El ex candidato a gobernador por el castiglionismo colorado a la Gobernación del departamento Central, Derlis Osorio –nuevo ministro de Justicia y Trabajo– en una reciente entrevista radial con el colega Luis Bareiro, confesaba que el presidente Nicanor Duarte Frutos le había ofrecido el cargo como un “premio” por su veloz retorno al redil oficialista.
¿Sincericidio? Tal vez en Japón; pero en Paraguay, donde la palabra ha sido prostituida; la verdad, como arma, perdió contundencia, incluso para inmolarse.
Si algún curioso se atreviera a someter las respuestas del señor Osorio a un análisis cualitativo, concluiría que en el submundo seccionalero –y de sus capitostes– el administrador principal de la Cosa Pública no duda en malversarla para premiar actos de felonía.
Historia de saqueadores y felones
¿Sorprendente? En Suecia tal vez, en Paraguay no; porque la historia del Partido Colorado, al menos desde el stronismo, ha sido la historia de los saqueos al erario público y de la felonía, que es reivindicada sin rubor alguno como una herramienta válida para escalar la pirámide partidaria y, principalmente, la del Estado.
El tercer “descubrimiento” sería la concepción seccionalera del cargo público. Solo después estaría en condiciones de entender por qué una designación es para este singular espécimen de la política criolla el más apetecible de los “premios”. Si hurgase un poquito más descubriría también que ese “premio” es una ancha avenida doble sentido; uno de ellos transporta la recaudación para el “padrino” o “padrinos”, con la que acrecentarán sus fortunas o solventarán sus campañas electorales. El otro termina en las ávidas faltriqueras del nuevo ministro, presidente de empresa pública, director o consejero.
“Solo la seccional no vale la pena”
El flamante presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Luis Carlos Gamarra Velázquez, el día que su superior inmediato –otro de los galardonados–, el ministro de Industria y Comercio, Juan Ramón Ibarra, le entregaba el anhelado “premio”, ante la requisitoria de nuestros colegas, definió la filosofía de marras con una seguridad digna de la mejor causa: “... La ambición de cualquier político es ocupar un cargo público; si fuera solamente para estar en la seccional no valdría la pena”.
Una vez aprehendido el paradigma político/administrativo que guía a estos invasores y ocupantes de la verdadera política, estaremos en condiciones de explicarnos y explicar la corrupción que hizo metástasis en los órganos del Estado y, por ende, la quiebra de empresas como la INC, Essap, Copaco e incluso la ANDE.
Entenderemos por qué volvimos a caer al pozo del dengue e incluso por qué caminamos tambaleantes al borde de otro peor, el de la fiebre amarilla. Comprenderemos por qué la llamada ciudad del cemento tiene una anegadiza picada, con endebles puentes de madera, como camino de acceso.
Interpretaremos por qué nos desplazamos sobre la cornisa de los apagones, a pesar de que en Itaipú y Yacyretá somos dueños de casi 50 millones de megavatios hora, una cantidad con la que podrían iluminarse, simultáneamente, seis mercados como el paraguayo.
Percibiremos, asimismo, las razones que nos obligan a aceptar menos de tres dólares por cada 1.000 kilovatios hora (1 MWh) que nos obligar a ceder a Brasil; mientras que en su mercado, en el peor de los casos, esa unidad se vende por más de 60 dólares. En sus mercados libres ese precio es prohibitivo.
Captaremos, finalmente, por qué el primer mandatario del pueblo paraguayo “gratifica” con la dirección general paraguaya de Itaipú, con un salario básico mensual de 10.000 dólares, a personajes sin luces como Ramón Romero Roa, o con el cargo de consejero, con remuneraciones mensuales que rondan los 50 millones de guaraníes, a Omar Ramos, cuya responsabilidad en una malversación de 1.400 millones de guaraníes en Copaco no fue aclarada siquiera.
La república exige a gritos un poderoso golpe de timón ante la amenaza real e inminente del naufragio. Afortunadamente, sus genuinos contribuyentes, sus hijos legítimos, comienzan a creer que el 20 abril es la oportunidad para desalojarlos del territorio de la POLITICA.
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