JUAN ERNESTO VILLAMAYOR Y ROBERTO ANTEBI PRETENDEN 100 MILLONES DE DOLARES

Demanda contra el Estado por cobro de intereses es delirante y un abuso

El Estado paraguayo pagó 3 cuotas de las 10 fijadas por indemnización de expropiación de Cipasa. Juan Ernesto Villamayor, por mandato de Roberto Antebi, inició un juicio con la pretensión de cobrar 100 millones de dólares en concepto de intereses. Antebi ya se aseguró 54 millones de dólares y ahora quiere otros 100 millones.

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Las tierras de Cipasa se expropiaron en 1995, pero solo en el año 2006 se hizo la trasferencia en favor del Estado paraguayo, que no adeuda ni una cuota a Roberto Antebi.

Haciendo uso del derecho de réplica, el doctor Juan Ernesto Villamayor remitió una extensa carta a la dirección del diario. El documento fue publicado ayer.

Un escrito largo en extremo; pero el doctor Villamayor no logró desmentir que el juicio de cobro de intereses al Estado paraguayo puede ser un intento de estafa. Apeló al recurso de decir mucho para no decir nada, con el agravante de que, siendo representante de la firma Compañía Inmobiliaria Paraguayo Argentina SA, ignora hasta la superficie que fue expropiada a la empresa: la desafectación fue de 226.400 hectáreas, no 267.836 como sostiene en su carta.

El 16 de mayo de 2007, por mandato de Roberto Antebi, presidente de Cipasa, Juan Ernesto Villamayor inició un juicio de cobro de intereses. El reclamo es verdaderamente delirante: reclaman el pago de 4.000 millones de guaraníes (100 millones de dólares) en concepto de intereses generados (supuestamente) por indemnización de la expropiación de tierras de Cipasa, en el departamento de Concepción.

La sentencia definitiva número 368, del 2 de junio de 2000, del juzgado de primera instancia, que se encuentra firme y ejecutoriada, estableció el precio de las tierras expropiadas, su forma de pago y las condiciones legales para su implementación.

Las condiciones de la sentencia 368 son las siguientes: el pago se efectuará en 10 cuotas iguales, anuales consecutivas y sin intereses. El monto de la indemnización fue fijado en 216.000 millones de guaraníes (54 millones de dólares), de los cuales Roberto Antebi ya cobró tres cuotas.

El juzgado de primera instancia ordenó además cuanto sigue: para cobrar, Cipasa primero tenía que transferir al Estado la propiedad y 10 días después exigir el pago de sus cuotas.

TRANSFERENCIA AL ESTADO

La transferencia por escritura pública se realizó el 2 de marzo de 2006. Pasaron seis años para que Cipasa cumpla su obligación de trasferir las tierras al Estado paraguayo; esto sucedió porque los directivos de la empresa no contaban con la documentación en regla para llevar a cabo la transferencia.

Todavía más, la escritura realizada en la escribanía de Adela Melgarejo de Bellenzier tiene serios defectos de forma que pueden ser objeto de cuestionamiento y anulación: no se transcribió el mandato especial del directorio de Cipasa para llevar a cabo el acto de transferencia; en ese momento no tenía existencia legal el directorio de la firma; y la inclusión de una cláusula por la que el Indert asume el compromiso de suscribir nueve pagarés por el saldo deudor a la orden de Cipasa.

Ni la ley de expropiación ni la sentencia 368 imponen esta cláusula que llamativamente sí figura en la escritura pública, que dice: “El saldo quedará instrumentado en nueve pagarés por los montos correspondientes a cada cuota. Se estipula un interés anual sobre saldo deudor, que será reajustado de conformidad al índice inflacionario que determina anualmente el Banco Central del Paraguay” (negritas son nuestras).

El ingeniero Erico Ibáñez, ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), señaló que no se firmaron los pagarés ante una intervención del Ministerio de Hacienda negando tal posibilidad; sin embargo, Ibáñez asumió en la escritura pública la obligación de emitir nueve pagarés. En ese momento el asesor jurídico de la presidencia del Indert era el abogado Eduardo Bernal.

En el supuesto (que no existe) de que Cipasa tenga derecho a cobrar intereses, el lapso se inicia a partir de la transferencia de sus tierras al Estado, tal como dispone la sentencia 368.

Cipasa cumplió esta obligación el 2 de marzo de 2006; un par de semanas después cobró la primera cuota de la indemnización. El Estado no se retrasó en el cumplimiento de sus obligaciones por el pago de indemnización; este es el momento en que Roberto Antebi ya 3 tiene cuotas en su bolsillo. La pretensión de cobrar 100 millones de dólares en concepto de intereses es un completo disparate y puede ser calificada de intento de estafa al Estado.

Roberto Antebi está cobrando 54 millones de dólares; ahora quiere otros 100 millones. Habría que ver quiénes se estarían beneficiando con él.

Próxima nota: Manipulación de la ley de expropiación

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Roque González Vera