneladas por hectárea, inclusive hasta 120 y 130 toneladas, mediante una buena fertilización, según experimentos ya comprobados por la Dirección de Investigación Agraria del MAG.

Se trata de armonizar un plan de manejo que incorpore diferentes técnicas de conservación y recuperación, tanto agronómicas como físicas o mecánicas. Entre las técnicas agronómicas se encuentran: la rotación de cultivos, la agroforestería, el silvopastoreo, cultivos a media sombra y bajo sombra, cubierta vegetal, cortinas cortavientos, cero labranza, barreras vivas, abonos verdes, barbecho cubierto, reciclaje, cultivos asociados, cultivos en contorno, forestación y pastoreo rotativo. Entre las técnicas de control mecánico se encuentran las curvas de nivel, curvas de escurrimiento, zanjas de infiltración y otros.

Para abaratar costos de producción y conservar el rendimiento de los suelos, en lugar de los fertilizantes sintéticos hay que promover la fertilización orgánica producida en la propia finca, con materiales tales como mantillo de monte, aserrín podrido, compost, estiércol vacuno, purín, gallinaza, bagazo y otros.

Asimismo, en lugar de pesticidas sintéticos, usar el manejo biológico o ecológico de plagas, consistente en la producción propia de venenos orgánicos como la ortiga, el locote picante, el tabaco, el paraíso, el persiguero, el candelon’i, el pipí, el ajenjo y otros.

4. El acceso a la tierra

Es necesario que los productores que no tienen tierra o tienen insuficiente accedan a ella; sin embargo, el modelo de reforma agraria estatal en vigencia hasta ahora, basado solo en la entrega de la tierra, ya no es viable, porque no ha logrado que los beneficiarios salgan de la extrema pobreza. En la moderna reforma agraria, el acceso a la tierra es ya sólo un componente de una agricultura basada en la seguridad y soberanía alimentarias, la diversificación productiva y sostenible y el desarrollo de la capacidad competitiva de los productores.

5. El otorgamiento de los títulos de propiedad

Lo que el Indert está haciendo ahora, adjudicando tierra pero dificultando los títulos de propiedad, sólo promueve la venta y reventa de lotes, el desarraigo y el caos jurídico en el derecho de propiedad. Al entregar la tierra debe otorgar el título de propiedad, en forma gratuita o subsidiando gran parte del costo. En este último caso, a quienes hayan abonado el pago íntegro del lote, o a los que abonasen el 25%, o a los que hayan suscrito a favor y satisfacción del Indert suficientes pagarés por el valor total del lote o por el saldo pendiente en caso de amortización parcial. En el acceso a la tierra y en la agricultura sostenible, al igual que en salud o educación, el Estado no mide los resultados en base al criterio costo-utilidad-ganancia, sino en base a inversión-superación de la pobreza-desarrollo.

6. Retener el excedente mediante el mercadeo

Mediante la apropiación del proceso de comercialización, el productor puede retener el excedente que le es sustraído por los agentes intermediarios, realizando todas las operaciones, desde el transporte, el almacenamiento y la transformación hasta la venta de los productos. Para ello, hay que gestionar de antemano los mercados, lograr una producción más organizada y un mayor volumen de la misma para lograr mejores precios.

Para lograr este objetivo es necesario que el pequeño productor tenga una mayor información del mercado, mejorar la organización y articulación, la capacidad de almacenar y transformar los productos y desarrollar la capacidad gerencial para un mercado exigente.

7. Sistemas adecuados de educación

Se debe invertir en incrementar el nivel de formación de la población rural, lo que tendrá como recompensa un aumento en su capacidad de producción, productividad y el mejoramiento de sus ingresos. El perfil educativo de la población rural muestra que el 75% de la población ocupada tiene sólo educación primaria, con graves limitaciones de competencia básica de lectoescritura, lo cual tiene una alta incidencia en la baja calificación del capital humano para lograr su desarrollo.

Los sistemas oficiales de educación de la población rural deben incorporar módulos programáticos relativos a la agricultura y el desarrollo rural, a los sistemas de manejo de los suelos y demás recursos naturales, a los principios de la seguridad alimentaria y a la diversificación productiva.

8. Desarrollo de capacidades

Uno de los componentes más importantes para la reconversión de la agricultura convencional a una agricultura moderna es el desarrollo de las capacidades de los productores. Lo que se debe buscar es el cambio en su cultura y la conducta productiva, así como en el desarrollo de su capacidad competitiva y empresarial.

