Independencia energética

Desde la firma del Tratado de Itaipú hace 35 años, pasando por el de Yacyretá con Argentina posteriormente, los gobiernos colorados que se han sucedido desde entonces hasta nuestros días, en vez de empeñarse en defender con inteligencia, patriotismo y firmeza los intereses nacionales, compartidos con nuestros dos socios en las hidroeléctricas binacionales, se dedicaron más bien a socavar nuestra seguridad nacional y trabar nuestro crecimiento económico, porque ninguno de ellos se ha interesado en implementar una política energética nacional.

+ Temas relacionados

En vez de eso, por codicia, ineptitud y falta de patriotismo, han sido presas fáciles de los tradicionales intereses hegemónicos e imperialistas de nuestros dos poderosos vecinos que, para perjudicar al Paraguay, siempre supieron entenderse, por encima de sus propios antagonismos geopolíticos.

Como consecuencia de ello, casi dos generaciones de paraguayos no han visto señales de la prosperidad que estos colosales emprendimientos tenían que traer a nuestro país. Todas las promesas y buenas intenciones en tal sentido han probado ser meras falacias. La intención subyacente en la retórica altruista de nuestros socios ha sido invariablemente el escamoteo de la energía que nos corresponde en dichos emprendimientos conjuntos. En el caso concreto de Itaipú -seguido de cerca en el de Yacyretá- para avanzar su política de robo de nuestra energía, en más de tres décadas de vigencia del Tratado, las autoridades brasileñas procedieron a una sistemática alteración del mismo, con la solapada finalidad de incumplir las cláusulas favorables a nuestros intereses, revirtiéndolas a su favor.

Hasta ahora han logrado imponernos más de una decena de modificaciones vía notas reversales, la peor de las cuales ha sido la que generó la deuda espuria de más de US$ 4.000 millones, graciosamente reconocida a expensas del Tesoro nacional por el presidente Juan Carlos Wasmosy en 1997.

Cabe recordar que en la ocasión fungían, como director general paraguayo de Itaipú el Ing. Luciano Jiménez, y como presidente de la ANDE y miembro del Consejo de Administración del ente el Ing. Fulgencio Rodríguez.

En esa oportunidad, como en las anteriores, el procedimiento fue muy expeditivo: en vez de perder el tiempo en negociaciones que pudieran generar reacción pública negativa de los paraguayos, las autoridades brasileñas optaron simplemente por sobornar a los funcionarios paraguayos responsables, empezando por el presidente de la República de turno. Dígase lo que se diga, tratándose de la entrega de intereses nacionales a otro país -como en los casos de espionaje- no cabe concebir otra motivación que la codicia de los traidores.

Por otra parte, en todos los casos, para salirse con la suya, las autoridades brasileñas se cuidaron muy bien de puntualizar que el Tratado es un instrumento jurídico “perfecto” y que su “integridad” no debe ser tocada, como lo hizo recientemente el director del Departamento de América del Sur de Itamaraty, João Luiz Pereira Pinto, en alusión a la intención del presidente Fernando Lugo de plantear la revisión del Tratado para corregir sus asimetrías e inequidades originales y posteriores, todas violatorias de la letra y el espíritu del Acta de Foz de Yguazú que dio origen al mismo.

Obviamente, el Tratado es “perfecto” para los intereses de Brasil, porque maximiza sus beneficios en la hidroeléctrica. La otra cara de la moneda corresponde a nuestro país: máxima ventaja para ellos significa mínima ventaja para nosotros. Cuando un país avasalla la soberanía de otro, o le roba sus riquezas naturales, en la forma en que lo están haciendo Brasil y Argentina en Itaipú y Yacyretá, los argumentos que ellos puedan esgrimir a favor devienen nulos. Es más, dan derecho a la nación agredida a defenderse con todos los medios a su alcance, como ya lo hicimos en la guerra genocida que ambos nos trajeron. Como en aquella terrible ocasión, los paraguayos tenemos el derecho existencial de resistir la usurpación de que somos víctimas.

Con su abnegación característica, nuestro pueblo ha esperado largo tiempo para la emergencia de un gobierno patriota como el del presidente Lugo para plantear al Brasil nuestros legítimos y justos reclamos en Itaipú. En un sentido realista, sin duda nuestros socios tienen el poder de aferrarse a sus conveniencias, apelando a todos a todos los recursos a su alcance, pero en última instancia ninguno de ellos podrá prevalecer contra la justicia que nuestro país reclama. La agresión contra un Estado soberano puede perpetrarse fácilmente; basta con ser más poderoso. Pero en última instancia la fuerza no puede prevalecer indefinidamente contra la justicia de una causa universalmente reconocida. Tenemos un ejemplo más bien reciente: con la recuperación de su soberanía sobre el canal transoceánico, Panamá probó al mundo que un país pequeño puede hacer valer su justo derecho aun ante la más poderosa nación del mundo. Y si el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos de América optaron por hacer justicia con un país pequeño y pobre como Panamá, ¿por qué no habríamos de esperar finalmente lo mismo del gobierno y pueblo brasileños? Después de todo, el más grande infortunio del Paraguay en toda su historia fue la guerra de exterminio de la Triple Alianza, hasta hoy no reparado, pero que alguna vez lo será.

Por tanto, lo menos que debemos esperar de Brasil y Argentina es que nos paguen por nuestra energía lo que ella cuesta en los mercados del mundo: precio justo. O, de lo contrario, que no nos impidan vender a quienes quieren pagarnos lo que vale.

Gral. (R) Víctor A. Segovia Ríos