Las plantaciones forestales de Uruguay se comenzaron a incrementar rápidamente a partir de la Ley Forestal: Ley 15939, de diciembre de 1987, y con la adopción de una Política de Estado estable y favorable a la promoción del sector.
Mediante la Ley Forestal se declaró de interés nacional la actividad forestal, incentivándose las plantaciones forestales a través de distintos estímulos, y el más importante es el reintegro de parte del costo de las plantaciones, además de exoneraciones impositivas y arancelarias y de líneas de créditos apropiadas.
Habiendo sido el Uruguay un país sin mayor tradición forestal y con escasa cobertura de bosques, y cuya producción rural principal tradicional fue la ganadería que aprovecha las grandes praderas existentes, se convirtió en los últimos años en un importante exportador de maderas y sus subproductos.
El paisaje de la pradera incluye también un bosque natural, presente en las riberas de los ríos y arroyos y en las sierras más elevadas, integrado por múltiples especies, y muy adaptado a las condiciones naturales y a la presión del pastoreo. Su composición florística integra unas 100 especies arbóreas, y otras tantas arbustivas, especies en su mayoría de follaje perenne. Hoy se estima que permanece una superficie del orden de las 650.000 hectáreas bajo este uso del suelo, un 3,5% del territorio total. Históricamente se lo ha utilizado directamente para la provisión de combustible y para la construcción de alambrados, viviendas y locales diversos. Los servicios ambientales del monte incluyen la conservación de las riberas de los ríos y arroyos, la protección de la fauna, suministro de abrigo y sombra para el ganado y el hombre, etc.
A finales de los años sesenta se promulgó la primera ley forestal, que incluía exenciones impositivas para los bosques naturales, y una serie de incentivos para desarrollar las plantaciones. Sin embargo, hasta veinte años después, cuando se promulga la legislación vigente, la forestación no logró atraer la atención del empresariado nacional o internacional. La década de los noventa marcó un cambio significativo, hacia el actual nivel de las plantaciones. Estas plantaciones están dominadas por las siguientes especies: aprox. 70% de Eucalyptus y las especies plantadas son E. globulus (v.globulus) y E. grandis, y aprox. 30% en Pinos, P.elliottii y P. taeda.
En el marco de la ley forestal, con planes de manejo y con fines industriales, se han plantado aproximadamente 900.000 hectáreas de árboles; a estas deben agregarse plantaciones protectoras o de servicios, anteriores a la legislación actual o plantada sin acogerse a los beneficios fiscales, que suman unas 140.000 hectáreas. Esa superficie se agrega a una superficie de 650.000 hectáreas de bosques nativos que presentan diferentes grados de intervención humana, completando un uso del suelo con árboles nativos y exóticos en aprox. el 9% del territorio.
Los sucesivos gobiernos han mantenido la vigencia del marco legal promocional de las plantaciones forestales -Ley 15939, de diciembre de 1987-, perfeccionando y ampliando el conjunto de instrumentos originales de la Ley con sucesivas disposiciones complementarias. Las principales agencias involucradas directamente con el sector forestal son el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -la Dirección Forestal y la Dirección de Recursos Naturales-, el Banco de la República y el Banco de Seguros del Estado. Las dos primeras gestionan la política promocional del Estado, y los dos bancos concentran los créditos y los seguros que realizan las empresas con este destino. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) ha llevado a cabo un programa de investigación forestal con sede en Tacuarembó, centro norte del país, coincidiendo con una de las regiones forestales más importantes.
Se definieron en la Ley “regiones de prioridad forestal”, exclusivamente en base a los tipos de suelos existentes. La distribución en el territorio de las plantaciones ha estado fuertemente influenciada por la definición de “los suelos de prioridad forestal” que realizó la política forestal, y que condiciona la recepción de los beneficios fiscales por parte de los empresarios.
Existe toda una constelación de agentes sociales vinculados al sector, incluyendo grandes empresas transnacionales con superficies plantadas de varias decenas de miles de hectáreas, hasta pequeños plantadores independientes de 20 a 50 hectáreas, pasando por grupos económicos nacionales, organismos paraestatales de previsión social, y fondos forestales de inversión.
Los precios de exportación de Uruguay (FOB) para los rollizos están en el entorno de los 90 dólares por m3 de madera sólida para el eucalyptus globulus (“blanco”), variando según las coyunturas de la celulosa en el mercado mundial. Esta especie es la más atractiva en el marco del mercado actual. Los empresarios tienen expectativas de obtener rentabilidades de más del 15% sobre estas bases de cálculo. En las plantaciones de pinos destinadas a producción de madera aserrada de calidad (“clear”) se estiman turnos de 20 a 25 años, con un manejo intensivo con 3 a 4 podas e igual número de raleos, y se esperan incrementos medios anuales superiores de 20 m3 por ha. Estos rendimientos de las plantaciones en Uruguay son superiores a los obtenidos en el Hemisferio Norte, similares a los de Nueva Zelanda o Sudáfrica, y algo inferiores a los que se obtienen en Brasil o en el Norte de Argentina (Corrientes, Misiones).
La existencia de suficientes materias primas y las reservas que constituyen las nuevas plantaciones están atrayendo ahora a las grandes empresas industrializadoras internacionales que con importantes inversiones están instalando modernas industrias de alta tecnología. Un ejemplo de esa industrialización lo constituye la reciente puesta en marcha de la moderna planta de celulosa de Sudamérica, por parte del importante grupo escandinavo Botnia y que está localizada sobre el río Uruguay, frente a la costa argentina. Consultado por los periodistas acerca de su opinión sobre las protestas que hace la Argentina presionada por grupos ambientalistas preocupados por una eventual contaminación ambiental, el presidente de la empresa Botnia manifestó recientemente en una declaración a la Prensa que: “Argentina y Uruguay no pueden plantar para no industrializar sus forestaciones”. La frase del presidente de Botnia sintetiza su pensamiento. El ejecutivo considera que en la región se puede replicar el modelo de cluster forestal de Finlandia, aunque advierte que para eso deben darse condiciones que hoy parecen lejanas, como estabilidad política y social. Según el ejecutivo europeo: El mayor atractivo para la forestación, tanto en Uruguay como en Argentina, es que el tiempo que lleva en estos países cosechar árboles para uso industrial es de ocho años contra los 80 de Finlandia.
Históricamente, Uruguay tuvo un comercio exterior deficitario de productos forestales y derivados, por su dependencia de las importaciones de papel de diario, maderas aserradas para la construcción y/o finas, muebles, etc. Actualmente, con las ventas de rollizos y el inicio de las exportaciones de celulosa al mercado internacional, el sector realiza un creciente superávit.
Dr. Rafael María Carlstein Quiñones
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