El titular de la Dirección de Delitos Económicos, Ricardo Preda, define esta semana si el negociado con los “empedrados chinos” será investigado por los fiscales anticorrupción o de las unidades ordinarias.

Este es el tramo Ñumi-Iturbe, uno de las veinte obras a ser investigadas por el Ministerio Público. La precariedad de los trabajos realizados está a la vista.
El fiscal adjunto Carlos Arregui, quien tiene a su cargo la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, explicó que si bien se esperaba el dictamen de Preda en la semana anterior, recién en esta el mismo dará a conocer su postura.
Preda tiene a su cargo el estudio de los antecedentes remitidos por la jueza Alba González respecto a las numerosas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos provenientes de un crédito externo de US$ 30 millones, otorgado por el Eximbank para la construcción de caminos de todo tiempo.
González accedió a dichas evidencias durante el juicio oral y público al director de ABC Aldo Zuccolillo y a los periodistas Enrique Dávalos y Carlos Cáceres por supuesta difamación, calumnia e injuria, impulsado por los ex auditores de la Contraloría Atilio Perazzo y Juan Antonio Cristaldo.

Carlos Arregui, fiscal adjunto
Los ex funcionarios públicos se declararon agraviados por una serie de publicaciones sobre el elevado costo y la pésima calidad de algunas de las obras viales realizadas con el crédito chino. La postura de un grupo de auditores, en el cual se encontraban Perazzo y Cristaldo, de avalar el pago por dichas obras, fue igualmente cuestionada por nuestro diario.
Declaraciones testificales, fotografías, publicaciones de nuestro diario y de la revista de la construcción Mandu’a, además de actas notariales y judiciales labradas durante la constitución del tribunal en los tramos Capiatá-Posta Ybycuá, Pirayú-Paraguarí, Iturbe-Ñumí y Pto. Presidente Franco-Los Cedrales, producidas en juicio, dejaron en evidencia la veracidad de los hechos denunciados por nuestro diario.
En consecuencia, la magistrada absolvió a los hombres de prensa, declaró a los querellantes litigantes de mala fe y remitió al Ministerio Público las pruebas del desvergonzado despojo al Estado, para la realización de la investigación tendiente a determinar y castigar a los responsables de las obras inservibles.
Si bien el paquete abarca 22 tramos, dos ya no podrán ser investigados (Capiatá-Posta-Ybycuá y Areguá- Isla Valle-Yukyry) porque la Fiscalía de Delitos Económicos ya había realizado una investigación con relación al mismo, la cual terminó en el oparei, con la extinción de la causa por el transcurso del plazo máximo de duración del proceso.
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