La participación de los destinatarios en todo programa oficial es condición indispensable, ya que debe ser el propio productor quien debe asumir el rol de agente de su propio proceso de aprendizaje, y no una simple función de ejecutor de actividades decididas y organizadas por otros, o de beneficiario de estos programas.

El desarrollo es, en este aspecto, un proceso a través del cual la gente aprende a hacerse cargo de sus propias vidas y a resolver sus propios problemas. Hacerles creer que es el Estado el que hará algo en lugar de ellos y para ellos es alimentar la relación paternalista, tutelar y clientelista que caracteriza al Estado en sus relaciones con los campesinos, lo que coarta el desarrollo de sus capacidades antes que promoverlas.

9. Desarrollar capacidad competitiva y empresarial

Dentro del desarrollo de capacidades en general, es particularmente importante el desarrollo de capacidades empresariales. La escasa capacidad competitiva y empresarial de los productores les impide un relacionamiento ventajoso con el mercado. Hay que facilitar el surgimiento de nuevos empresarios, dispuestos a intervenir en mercados cada vez más competitivos.

En este contexto, se requiere fomentar la creación de organizaciones funcionales, las cuales deben responder a los desafíos centrales de las comunidades y constituirse para tener mayores opciones en el mercado, disminuir costos, acceder al conocimiento tecnológico y poder agregar las ofertas de un gran número de pequeños productores. Desarrollar la capacidad de información que permita identificar las oportunidades existentes en los mercados de insumos y productos, así como sobre los cambios en la demanda. La producción y venta debe centrarse principalmente en el mercado local, tanto zonal como nacional, para luego de ganar escala y competitividad, orientarse al mercado externo.

10. Utilización más eficiente del tiempo laborable

Los pequeños productores subutilizan su tiempo laborable por la estacionalidad de los cultivos. Tienen una carga laboral menor a 8 horas diarias y no saben cómo invertir su tiempo en los días de inclemencia del tiempo. Una planificación adecuada de la finca, de la producción, de la transformación y de la venta les permitirá una mayor productividad de su capacidad laboral.

11. Acceso a créditos

Según estudios realizados por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el único esquema crediticio al alcance del 93% de los pequeños productores es el brindado por la cadena de acopiadores en condiciones usurarias. De acuerdo a dicho informe, el 51% de los pequeños productores agrícolas recibieron créditos de los comerciantes vecinos; un 10% de parientes y el 9,4% de camioneros, fleteros y compradores de los productos en rama.

El Crédito Agrícola de Habilitación está atado al algodón, sólo llega al 10% de los pequeños productores y está minado de corrupción.

Para que el crédito formal interese al productor, esté a su alcance y dinamice su economía, se deben: ampliar las garantías del crédito, extendiéndolas a las prendarias y a los frutos de cualquier naturaleza correspondientes al año agrícola; hacer un seguimiento de su aplicación correcta y acompañar con una capacitación; financiar la producción agrícola, la compra e instalación de pequeñas agroindustrias, animales, implementos agrícolas, silos, depósitos, gallineros, sistemas de regadío y otros. Los plazos de los pagos deben estar adecuados al tipo de producción que se financia.

12. Impuesto inmobiliario

La reconversión de la pequeña agricultura requiere una importante inversión, por lo que se necesita saber de dónde saldrán los fondos. Una reasignación del presupuesto hacia la inversión en el sector rural será un medio necesario, pero no suficiente. Se puede recurrir a la implementación del impuesto a la tierra, mediante el aumento progresivo de la tasa del impuesto inmobiliario. Según cálculos, sin muchos traumas en la capacidad de pago de los propietarios se podría triplicar la recaudación de este tributo. Si ahora está recaudando 3.080.000 dólares al año, puede recaudar 9 millones. Hay que recordar que el 75% de lo recaudado en este concepto es destinado a las municipalidades, el 15% a las gobernaciones y otro 15% a las municipalidades más pobres. Y los ingresos de las municipalidades en concepto del impuesto inmobiliario representan un promedio del 22% de sus ingresos, pero muy concentrado en las ciudades más grandes.

