Denuncian actuación del crimen organizado en el Congreso brasileño

El Primer Comando de la Capital (PCC) , uno de los grupos del crimen organizado, defiende sus intereses en el Congreso brasileño por intermedio de una organización no gubernamental, informó este viernes la prensa local.

“El grupo de presión patrocinado por el crimen organizado tenía en su manos 2,4 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares) para pagar viajes, viáticos, testimonios y contactos con parlamentarios” , informó el diario O Estado de Sao Paulo.

El departamento jurídico del PCC, según el diario, emplea unos 20 abogados que prestan servicios en los estados de Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Pernambuco.

Ese grupo de abogados “trabaja para infiltrar al PCC em sectores organizados de la sociedad” y “busca infiltrarse en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo” , según el Ministério Público del Estado de Sao Paulo.

Un informe del Ministerio Público estableció en julio que los miembros del PCC procuran “aproximar integrantes de la organización de parlamentarios con el nítido propósito de interferir en la elaboración de la ley y de políticas públicas para aliviar las penas a miembros de la organización” .

Al usar integrantes de una organización no gubernamental y abogados, el PCC trató de ser más eficaz en la defensa de sus intereses.

Uno de los objetivos del PCC sería cambiar el rígido sistema de disciplina impuesto en la Penitenciaría Presidente Venceslau, donde están los principales dirigentes del grupo, entre ellos su líder, Marcos Willians Herbas Camacho, alias “Marcola” .

Un informe difundido en marzo indicó 80% de los ingresos del PCC provienen del narcotráfico, en un esquema en el cual oficia como vendedor mayorista obligando a los traficantes menores a comprar y distribuir sus drogas a cambio de protección.

La mayoría de la cocaína es traída de Bolivia y la marihuana de Paraguay para su posterior distribución en Sao Paulo y luego el resto del país.

Algunos traficantes de importantes favelas y que reportan buena parte de los ingresos controlan el negocio desde penitenciarías. (AFP)