La estrategia chicanera de la EBY, que planteó una cuestión de “incompetencia” de un juez local para entender en un amparo constitucional promovido contra el ente por la elevación de las aguas del río Paraná, en forma unilateral y sin dar cumplimiento a condiciones ambientales y sociales previas, es un ejemplo más del entreguismo y la sumisión paraguaya en la entidad binacional.
La actitud de los asesores paraguayos que idearon la estrategia para “ganar tiempo” indigna, pero no sorprende. Al fin y al cabo, a lo largo de la historia de este leonino Tratado en que nos embarcaron desde su misma concepción, la impronta fue el sometimiento de nuestros representantes, por la vía de la prebenda y por ciertas ventajas para los grupos ligados al poder de turno.
Por intereses y necesidades puntuales y coyunturales de una de las partes, la EBY pretende ahora avanzar a marcha forzada y poner fin a décadas de dilaciones y postergaciones, pero sin detenerse a observar las consecuencias inmediatas y mediatas de rodear a la ciudad de un lago que se convertirá literalmente en una gran cloaca si no se tomas las medidas previas.
La cuestión de las dos o tres letrinas en los alrededores del arroyo Mbói Resa es apenas una gota de agua en el océano, comparado con lo que ocurrirá si es elevado el nivel del embalse sin el sistema de alcantarillado, y mientras el vertedero continúe exudando su líquido infernal hacia el suelo y los cursos de agua de sus alrededores como está ocurriendo ahora. La gran pregunta es: si tanta es la premura de la EBY por elevar la cota y disponer de mayor caudal de energía, ¿por qué la dilación en hacer las tareas pendientes?
En su desesperación por elevar el nivel del río, los responsables de la EBY están haciendo tabla rasa de elementales derechos ciudadanos de vivir en un ambiente sano. Incluso violentan principios elementales de soberanía, al punto de pretender implementar –una vez más– a la justicia paraguaya en pos de intereses de parte, como ya aconteció en el 2005, con el antipatriota fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó librado al pueblo encarnaceno a los designios de una entidad cuyos intereses, a la luz de los acontecimientos, no coinciden precisamente con los del pueblo paraguayo.
Juan Augusto Roa (Encarnación)
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