13. Involucrar a los distintos niveles del Estado

Hasta ahora, el desarrollo rural es una misión que se adjudica principalmente al Gobierno central a través del MAG y los distintos organismos especializados. Sin embargo, los gobiernos locales como las gobernaciones y las municipalidades tienen sus respectivas secretarías de desarrollo rural, solo que por una falta de reasignación de funciones y de recursos económicos están acéfalas.

Las gobernaciones y municipalidades, por estar más cerca de los agricultores, deben tomar un mayor compromiso, coadyuvando al plan de reconversión de la agricultura y su desarrollo. Es a partir de este nuevo modelo de desarrollo que el MAG debe formular una reorientación institucional, programática y de reasignación de los recursos humanos.

14. Reestructurar el MAG

No se trata, como algunos creen (lo dijo Antonio Ibáñez al asumir el Ministerio de Agricultura y cada ministro que asume el cargo), que, para crear una institución adecuada para la pequeña agricultura, los 312 ingenieros agrónomos de los 700 que trabajan en el MAG, y que realizan funciones administrativas, sean reasignados para cumplir “trabajos de campo”, agregándose a los 388 técnicos que tiene la Dirección de Extensión Agraria (Deag) en sus agencias regionales. Ello sólo contribuiría a multiplicar la política de monocultivo del algodón, precisamente la causa de la crisis de la pequeña agricultura. Las agencias regionales de la Deag no hacen otra cosa que apoyar el cultivo del algodón y realizar actividades político partidarias. Se trata de sustituir el actual modelo de agricultura y, con él, el tipo de asistencia técnica brindado por el MAG, por otro rentable y sostenible, en el que este ministerio y los distintos organismos ligados al mismo reorienten su rol, identificando qué necesidades tiene para cumplir esta misión. Recién entonces se podrá planificar cómo se usarán los recursos humanos y económicos existentes y cuáles son necesarios incorporar.

Desde luego, todo en un marco de transparencia administrativa. En vano serán los planes para reconvertir a la agricultura si los recursos humanos y económicos caen en saco roto, se malversan los fondos o los recursos humanos son desviados para compañas políticas. Será esencial una administración honesta y transparente, que el dinero sea invertido donde corresponde y el personal sea eficiente, nombrado en base a criterios de méritos. Funcionarios mediocres, haraganes y politiqueros deben eliminarse.

15. La dignificación de la mujer rural

Una propuesta de desarrollo rural debe reconocer el papel fundamental de la mujer en la agricultura y buscar promover el respeto a sus derechos y la equidad de género, mediante el acceso a la tierra y demás recursos productivos, el reconocimiento de su diversidad y la capacitación tendiente a la eliminación de la discriminación, así como de las desventajas sociales de que es víctima.

REGULARIZAR LA PROPIEDAD AGRARIA

Es necesario el saneamiento de la propiedad agraria. La irregularidad de la misma es crónica en el país, lo que tiene como consecuencia un caos y la ausencia de registros sobre información de tierras tituladas y no tituladas, propiedades viciadas de nulidad absoluta, como las tierras malhabidas, tierras fiscales disponibles o en manos de particulares en forma ilegal.

La titulación otorga seguridad jurídica a los dueños, aumenta el valor de la tierra, pues una tierra titulada vale más que una no titulada, contribuye al arraigo, es un incentivo para una mayor inversión en la producción, puede desalentar la venta y reventa de derecheras, permite un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias, puede permitir la anulación de las tierras fiscales detentadas ilegalmente para destinarlas a la reforma agraria y facilitar el acceso al crédito.

Esta falta de regularización de la propiedad dificulta el control de un adecuado sistema tributario rural, genera inseguridad jurídica para los dueños legítimos, reduce los incentivos para invertir en la finca, favorece el desarraigo y la venta y reventa de derecheras, desalienta la elaboración de planes a mediano y largo plazos, el acceso a los créditos, es un obstáculo para que el Indert destine las tierras fiscales ilegalmente detentadas a la reforma agraria, y dificulta la elaboración de planes de desarrollo rural por falta de información.

Hay que recurrir a procedimientos técnico-administrativos transitorios, destinados a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria. El saneamiento se ejecuta de oficio o a pedido de parte. Para ello, se debe crear una ley estableciendo los organismos responsables y el plazo para ejecutar y concluir, que no debe pasar de tres años.

Alberto Alderete; Profesor de Derecho Agrario y Ambiental en la Facultad de Derecho UNA. Especialista e investigador en Desarrollo Rural Sostenible.