RESALTAN PRACTICAS QUE UTILIZAN LOS GOBIERNOS PARA “DOMESTICAR A LOS MEDIOS”

Un informe denuncia la “censura indirecta” oficial en Latinoamérica

SAN JOSE. (AFP). Arbitrariedad a la hora de conceder publicidad estatal, pago a periodistas, abuso de poder o inspecciones son algunas de las prácticas que los gobiernos ejercen para domesticar a los medios de comunicación en América Latina, según un informe divulgado ayer miércoles en Costa Rica.

“El precio del silencio”, realizado por la Asociación por los Derechos Civiles y la Open Society-Justice Initiative, analiza lo que denomina “el abuso de la publicidad y otras formas de censura indirecta” en países latinoamericanos como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.

Los principales mecanismos de manipulación se dan a través de la publicidad oficial, según el informe realizado entre enero y octubre de este año y financiado por el Open Society Institute, del financiero y filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros, y el Banco Mundial en el caso de Honduras.

Los gobiernos nacionales, provinciales y locales usan la zanahoria de la publicidad para condicionar contenidos, pagar directamente a periodistas o acallar a los medios independientes y opositores.

Según Eduardo Ulibarri, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), todos los países estudiados sufren en mayor o menor medida este tipo de prácticas, pero en Honduras y Colombia la censura “indirecta” o “sutil” es generalizada.

En Honduras, el manejo de la publicidad oficial está, prácticamente, en manos del secretario privado del presidente y se utiliza “sistemáticamente para comprar coberturas periodísticas favorables o silenciar las voces críticas”.

“Los pagos directos del Gobierno a los periodistas por dudosos servicios de comunicación son una práctica institucionalizada”, asegura el informe, que también pone en evidencia que los “abusos están muy extendidos a nivel provincial”.

Algo parecido ocurre en Colombia, donde existe una “distribución irregular” de la publicidad oficial y es habitual el “pago a periodistas y otros productores de contenidos en concepto de publicidad, con el objetivo de debilitar su independencia”.

Si en algunos países, como Argentina o Perú, la situación ha mejorado a nivel nacional, a nivel local los abusos en la distribución del pastel publicitario oficial está “plagada de manejos abusivos”.

El único país del estudio que mejora en la utilización de este tipo de prácticas es Uruguay, donde la investigación muestra que actualmente la “asignación abusiva no constituye un patrón de comportamiento del Gobierno”.

En Costa Rica, la publicidad oficial es en general contratada por instituciones autónomas, aunque el gobierno central “no resulta inmune a abusos graves” en la materia, señala el informe.

SECRETO DE LAS FUENTES DE LOS PERIODISTAS

SAN JOSE. (AFP). Un alto tribunal de Costa Rica se pronunció a favor del derecho de los periodistas a conservar el secreto de sus fuentes, el cual consideró parte “fundamental” del derecho a la información, en una sentencia dada a conocer ayer por la oficina de prensa del Poder Judicial.

“Los periodistas tienen la titularidad y el ejercicio del derecho fundamental a guardar el secreto de las fuentes de información, el cual dimana del derecho general a la información”, declaró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia fue dictada en relación con un recurso de amparo interpuesto por el ex presidente de Costa Rica Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), quien pretendía que el diario La Nación revelara las fuentes de varios artículos en que se le involucra en hechos de corrupción.

El secreto de las fuentes tiene “el propósito de garantizar la reserva de la identidad de éstas para así propiciar la formación de una opinión pública libre y el pluralismo democrático”, expresa la sentencia.