Seis dirigentes paraguayos de Patria Libre, detenidos en Buenos Aires por el secuestro y asesinato de la joven Cecilia Cubas, se encuentran en una crítica situación de salud. A 65 días de la huelga de hambre y dos años y medio de prisión, el Gobierno argentino aún no les concede el refugio político que solicitaron. Médicos, organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo de Argentina recomiendan el traslado de los compatriotas a un hospital. Dialogamos con los detenidos en la cárcel de Marcos Paz.

Un grupo de paraguayos y argentinos se manifiestan en Buenos Aires a favor del refugio político de seis paraguayos detenidos y acusados por el secuestro de la joven Cecilia Cubas.
BUENOS AIRES, Argentina (Félix Daniel Barrios, especial para ABC Color). En las últimas semanas, representantes de diversas organizaciones han recorrido los 48 Km. que separan el centro de Buenos Aires con el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Hasta allí llegaron médicos enviados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, médicos y abogados de la Defensoría del Pueblo de la Argentina, el integrante del Parlamento del Mercosur, Héctor Lacognata; representantes de la Asociación Americana de Juristas y hasta Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz, todos ellos con un mismo motivo: averiguar por el estado de salud de los seis paraguayos detenidos.
En esta cárcel, que es hoy sede de detención de personas vinculadas con causas de violación de derechos humanos durante la dictadura que gobernó la Argentina de 1976 a 1983, se encuentran detenidos los ciudadanos paraguayos Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, Arístides Vera y Agustín Acosta.
Los seis paraguayos, que habían solicitado asilo político en la Argentina al ser acusados por la presunta participación en el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, se encuentran detenidos a la espera de una definición por parte de la justicia argentina, que determinará si los extradita o no para ser juzgados en Paraguay. En los últimos días, el caso cobró especial interés cuando el Gobierno argentino, a través de su ministro del Interior, Florencio Randazzo, decidió denegarles el asilo político, lo que hace que su extradición se torne inminente.
En reclamo de una definición, los detenidos se encontraban haciendo una huelga de hambre desde el pasado 15 de agosto y, al enterarse de la decisión del Gobierno argentino, dejaron también de consumir líquidos. Los partes médicos hablan de que ya perdieron un promedio de 14 kilos cada uno, tienen síntomas de debilitamiento y presentan otros problemas de salud.
Hablamos con Arístides Vera, uno de los seis detenidos. Pese a los días que lleva sin comer, su voz suena firme y revela su entereza aunque, por momentos, se percibe también que está haciendo un gran esfuerzo por comunicar sus opiniones con la mayor claridad posible, en especial, siendo que debe aprovechar al máximo los pocos minutos con que cuenta para hablar con la prensa.
Nos interesamos por su estado de salud y el de los otros detenidos.
“Estamos muy mal”
“Estamos muy mal. Cumplimos 65 días de huelga de hambre. Hay compañeros que han perdido entre 18 y 20 kilos, y el desgaste físico ya se hace notar con fatigas, mareos, náuseas... una partida de cosas que el cuerpo ya empieza a notar enormemente”, relata Vera.
La recomendación médica
Vera y sus compañeros fueron revisados varias veces a lo largo de estos más de 60 días de huelga de hambre y, a raíz del deterioro físico que comienzan a evidenciar, los médicos recomendaron el traslado urgente a un hospital para mantener un control estricto de sus signos vitales, medio interno y función renal.
El pasado viernes, Eduardo Soares, el abogado que los representa, elevó a la justicia argentina un pedido de internación en un hospital fuera del recinto carcelario ante el crítico cuadro de sus defendidos.
El mismo Vera nos cuenta de las últimas visitas recibidas: “Tuvimos la visita por parte de profesionales del Comité Internacional de la Cruz Roja, nos pidieron que depongamos nuestra medida de fuerza, pero nosotros dijimos que no. Esta medida la llevamos hasta las últimas consecuencias, es una decisión colectiva de los seis. Entonces nos dijeron que iban a recomendar nuestro traslado a un centro de salud en donde puedan monitorearnos constantemente. También recibimos a Ernesto Moreau, de la Asociación de Juristas Latinoamericanos, acompañado de una abogada de la Procuración argentina, quien dijo que iba a plantear a la Corte Suprema que nos trasladen a un hospital, lo mismo que la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que llegó con un grupo de médicos, han expresado su preocupación, y labraron algunas notas para presentar a la justicia y expresar la necesidad de trasladarnos”.
Alberto Kudric, miembro del consejo de administración de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), entidad que representa a los seis paraguayos, nos informó que su situación de salud es muy preocupante. “Hay dos que están muy mal: Roque, el de mayor edad, con antecedentes de problemas médicos; Basiliano está bastante mal también, y yo me animaría a sumar ahora a Agustín, que está muy débil y con muchos dolores en todo el cuerpo”, explicó Kudric.
Agregó que la condición de los detenidos es tan extrema que el mismo ministro del Interior presionó para que levanten la huelga de hambre a cambio de revisar la resolución desfavorable. “Pero, como no dio garantías, no lo hicieron”, precisó el representante de la fundación.
A sugerencia de embajador fueron a Bs. As.

La huelga de hambre tuvo un resultado: aceleró la definición política de parte del Gobierno argentino acerca de si se les concedía el asilo político, pero la respuesta fue negativa. “El Estado argentino les denegó el refugio. Esto es grave, está agravado, ya que los seis dirigentes vienen a la Argentina después de haber hablado con el embajador argentino en Asunción, Rafael Romá”, señaló Kudric.
Según explica el representante de FIDELA, el embajador les había aconsejado venir a la Argentina y tramitar el refugio directamente en este país. “Vayan a la Argentina que les van dar el refugio político, siempre se ha dado”, habría dicho el embajador. Pero, en vez de darles refugio, cuenta Kudric que los detuvieron dentro mismo de las dependencias del Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), dependiente del Ministerio del Interior.
En ese momento el ministro del Interior era Aníbal Fernández, hoy ministro de Justicia, quien, según palabras de Kudric, “los manda a detener ahí mismo, violando todas las normas de confiabilidad que pueda tener el CEPARE”.
Para los ahora detenidos en Marcos Paz, la noticia fue “como un balde agua fría”, según dijeron.
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