LITIGIO EN TORNO AL PARQUE PASO BRAVO

“No me importa a quién vaya la tierra, quiero que me paguen”

La existencia de casi siete mil hectáreas lindantes con el Parque Nacional Paso Bravo fue descubierta por el Ing. Wilfrido Carduz, quien ahora reclama al Indert el pago del 50 por ciento del valor de la tierra. “Quiero plata y no me interesa a quién vaya finalmente la tierra, pueden ser campesinos, la Seam o Magdaleno Silva; ese no es mi problema”, expresó el Ing. Carduz. Indert tiene la responsabilidad de decidir el destino del parque nacional.

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El Ing. Wilfrido Carduz pretende cobrar el 50 por ciento del valor de la tierra que denunció como fiscal.

El Ing. Wilfrido Carduz tuvo a su cargo la mensura judicial de las tierras expropiadas a la firma Compañía Inmobiliaria Paraguayo - Argentina SA (CIPASA), en virtud de la ley 517/94; con posterioridad trabajo en establecer el perímetro de las propiedades de Abderrada Yambay y Felino Amarilla, que fueron resultado de una subasta pública en un juicio de cobro de honorarios contra la empresa inmobiliaria controlada por la familia Antebi.

El Ing. Carduz, al realizar este trabajo, comprobó el problema de límites que afecta al Parque Nacional Paso Bravo: la Ley 517 establece el arroyo Corralito como uno de los límites de la expropiación, pero el decreto de creación del parque no menciona específicamente este curso de agua como perímetro.

Entre los arroyos Blandengue y Corralito existe una superficie de casi siete mil hectáreas que no pertenecen al parque nacional, pero que tienen como propietario al Estado paraguayo, según dispone la Ley 517/94.

Al finalizar la tarea de mensura judicial, el profesional informó a Abderrada Yambay y Felino Amarilla de la existencia de esas casi siete mil hectáreas, sin que los propietarios reclamen derechos sobre la fracción expresando disposición para cederlo al Parque Nacional Paso Bravo.

El Ing. Carduz, en cambio, sostiene que esta fracción es un excedente fiscal. “El Código Civil me habilita para solicitar al Indert el pago del 50 por ciento del valor de la tierra. Esa tierra no tiene dueño, no tiene título de propiedad ni está ocupada, por lo tanto, es fiscal y en mi carácter de denunciante tengo derecho a solicitar el pago establecido en la ley”.

PAGO POR LA TIERRA

El Ing. Carduz quiere plata, así de simple. “No me interesa quién asuma finalmente la propiedad. Puede ser la Secretaría del Ambiente, los campesinos, Magdaleno Silva; ese no es mi problema. Yo reclamo el 50 por ciento del valor de la tierra, nada más. Es lo único que me importa”.

La denuncia inicial de excedente fiscal fue presentada por el dirigente campesino John Villanueva, en representación de la comisión vecinal Kéra Yvoty.

Es muy probable que el mismo Ing. Carduz haya pasado la información a Villanueva, de otro modo no existe explicación sobre los datos precisos presentados ante el Indert.

En este momento es el mismo Ing. Carduz quien asume la reivindicación. “Compré los derechos de Villanueva y voy a seguir el juicio hasta que termine con el pago por detectar un excedente fiscal”, expresó.

Los fiscales Richard Alarcón y José Luis Casaccia ordenaron la quema del campamento montado por traficantes de rollos, dentro del lote pretendido por Magdaleno Silva.

Carduz mencionó que el diputado Magdaleno Silva no forma parte del expediente de denuncia de excedente fiscal y tampoco es miembro de la comisión vecinal Kéra Yvoty.

“El diputado Silva comenzó la construcción de una pequeña casita para ir a pasar los fines de semana en un lugar que es realmente hermoso”, agregó a modo de defensa del cuestionado parlamentario.

Terminó diciendo que la decisión final se encuentra en manos del Indert. “No tengo idea a quién entregará, yo lo único que pretendo es cobrar mi dinero por denunciar el excedente fiscal”.

AVIVADA CRIOLLA

El Ing. Wilfrido Carduz detectó una fracción de casi siete mil hectáreas, en un trabajo profesional.

Ante la decisión de sus mandantes de ceder la tierra al Parque Nacional Paso Bravo, inicia el reclamo empleando la figura de excedente fiscal.

El lote es pretendido por supuestos campesinos sin tierra instalados en la colonia San Alfredo, centro regional del tráfico de madera.

Carduz compra los derechos al mismo dirigente que sospechosamente adquiere información que solo él poseía.

El país puede perder un área para reserva ecológica por un intento de avivada.

Próxima nota: Disposición del Estatuto Agrario

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Roque González Vera - Telmo Ibáñez