El presidente Lugo debe solucionar urgente los problemas del campo

En la reciente reunión mantenida con el presidente Lugo y algunos de sus ministros, los dirigentes campesinos le exigieron el cumplimiento de su promesa electoral de llevar a cabo una verdadera reforma agraria. Lo que de esta reunión quedó claro para la ciudadanía es la gravedad del conflicto generado por las organizaciones campesinas con su pretensión de apoderarse, como sea, de las tierras “sojeras” y ganaderas existentes en San Pedro y otros departamentos. Lo que hace más preocupante esta situación de virtual insurgencia campesina es que, al decir de sus dirigentes, ella está políticamente legitimada por la promesa electoral del presidente Lugo.

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En la reunión mantenida el pasado 7 de octubre con el presidente Fernando Lugo y algunos de sus ministros, los dirigentes campesinos le exigieron el cumplimiento de su promesa electoral de llevar a cabo una verdadera reforma agraria. Elvio Benítez, del Frente Patriótico Popular, fue uno de los más directos con su crítica a la inacción gubernamental para la implementación de la citada medida: “El Presidente, antes en campaña, denunciaba todas estas cosas y desde que asumió la presidencia no se anima a hablar”, acusó poco antes de iniciarse la reunión. “No estamos satisfechos, pero es un primer paso”, expresó al término del encuentro. “Si no nos dan una salida concreta, no descartamos ocupaciones masivas. Ahora no lo estamos haciendo, pero si tomamos una decisión podemos invadir mil propiedades en cuestión de horas”, advirtió Odilón Espínola, de la Federación Nacional Campesina.

Más allá de lo anecdótico, lo que de esta reunión quedó claro para la ciudadanía es la gravedad del conflicto generado por las organizaciones campesinas con su pretensión de apoderarse como sea –legalmente o por la fuerza– de las tierras “sojeras” y ganaderas existentes en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y otros de la Región Oriental del país. Lo que hace más preocupante esta situación de virtual insurgencia campesina es que, al decir de sus dirigentes, ella está políticamente legitimada por la promesa electoral del presidente Fernando Lugo. De hecho, en la reunión de referencia, los reclamos de los líderes campesinos estuvieron centrados en la aparente renuencia del Primer Mandatario de cumplir con su compromiso electoral en tal sentido. Vale decir, una reforma agraria centrada en la expropiación de tierras mal habidas, así como de las pertenecientes a terratenientes “brasiguayos” y extranjeros, sin excluir a paraguayos de pura cepa que, a criterio de los “sintierras”, deban ser también despojados de sus propiedades en caso de requerirse.

La situación de violencia que ha alcanzado el conflicto campesino en el departamento de San Pedro y en otros hasta ahora configura inequívocamente un caso de insurgencia de baja intensidad, pero que, de no ponérsele freno, puede desembocar en una conflagración rural descontrolada, con alto riesgo de asesinatos masivos. Por definición, una insurgencia es una lucha político-paramilitar organizada y duradera, diseñada para debilitar el control y la legitimidad del Gobierno, usurpando las atribuciones de las autoridades políticas de la región, al tiempo de incrementar el control insurgente en las “zonas liberadas”, hasta lograr su objetivo final: la toma del poder nacional. No es, pues, exagerado alertar a la ciudadanía acerca de la grave situación generada por las organizaciones campesinas para avanzar proyectos políticos bajo la fachada de reclamos sociales aparentemente justos.

Aunque en principio el conflicto en San Pedro y otros departamentos es esencialmente agrario, no se limita a eso. Contiene también un importante elemento de insurgencia nacionalista. Una pieza esencial del rompecabezas es que muchos agricultores (en particular los organizados) se sienten atraídos por lo que ellos ven como una guerra de resistencia contra los “sojeros”, que mediante su poder económico supuestamente se han adueñado de las tierras que debieran ser de los agricultores paraguayos pobres. Esta guerra alcanza también a las autoridades nacionales “traidoras” que cooperan con los usurpadores extranjeros.

Como propulsor de los reclamos campesinos desde sus tiempos de obispo de San Pedro, el presidente Lugo tiene innegable simpatía por las organizaciones agrarias y sus reivindicaciones sociales. Es probable también que la tenga por el nacionalismo criollo que alimenta la xenofobia contra los productores rurales extranjeros, aun cuando no pueda manifestarlo públicamente. Como gobernante, no puede dejar de preocuparle la inquietud del Gobierno del Brasil acerca de la suerte que puedan correr los más de 200.000 “brasiguayos” en cuanto a la tenencia de sus tierras. Sin duda, ha de estar al tanto de que el embajador brasileño aquí acostumbra tranquilizar a sus compatriotas en apuros asegurándoles que si el Gobierno paraguayo les expropia sus tierras y no les compensa en forma adecuada, su Gobierno lo va a hacer con el dinero de los royalties de Itaipú que le corresponde al Paraguay.

La insurgencia de baja intensidad generada por las organizaciones campesinas desde sus santuarios en San Pedro y otros departamentos, y que se va extendiendo como reguero de pólvora por toda la Región Oriental, es un grave problema de interés nacional que merece la debida atención del Gobierno en forma inmediata y frontal. Su solución debe venir de la mano del Estado, a través del Presidente de la República, y con la participación de varios sectores de la sociedad paraguaya: campesinos sin tierra, “sojeros”, “brasiguayos”, ganaderos, líderes políticos y sociales, las iglesias. El despliegue de efectivos militares en las zonas conflictivas anunciado por el Primer Mandatario no va a ayudar absolutamente en nada a resolver el conflicto.

La peor decisión del Presidente a este respecto sería dilatar sine die una solución inteligente lo más completa posible para este grave problema que hoy amenaza a la paz de la República.