Una pareja integrada por un español y una paraguaya fue arrestada en el Departamento de Identificaciones e imputados ambos por intentar gestionar una cédula de identidad falsa para su hijo de cuatro años. Fue a las 09:00 de ayer. Una funcionaria del Registro Civil de Lambaré está implicada.

Helena Karina Román Lugo está imputada tras gestionar una cédula con contenido falso para su hijo.
Los detenidos son Helena Karina Román Lugo (24) y Santiago Leide Rodríguez, mayor de edad y de nacionalidad española. Ambos fijan domicilio en la Villa IPVU de Lambaré.
Según el informe de la comisaría 11ª metropolitana, la pareja se presentó en el Departamento de Identificaciones de la Policía para gestionar la cédula de identidad de su hijo de cuatro años, llamado Juan Pablo Leide Román.
Pero una vez realizadas las verificaciones por parte de los funcionarios de la Asesoría Jurídica, se constató que el menor ya fue inscripto con anterioridad bajo el nombre de Juan Fernando Manuel Román Lugo.
A raíz de la evidencia, la pareja fue arrestada y trasladada a la comisaría local. Más tarde ambos comparecieron ante la fiscala Mirtha Ortiz Gómez, quien los imputó por emisión de documento con contenido falso.
FUNCIONARIA DE REGISTRO CIVIL, IMPLICADA
La fiscala Mirtha Ortiz afirmó que una funcionaria de la oficina de Registro Civil en Lambaré, de nombre María González, fue quien les aconsejó la expedición de un nuevo documento de identidad para el niño. La intención es llevarlo a España lo más pronto posible para evitar los contratiempos que genera un juicio civil por filiación.

El español Santiago Leide Rodríguez (izq.) dialoga con su abogado en la Fiscalía Barrial Nº 2, donde compareció junto con su concubina.
“Al principio, en el año 2004, solo la madre lo reconocía como suyo, pero cuatro años después se presentó el padre, quien también quiso reconocerlo. Esto implicaba un juicio por filiación o en su defecto la rectificación de nombres”, explicó la fiscala Ortiz.
La agente del Ministerio Público alegó que la funcionaria les dio la opción de cambiar la fecha de nacimiento del menor o bien cambiarle el nombre. Los padres optaron por esto último.
“Abonaron la suma 2.350.000 guaraníes para que el dirigenciamiento o traslado de la criatura a España fuera lo más rápido y así evitar el contratiempo que implica un juicio civil”, explicó Ortiz.
La representante de la Fiscalía informó además que en el transcurso de esta semana enviará a María González una notificatoria para acudir a una comparecencia y que extenderá a ella la imputación abierta contra la pareja.
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