Revisarán la demanda del IPS

Emilio Camacho, uno de los asesores jurídicos del nuevo gobierno, manifestó que la deuda por US$ 120 millones que reclama judicialmente el IPS al Estado paraguayo será analizada rigurosamente para determinar su legitimidad.

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Vanessa Cubas

Causó suspicacia que la demanda se haya promovido luego de que el Partido Colorado haya perdido las elecciones generales del 20 de abril pasado.

Sin embargo, Camacho aclaró que no se eludirá el compromiso en caso que corresponda su pago. Agregó que lo único que se pretende es precautelar los intereses económicos del Estado ante la latente posibilidad de una regulación multimillonaria de honorarios, por parte de abogados que podría desangrar las arcas públicas.

Desde un inicio se especuló que la demanda del IPS realizada en seis juzgados civiles solo beneficiarían a abogados. Según los cálculos, por el monto solicitado, fácilmente se podría regular unos G. 24 mil millones.

La asesora jurídica del IPS, Vanessa Cubas, negó esta posibilidad del cobro por las demandas. Indicó que la ley de regulación prohíbe a los funcionarios públicos dicha regulación.

Empero, no se descartó que se podría accionar por medio de una inconstitucionalidad para declarar inaplicable esta ley y proceder al cobro multimillonario.

Camacho insistió en que el Estado no puede demandarse a sí mismo para hacerse pagar una obligación, y que de igual manera lo entendió la Contraloría General de la República, que declaró a través de una resolución, la ilegitimidad del reclamo por la vía judicial.

Nicanor Duarte Frutos, antes de dejar la presidencia, ordenó a su ministro de Hacienda interino Miguel Gómez, así como a los asesores jurídicos y presidente del IPS, que gestionen los mecanismos administrativos para que se cancele la deuda de US$ 120 millones que tiene en Estado con la previsional.

Ahora está en manos del nuevo presidente del IPS, Amado Gill, y de los nuevos miembros de su Consejo que serán designados, la decisión de proseguir o desistir de la instancia judicial, como insistentemente solicitó el asesor de la Alianza Patriótica Rubén Ocampo, a los directivos de la previsional.

ACCIÓN CIVIL FUE AUTORIZADA POR CONSEJO

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Emilio Camacho

La decisión de demandar al Estado fue adoptada por el Consejo de Administración del IPS, el 3 de abril pasado, entonces bajo la presidencia del Ing. Pedro Ferreira.

El Consejo autorizó iniciar el reclamo por la vía judicial, con el fin de solicitar el aporte del Estado por los fondos de imprevistos, del 1,5% calculado sobre el monto de los salarios sobre los cuales imponen los trabajadores.

Dicho aporte al que estaba obligado el Estado desde 1944, ascendía al 31 de diciembre de 2005 a G. 445.972.858.077, según un informe elaborado por la misma Contraloría.

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Igualmente, el IPS le demandó al Ministerio de Educación y Cultura para reclamarle la cuota mensual del 2,5% de las remuneraciones sobre las cuales aportan los docentes. Ferreira argumentó que un informe de la Contraloría dictaminó que no se tomaron medidas para solicitar el aporte al Estado. Esta resolución fue la que finalmente dio origen a las seis demandas civiles. La Contraloría dictaminó que cualquier daño patrimonial causado por los directivos de la previsional, los haría civilmente responsables, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran emprender, por las acciones u omisiones en las que podrían incurrir, justificó Ferreira entonces.