Brasil inventó los gastos sociales para silenciar reclamos en Itaipú

En el 2005, cuando el Gobierno paraguayo mencionó tímidamente la necesidad de negociar mejores precios por la energía de Itaipú que cedemos al Brasil, nuestro socio propuso crear los polémicos fondos sociales que ambos Ejecutivos gastan sin ningún control. Duarte Frutos obtuvo unos US$ 60 millones, y el reclamo paraguayo cesó.

En los primeros años de la Administración Duarte Frutos, el propio mandatario y otros funcionarios de alto rango señalaban públicamente la necesidad de negociar mejores precios por la energía producida por Itaipú que corresponde al Paraguay (el 50 por ciento), pero que es cedida al Brasil a un precio irrisorio. En coincidencia con esos primeros aunque tímidos reclamos, desde Brasil empezó a gestarse una sugestiva propuesta para el Gobierno paraguayo. La oferta llegó oficialmente por la vía diplomática.

En marzo de 2005, el embajador de Brasil en Paraguay, Walter Pecly Moreira, remitió una nota reversal a la entonces canciller paraguaya Leila Rachid, en la que el gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva propuso incluir “como un componente permanente en la actividad de generación de energía de Itaipú” (vale decir, como parte del costo de generación de la energía) “las iniciativas de la entidad en el campo de la responsabilidad social y ambiental”. Esto es lo que se dio a conocer después como los polémicos gastos de interés social de Itaipú.

El único argumento esgrimido por el Gobierno brasileño fue que consideraba “los conceptos de responsabilidad social y ambiental como integrantes del conjunto de valores inherentes y necesarios a la contemporánea actuación de las empresas, independientemente del régimen jurídico al cual estén sometidas”. La última frase era una confesión. El Gobierno brasileño sabía perfectamente que el Tratado de Itaipú no contempla rubro alguno que se pueda ejecutar bajo la carátula de gasto social o de interés social.

La propuesta fue inventar este rubro e incluirlo como costos de generación de la energía, pasando por alto el Tratado y todas las leyes nacionales. Se trataba de inventar el rubro, “independientemente al régimen jurídico al cual estaba sometida la Binacional”.

Esta oferta brasileña fue aceptada por el Ejecutivo paraguayo. En la práctica, Brasil ofreció crear un rubro inexistente en el Tratado de Itaipú que ambos Ejecutivos pudieran emplear discrecionalmente y al margen del presupuesto público y de cualquier control por parte de otras entidades del Estado. Como único justificativo para ejecutar el gasto, se estableció que la erogación pudiera ser clasificada como de interés social o ecológico.

Sobre la base de esas notas reversales, la administración de Víctor Bernal, bajo el gobierno de Duarte Frutos, recibió y gastó de Itaipú unos 20 millones de dólares por año, según reveló en una rueda de prensa reciente el director jurídico de la entidad, Wildo Almirón.

A partir de entonces, todo reclamo por un mejor precio de la energía cedida compulsivamente al Brasil cesó. Duarte Frutos tenía hasta US$ 20 millones para gastar por año, sin control, y encajonó un reclamo que representaría en el peor de los casos hasta mil millones de dólares anuales; pero para cuyo gasto requeriría aprobación parlamentaria.

Para la creación de los gastos sociales, el Ejecutivo solo pasó por alto un detalle: la Constitución Nacional. La Carta Magna establece que las notas reversales deben ser aprobadas por el Congreso para entrar en vigencia. El diputado de Patria Querida, Sebastián Acha, revisó minuciosamente los archivos del Legislativo y descubrió que las notas reversales no solo no fueron aprobadas, ni siquiera fueron remitidas al Congreso.

En consecuencia, las notas reversales que dieron vida legal a los fondos sociales de Itaipú no rigen en territorio paraguayo. Vale decir, el Gobierno gastó US$ 60 millones sin respaldo legal y al margen de todo control.

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Primera nota reversal del 2005, en la que el Gobierno brasileño propone oficialmente a Nicanor Duarte Frutos crear los gastos sociales de Itaipú, “independientemente del régimen jurídico”. Después de esto, ya no hubo reclamos en la Binacional.

luisb@abc.com.py

Luis Bareiro Mersán