Terminar con los grandes negociados entre empresarios oportunistas y funcionarios corruptos

Lamentablemente, hay en este país mucha gente que se hizo empresaria de obras públicas no por saber de la materia ni por vocación profesional, sino por la oportunidad que tuvo, alguna vez, de hacer un negociado con el Estado. Esta clase de personas son las que de ordinario ganan licitaciones y obtienen grandes contratos de obras públicas. Dentro de esta línea, otro previsible meganegociado de la construcción está en ciernes en el proyectado hospital "del Trauma", impulsado por el Ministerio de Salud Pública.

Lamentablemente, hay en este país mucha gente que se hizo empresaria de obras públicas no por saber de la materia ni por vocación profesional, sino por la oportunidad que tuvo, alguna vez, de hacer un negociado con el Estado.

Algún correligionario en el poder, algún socio de seccional, de farras o de actividades deportivas, un día le propuso conformar una sociedad para participar en licitaciones del Estado, ligar un contrato o esconderse en un consorcio para obras públicas. Así nacen a la vida “empresarial” muchos de estos personajes, penetrando por la ventana trasera, inaugurándose con gestiones tramposas, licitaciones amañadas y vinculaciones corruptas. Se hacen “exitosos” y multimillonarios en cortísimo tiempo y después, si se les da la oportunidad, hasta dictan cátedras en foros gremiales acerca de las condiciones que hay que crear para obtener el éxito empresarial y promover el desarrollo del país, así como concurren y se codean con los socios de los clubes más distinguidos de Asunción.

Sinvergüenzas pero astutos, raramente aparecen en las crónicas y fotografías de la actividad partidaria, pero a lo largo de los años se mantienen prendidos como garrapatas al grupo gobernante del momento, financiando en secreto sus campañas electorales y realizando donaciones de beneficencia a nombre de sus socios políticos, en los pueblos o zonas de influencia electoral de estos.

Esta clase de personas son las que de ordinario ganan licitaciones y obtienen grandes contratos de obras públicas. A sus empresas les debemos deplorables rutas y caminos, puentes, pavimentos, sus reparaciones y mantenimientos, canalizaciones y alcantarillados, urbanizaciones y edificaciones, el transporte de carga y pasajeros, etc., etc. Y a ellas también las carpetas asfálticas que desaparecen con la lluvia, los baches, el olvido de banquinas, los “empedrados chinos” y otras obras de pavimentación o de edificación existentes solo en papeles. Después, estas mismas empresas vuelven a ganar las licitaciones para reparación o reconstrucción de lo que hicieron mal. Son ellas otra vez las que ganan los contratos para nuevas obras o para ampliar las anteriores.

Siempre tienen un socio oculto en el ministerio “del ramo” de esos negocios, que participa en forma oculta con su propia empresa o con simples comisiones, o a través de parientes y testaferros. Tampoco falta por ahí rondando cualquier otro traficante de influencias, como un parlamentario, un alto jefe militar o administrativo, un “rápido” presidente de seccional y tantos más.

Las rutas que apenas terminadas ya comienzan a destruirse, como la IV (San Ignacio-Pilar); o a las que le hicieron el triple de altura de terraplenes en lugares donde llueve 100 milímetros al año, o se tragaron las banquinas y varios centímetros de anchura, como la Transchaco; o los pavimentos que se cobraron, pero que nunca se hicieron; o las urbanizaciones de viviendas “de interés social” que costaron como si fueran mansiones de lujo; o los empedrados hechos a cuatro o cinco veces mayor valor del que tienen realmente, son algunos de los casos de los que el ciudadano medio tuvo noticias por las denuncias de la prensa, y sobre los cuales con sus ojos puede juzgar sin necesidad de recurrir a fiscalizaciones y contralorías de expertos.

Dentro de esta línea, otro previsible meganegociado de la construcción está en ciernes en el proyectado hospital “del Trauma”, impulsado por el Ministerio de Salud Pública a un costo que inicialmente fue de quince millones de dólares, según estimó dicho ministerio, y que inexplicadamente en la licitación saltó a veinte. A pesar de que ni terreno se tiene para construirlo, eso sí, a todo trapo se realizó y adjudicó la licitación, se emitieron órdenes de pago por más de tres millones de dólares y hasta se obtuvo una evaluación de impacto ambiental “provisoria”, un estudio que, de haber sido correcta y decentemente hecho, tuvo que haber demostrado que el lugar escogido para la megaobra es dañino para la zona urbana afectada y para toda la ciudad, dañino y funesto para su presente y para su futuro.

Un hospital como ese debe ser construido fuera de Asunción, en un lugar al que los pacientes, especialmente los de urgencia, puedan llegar rápida y fácilmente, sin los obstáculos que supone atravesar la capital con decenas de semáforos inconexos y un tránsito caótico que hace colapsar todas las avenidas de Asunción, tal cual lo sufrimos cada día.

Ante estos hechos, se hace evidente que la construcción del megaedificio proyectado no tiene nada que ver con un sentido urbanístico práctico ni con los requerimientos de nuestro sistema de salud, sino más bien con el negociado de hacer una obra faraónica en un terreno regalado. Es fácil inferir que lo que se busca en el Ministerio de Salud no es precisamente resolver problemas sociales, sino poder crear otra gran oportunidad para robar a mansalva, con la misma técnica aplicada a las otras obras públicas mencionadas anteriormente por los enchufados a los gobiernos a lo largo de los últimos 60 años.

Si fuera realmente la salud del pueblo lo que les preocupara a Nicanor y a los muchos ministros de Salud que ya probó últimamente, entre otras acciones hubiera potenciado el Hospital San Jorge, vecino al lugar donde desean edificar su mega-negociado-hospital. Pero a ellos no les interesa fortalecer un hospital ya construido, que podría mejorarse con 2 ó 3 millones de dólares, sino construir uno nuevo, que comenzará costando US$ 20 millones, pero que, como todas las obras públicas, va a terminar “actualizado” quién sabe en qué cifra astronómica. Como ejemplo cercano se tiene enfrente la avenida Madame Lynch, que terminó costando más del doble del precio inicial.

Los empresarios oportunistas e inescrupulosos que engordan sus fortunas colgados de “arreglados” contratos con el Estado, agavillados con los no menos ambiciosos y corruptos funcionarios gubernamentales, tienen que ir advirtiendo que la ciudadanía ya no es estúpida, que tal vez no conocerá las tramoyas legales ocultas y los números detrás de los cuales esconden sus perversas operaciones, pero percibe claramente sus trampas y está dispuesta a defender sus intereses. De igual manera, que la prensa y los periodistas en general están hoy mucho más preparados para investigarles y dejarles en evidencia ante la opinión pública y ante la justicia.

Todo tiene su límite, y la jauja de los grandes negociados en las obras públicas entre seudoempresarios y sus socios funcionarios del Estado debe terminar.