La ciudadanía debe denunciar a los corruptos

El Paraguay tiene fama de corrupto. Aquí hay mucha gente honesta, pero –desde luego– el caso es que a un país se le juzga más bien por el ejercicio de la función pública de los gobernantes, de las autoridades. La ciudadanía tiene alguna responsabilidad en este infortunio en la medida en que ha venido tolerando que los cargos públicos sirvan para enriquecer a sus ocupantes. El 20 de abril, los electores estimaron que la corrupción ya era excesiva y votaron por un ex obispo, confiando en que tal condición podría garantizar una gestión honesta. Fernando Lugo responderá a esa confianza solo si designa a personas intachables para ocupar los más altos cargos de la administración pública. Los paraguayos acabamos de dar un primer paso para restaurar la integridad moral de la Nación.

El Paraguay tiene fama de corrupto. Aquí hay mucha gente honesta, pero –desde luego– el caso es que a un país se le juzga más bien por el ejercicio de la función pública de los gobernantes, de las autoridades. El turista brasileño, por ejemplo, advierte de entrada que la corrupción está muy extendida en nuestro país cuando un policía lo detiene en una ruta internacional y busca pretextos para sacarle una coima. Un capitalista que llega al país comparte la misma impresión cuando, para favorecer un proyecto de inversión, un legislador o militar le pide un millón de dólares, como ocurría en la época de Stroessner, aclarándole que esa suma luego sería distribuida entre otros “padrinos”. El dueño extranjero –o paraguayo– de un inmueble se convence de que la práctica de la extorsión está muy difundida si un diputado le dice que presentará un proyecto de ley de expropiación, salvo que se avenga a un acuerdo pecuniario. Y como ya ocurrió, la opinión pública internacional queda azorada al enterarse de que nada menos que el Presidente de la República del Paraguay posee un automóvil robado en São Paulo. No hace falta, desde luego, ocuparse también de los funcionarios aduaneros, entre otros, para concluir que la mala fama mundial de nuestro país está bien ganada. La ganaron no solo los burócratas, sino también aquellos que ocuparon cargos electivos.

La ciudadanía tiene alguna responsabilidad en este infortunio en la medida en que ha venido tolerando que los cargos públicos sirvan para enriquecer a sus ocupantes. Para muchos, incluso el funcionario honesto es un tonto porque el peculado sería algo natural. La cultura administrativa del país, entendida como el conjunto de opiniones y actitudes de la población con respecto a la burocracia, fue contaminada durante décadas. El pez, de acuerdo al dicho popular, empezó a pudrirse por la cabeza. La dictadura no solo fue corrupta, sino también corruptora. La difusión de las prácticas deshonestas contribuyó a sostenerla al anular políticamente a los que participaban en los negociados. El contrabando era el “precio de la paz”. El dictador, como cualquier capo mafioso, distribuía las zonas de operación entre sus allegados y arbitraba los conflictos que surgían entre ellos. Desde 1989, la corrupción se descentralizó –las gobernaciones, por ejemplo, sirvieron para eso– y se aceleró: dado que los ministros y los funcionarios, lo mismo que quienes ejercieron el Poder Ejecutivo, ya no podían eternizarse en sus cargos como bajo la dictadura, se apresuraron a robar a todo trapo en gran escala antes de retirarse. Se llegó a creer que la democracia colorada era más corrupta que la dictadura colorada.

El 20 de abril, los electores estimaron que la corrupción ya era excesiva y votaron por un ex obispo, confiando en que tal condición podría garantizar una gestión honesta. Fernando Lugo responderá a esa confianza solo si designa a personas intachables para ocupar los más altos cargos de la administración pública. Convendría que no considere solo la idoneidad. Es más: debe priorizar la probidad de quienes serán sus colaboradores, hasta el punto de que para ellos no valga la presunción de inocencia. Como deberían estar libres de toda sospecha, resulta cuestionable la anunciada nominación como canciller de un embajador acusado de conceder visas irregulares y de no rendir cuentas como corresponde. En una sociedad infestada por décadas de corrupción gubernativa, se hace necesario enfrentar el desafío de hallar personas insobornables y asegurarse de que lo sigan siendo, aparte de poner coto a la deshonestidad del actual plantel de funcionarios, la mayoría colorados. De estos últimos, ahora que desaparecerá la opresión de los “caciques” políticos, de los jefes prepotentes, de los presidentes de seccionales que los convertían poco menos en esclavos porque eran los “dueños” de los cargos, estarán en libertad de participar también en el engrandecimiento de la Nación denunciando el latrocinio, el prebendarismo y otros tipos de deshonestidad que abundan en las oficinas públicas.

El futuro gobernante ayudará a restaurar el tejido moral de la Nación, como alguna vez pidió la Conferencia Episcopal Paraguaya, seleccionando con cuidado a los principales agentes administrativos y vigilando de cerca su labor. Los ciudadanos limpiarán la dignidad nacional mancillada por sesenta años de coloradismo en el poder y cultivarán su necesaria autoestima, rechazando cualquier complicidad con la corrupción y denunciándola donde la encuentren.

Los paraguayos acabamos de dar un primer paso para restaurar la integridad moral de la Nación. No desaprovechemos esta oportunidad: controlemos a quienes asumirán en breve la responsabilidad gubernativa y seamos intolerantes con ellos ante la menor desviación del poder en beneficio propio. Hagamos la vida imposible a los deshonestos, estén donde estén, por nuestro propio bien. No dejemos que, aparte de robar nuestro dinero, sigan ensuciando al país con su indecencia.