YA NO HABRA PUBLICIDAD ESTATAL PARA INFLUIR EN PERIODISTAS Y MEDIOS DE PRENSA

Gobierno electo anuncia el fin de las tandas de autopromoción de Itaipú

El Gobierno electo anunció que suspenderá toda publicidad estatal innecesaria. La administración saliente gastó más de US$ 20 millones para promocionar supuestas obras y, de paso, influir en alguna prensa.

Las imágenes de la gigantesca hidroeléctrica de Itaipú fueron las más promocionadas por el gobierno saliente, sin un mínimo de crítica al leonino contrato que le dio vida legal.

Federico Franco, vicepresidente electo, aseguró que el nuevo Gobierno suspenderá toda publicidad estatal que no sea estrictamente necesaria, y que empezará por eliminar por completo los avisos de Itaipú y Yacyretá que invadieron las pantallas de televisión y saturaron las frecuencias de radios en los últimos meses previos a las elecciones presidenciales.

Desde que asumió el poder en el 2003, la Administración de Nicanor Duarte Frutos invirtió en publicidad estatal alrededor de 100 mil millones de guaraníes, cerca de 24 millones de dólares al tipo de cambio de la fecha. Ninguna entidad de control auditó esos gastos, pese a que están vigentes dos leyes que reglamentan claramente cuándo y cómo las instituciones públicas pueden pagar publicidad en los medios de comunicación.

La ley 1297/98 prohíbe que las instituciones públicas realicen propaganda pagada en los medios, salvo la publicación de convocatorias a licitaciones, edictos, promoción de campañas de información y educación rural y sanitaria, avisos que tiendan a educar a la población en temas de interés general, sobre prestación de servicios públicos y defensa del consumidor. Prohíbe taxativamente la propaganda de empresas públicas o mixtas que sean monopólicas de hecho o de derecho. Este el caso de las binacionales Itaipú y Yacyretá. Más de la mitad de los gastos de publicidad estatal del Gobierno saliente corresponde a inversiones de las binacionales. En conjunto, habían gastado para fines del 2006 unos 47.400 millones de guaraníes, alrededor de 11 millones de dólares, en los primeros tres años de Duarte Frutos.

Otra imagen típica de Itaipú, las aparatosas inauguraciones presididas por Duarte Frutos.

La mayor parte de estos pagos violó la ley 1.297/98. La promoción que realizan las binacionales de las obras financiadas con los llamados fondos sociales no se encuadra en ninguna de las categorías permitidas por la legislación. Casi el ciento por ciento de los avisos de ambas entidades tiene que ver con ese tipo de promoción.

El dato debería ser suficiente para que intervengan la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado. Las dos binacionales, empero, se escudan en su condición de tales para impedir el acceso de las entidades de control a la información sobre el uso de sus fondos. Nadie en el Paraguay, salvo el mismo presidente de la República y los directores de Itaipú y Yacyretá, puede saber cuánto y cómo gastan los recursos públicos ambas empresas del Estado. Todos estos administradores pueden verse en serias dificultades tras el cambio en el Poder Ejecutivo. La ley 1.297/98 dice claramente que las transgresiones a sus disposiciones deberán ser sancionadas con la reposición, a cargo del responsable, del importe correspondiente al costo de la propaganda efectuada.

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