El Gobierno español sigue buscando una inmigración “ordenada” y la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen, dijo ayer la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien contradijo así a un ministro.

La vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega. (Archivo)
MADRID (ANSA). La posición de María Teresa Fernández de la Vega se conoció tras el anuncio del titular de Trabajo, Celestino Corbacho, de querer suprimir el reclutamiento de inmigrantes en sus países de origen para hacer frente a la crisis ocupacional, lo que suscitó en España una ola de protestas de sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de extranjeros y partidos políticos, entre ellos, el Partido Popular (PP) de oposición.
Ayer, la vicepresidenta rectificó esa posición dejando una puerta abierta a los contratos en origen y afirmando que el Ejecutivo “no cambió su política en materia de inmigración”.
“Los contratos en el exterior, dijo, se harán de acuerdo a las necesidades del mercado de trabajo”.
Al vincular la decisión con la crisis económica, Corbacho aseguró que la contratación de inmigrantes en el exterior “se aproximará a cero” en 2009, pues los puestos de trabajo disponibles podrán ser cubiertos por los desocupados residentes en España.
El objetivo del ministro es reducir los contratos estables destinados al contingente anual de trabajadores extranjeros, manteniendo en cambio contrataciones temporales, y disminuir el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. En relación con estos rubros, en 2007 ingresaron en España legalmente 234.457 trabajadores extranjeros.
“La prioridad es tomar medidas ante los ciudadanos españoles que tienen necesidad de trabajar”, confirmó el portavoz del PSOE, Antonio Alonso. “Si hay un puesto de trabajo que, en función de la calificación requerida, puede ser cubierto por un desocupado español, esta situación debería ser prioritaria”, agregó.
Fuentes del Ministerio de Trabajo subrayaron que en la lista de los trabajos de difícil cobertura figuran ocupaciones como taxista, camareros o carpinteros.
La iniciativa suscitó críticas de gran parte de los partidos del arco político, comenzando por el PP, que acusó a Corbacho de “cerrar el camino a la inmigración legal, dejando abierta la puerta solo a la inmigración clandestina”, como dijo el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons.
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