La Corte Suprema es lacaya de los políticos

En razón del sistema de designación de ministros de la Corte Suprema que estableció la Constitución de 1992, en el que el Senado es quien debe efectuar tales nombramientos, el cuoteo político se convirtió en un mecanismo inevitable. El Poder Judicial quedó supeditado a la política, como de hecho ha venido ocurriendo cada día con mayor intensidad. La solución lógica sería la de reformar la Constitución, pero en el presente no se dan todavía las condiciones indispensables para poder reunir una Constituyente que ofrezca garantía de recto juicio y proceder. En consecuencia, solo queda la esperanza de que tanto el Congreso como los partidos políticos busquen mejorarse a sí mismos y asuman un decidido afán de servir honesta e inteligentemente a la Nación.

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En razón del sistema de designación de ministros de la Corte Suprema que estableció la Constitución de 1992, en el que el Senado es quien debe efectuar tales nombramientos, el cuoteo político se convirtió en un mecanismo inevitable. Para peor, el Consejo de la Magistratura, encargado de formar las ternas de candidatos para todos los cargos judiciales, también prontamente politizó su acción. Falló además la Constitución al no disponer claramente que los ministros de la Corte Suprema no serían nombrados por períodos de cinco años, sino para durar en sus cargos hasta cumplir 75 años de edad, lo que llevó a que muchos entiendan que duran solamente cinco años, una solución que en nada contribuye a la independencia y, por ende, a la imparcialidad de los ministros de la Corte.

Bajo tales condiciones, el Poder Judicial quedó supeditado a la política, como de hecho ha venido ocurriendo cada día con mayor intensidad.

Urge salir de este estado de cosas porque sin un Poder Judicial que de veras merezca su nombre, el recíproco control entre los Poderes Públicos es prácticamente imposible. Todo depende de la política, y así el estado de derecho no puede llegar a consolidarse en nuestro país.

La solución lógica sería la de reformar la Constitución, pero en el presente no se dan todavía las condiciones indispensables para poder reunir una Convención Constituyente que ofrezca garantía de recto juicio y proceder.

El remedio, se teme, puede ser peor que la enfermedad.

En consecuencia, solo queda la esperanza de que tanto el Congreso como los partidos políticos busquen mejorarse a sí mismos y asuman un decidido afán de servir honesta e inteligentemente a la Nación.

Para comenzar, la remoción de varios de los actuales integrantes de la Corte Suprema es indispensable, y hay más que suficientes razones para que se proceda a hacerlo. La mayor necesidad de la Nación es hoy la de establecer el estado de derecho. Tras esto podrá sobrevenir el desarrollo del país, hoy muy difícil de lograr.

La crisis moral en que ha caído la Nación es muy severa. No hay institución estatal alguna en la que la corrupción no haya viciado y aun dominado su funcionamiento. El gigantismo estatal, contra el cual no se anuncia reacción importante, contribuyó grandemente a agravar aún más la situación del país, difundiendo además cuantiosamente el afán de las personas de lograr un cargo público no tanto para tener “mando" como para solucionar rápidamente sus problemas económicos propios.

La educación también ha de ser mejorada grandemente, pero lo primordial sigue siendo la justicia. Leyes nos sobran, pero falta el derecho, pues para este se necesitan Jueces –así, con mayúsculas– talentosos, trabajadores y honestos. Puede suponerse que todavía hay profesionales del derecho que reúnan estas cualidades y posean vocación para la judicatura.

El cuoteo político en la designación de magistrados judiciales no es bueno, pero tampoco es inevitablemente malo. Si las distintas bancadas mayoritarias del Senado insisten en conservarlo, que lo hagan, pero que de todos modos elijan bien; que no se vuelvan a repetir situaciones como la que guió la primera designación de ministros de la Corte Suprema por el Senado, en la que fueron rechazados por sus propios correligionarios políticos por lo menos dos de los mejores candidatos a tal cargo; algo que luego ya se volvió hábito común en el Senado. Para efectuar los nombramientos, en suma, el Senado debe actuar con seriedad, sin caer nuevamente en la aberración de nombrar ministros que sabe que serán complacientes para con su propio poder, el de los partidos o el del Presidente de turno.

Si el Senado no elige bien a los ministros de la Corte Suprema y a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ejecutivo no ha de prestarles su acuerdo, conforme se lo autoriza la Constitución.

Lo primero que debe procurarse es siempre lo mismo: el buen funcionamiento de las instituciones políticas de la Nación. Si esto se logra, no hace falta buscar soluciones y ni siquiera ayudas en instituciones internacionales como la OEA o cualquier otra. Es la Nación misma la que tiene que saber gobernarse bien.