Hasta la fecha carecemos de una propuesta válida para la integración de los campesinos sin tierra y sin trabajo a empresas productivas y al proceso de desarrollo económico y social, tema histórico y actual de la problemática rural. Un alto porcentaje de los pequeños agricultores son indocumentados y, consecuentemente, no pueden acceder al título de propiedad de la finca donde están asentados.
El Indert debería ocuparse prioritariamente de organizar la documentación de todos los pequeños propietarios rurales para que se les otorgue su cédula de identidad y reciban los títulos de propiedad de las tierras donde están asentados legalmente en los últimos años.
La recuperación de lotes otorgados en forma irregular e ilegal ayudaría a repartir más tierras. Pero estas acciones solo permitirán iniciar la regularización del sector, sin alcanzar la solución del problema estructural.
Modelo Mingapar
Para solucionar en forma duradera y definitiva el problema existente deberá diseñarse una política de Estado que cambie la estructura vigente mediante la concertación con los actores involucrados: empresarios, agricultores que quieran trabajar y Estado, para encarar la creación de asentamientos-empresas productivas y rentables. Los empresarios propietarios deberían proveer las tierras y el capital operativo; los agricultores sin tierra deberían estar dispuestos a trabajar organizadamente. El Estado deberá apoyar la creación de asentamientos urbano-rurales planificados con toda la infraestructura necesaria. La coordinación la haría una nueva organización a crear, por ejemplo: Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inader) que estaría administrado por los actores del programa apoyado por una fundación (Ejemplo: Fundación Chile), y asesorado por los más destacados estrategas del país.
Los nuevos asentamientos deberán organizarse como unidades de producción de carácter permanente donde sus tierras no puedan volver a venderse en forma de lotes. Así se crearán puestos de trabajo en el sector rural y paralelamente en las agroindustrias procesadoras de las materias primas del agro mediante la formación de las cadenas productivas. Para que los puestos de trabajo en el sector rural sean duraderos deberá asegurarse la rentabilidad de la producción que generarán, y esta rentabilidad solo se alcanzará con ciertas escalas de producción. Las escalas de producción se alcanzarán con la formación de cooperativas, con el aprovechamiento integral de las tierras mediante proyectos de producción planificados profesionalmente, con la propiedad de las tierras en forma de condominio indiviso y la optimización de producción agrícola, ganadera y conservación de bosques, así como con nuevas plantaciones forestales e industrialización.
Tenencia asociativa
El asentamiento permanente se logrará con la tenencia asociativa de las tierras y el arraigo de los habitantes del sector rural se logrará con la instalación de asentamientos urbano-rurales diseñados para cumplir con todos los requerimientos modernos que aseguren la calidad de vida para que sea atractivo y razonable vivir permanentemente allí. La industrialización de los productos del agro permitirá crear las fuentes de trabajo adicionales necesarias.
El Estado proveerá el marco legal e institucional para organizar la creación de asentamientos urbano-rurales con una superficie mínima de 1.000 has, y con la participación respectiva de cien o más familias, instaladas en un centro urbano planificado con toda la infraestructura necesaria. Las tierras necesarias para la ejecución del programa asociativo serían aportadas por los actuales propietarios de tierras a un fondo fiduciario en carácter de inversión participativa, como inversión obligatoria, mediante legislación apropiada concertada con el Ejecutivo y los Actores sociales involucrados. Si todos los propietarios, con más de 200 Ha. de superficie realizaren un aporte del 5% (cinco por ciento) de sus tierras, o su contrapartida en dinero para compra de tierras, se generaría la disponibilidad de una posible superficie de tierras de aprox.: 400.000 Ha. (cuatrocientas mil hectáreas); los propietarios de grandes superficies podrían aportar un porcentaje mayor de tierras. Estas tierras servirán para la creación de los nuevos asentamientos con planificación de producción: agrícola, ganadera y forestal, a diseñar según localización y aptitudes de las tierras, por ejemplo: 400 Asentamientos de 1.000 Ha.; ó 200 asentamientos de 2.000 Ha., etc. Los propietarios originales de las tierras que participarían en el programa recibirían acciones equivalentes a un determinado porcentaje de participación societaria en los asentamientos. Esas acciones generarán determinados dividendos vinculados con el valor de la producción. Los socios empresariales contribuirán también a ayudar a lograr una mejor comercialización de los productos de la empresa de la que son accionistas. Para aprovechar al máximo las posibilidades de optimizar la rentabilidad, en los nuevos asentamientos se trabajaría con especial priorización de la producción forestal. Vale decir con la implementación de sistemas agroforestales y agro-silvo-pastoriles, así como el manejo y enriquecimiento de las áreas con cobertura de bosque nativo y también con forestación y reforestación con especies de árboles valiosos nativos y/o exóticos de rápido crecimiento. Además con el aprovechamiento y la plantación de cocoteros para producir aceite destinado a la elaboración de biodiésel.
Producción orgánica
Para la agricultura y la ganadería deberá preverse la producción de productos orgánicos con los mayores valores de venta. Para financiar el inicio del Proyecto se pueden utilizar recursos de los fondos estructurales del Mercosur y otros recursos especiales a aportar por el Gobierno a la “Fundación Mingapar”. Se puede demostrar que los posibles ingresos generados solamente por la producción primaria de estos asentamientos en un periodo de quince años podrían alcanzar un importante saldo neto de utilidades, por valor estimado de US$ 2.885,01 millones computando solamente los ingresos de producción primaria: agrícola, ganadera y forestal (Ver tabla adjunta).
Sin considerar aún los ingresos adicionales por la industrialización de las materias primas. Y sin considerar tampoco los beneficios ambientales de la plantación de bosques y la posibilidad de negociar cupos de secuestro de carbono (protocolo de Kyoto). La magnitud de esos ingresos permitiría que los agricultores beneficiados con el Programa puedan utilizar su participación societaria en las ganancias para pagar la compra de sus “acciones” correspondiente a su porcentaje de participación en los respectivos asentamientos. El precio por esas “acciones” será pagado a la institución rectora del programa, en un plazo a determinar, con cuotas anuales distribuidas durante un plazo de diez, quince o más años.
El programa administrado por la representación del Estado y los asociados recuperaría a corto plazo sus inversiones y podría generar un fondo rotativo cuyos saldos disponibles podrían posibilitar reinversiones en los asentamientos, por ejemplo en infraestructura o en incrementar la industrialización de la producción.
Los propietarios colindantes con estos asentamientos se beneficiarán con la infraestructura que se construirá y la vecindad de nuevos centros urbanos, además contarán con trabajadores y operarios de confianza.
Los nuevos asentamientos podrán luego de su puesta en marcha absorber en forma progresiva los asentamientos ya existentes en su vecindad. La ejecución de este proyecto contribuirá también a la activación general de la economía y a la modernización del país. ¡Un buen negocio para todos!
(*) Economista - vicepresidente Mesa Forestal Nacional. Columnista invitado.
Rafael María Carlstein Quiñónez (*)
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