Las ocupaciones de tierra no deben ser criminalizadas porque hacen parte del diálogo y la natural conflictividad entre dos modelos de desarrollo: la agricultura campesina y los agronegocios, según afirmó ayer el brasileño Bernardo Mançano Fernandes, durante un seminario sobre reforma agraria organizado por el Clacso.

Con sala repleta se inició ayer el seminario “Actualidad de la Reforma Agraria en Latinoamérica y Caribe” que culmina hoy y es organizado por el Clacso y otras entidades.
Mançano Fernandes, que es coordinador del grupo de investigación Desarrollo Rural, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), expuso sobre la reforma agraria desde la perspectiva campesina durante un seminario sobre el tema que culmina hoy en nuestra capital. El evento es organizado por el Clacso, Base-is, Cipae, Codehupy y Serpaj, con el apoyo de la FAO, entre otras entidades.
El estudioso brasileño enumeró diez bases para la reforma agraria, entre las cuales señaló que “la lucha por la tierra y la reforma agraria” son dos elementos que no pueden ser separados. “Las ocupaciones de tierra hacen parte, es una forma de diálogo y no pueden generar violencia. Las ocupaciones de tierra no pueden ser criminalizadas, porque hacen parte del proceso de diálogo, hacen parte de la conflictividad”, expresó. Agregó que la conflictividad no es un impedimento del desarrollo, pero consideró que es una condición que debe ser minimizada. Fue más al recomendar que se rechace la criminalización de la lucha campesina porque esa caracterización “no es practicar la democracia”.
Mançano Fernandes sostuvo que la reforma agraria es un tema actual y no del pasado y que es un proceso de transformación que hoy más que nunca necesita Latinoamérica para salvar a su población excluida, campesinos e indígenas, que están siendo expulsados de sus tierras por los agronegocios.
Dijo que con la eliminación de los campesinos y su forma de desarrollo agrícola familiar no se puede pensar en el desarrollo de un país, en soberanía alimentaria, identidad cultural, salud, educación, tecnología y mercado. Pidió pensar en el campesinado con una dimensión amplia, que incluya su economía, cultura, recursos, educación, y no ubicarlos como apéndices del modelo de desarrollo de los agronegocios. Habló también de planear la universidad campesina y en un ministerio que se ocupe de la agricultura familiar, como ya se está haciendo en el Brasil, según reveló. Los ministerios de Agricultura de Latinoamérica actualmente solo responden al modelo agroexportador y latifundista, según sus expresiones.
Por su parte, los líderes de organizaciones campesinas, como Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina (FNC); Jorge Galeano, del Frente Social y Popular; y Tomás Zayas, de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (Cenocip), coincidieron en que la reforma agraria que quieren llevar adelante en el Paraguay pretende modificar la estructura de la tenencia de la tierra, es decir, terminar con los latifundios y la agroexportación. Gómez dijo que debe haber una política de desarrollo implementada por el Estado que contemple también la industrialización de la producción agrícola para dar valor agregado a los productos y generar fuentes de trabajo.
Del seminario también participó el titular del Indert Alberto Alderete. El evento, que se realiza en la Casona de Coomecipar, culmina hoy con la exposición, entre otros, de Rolf Hackbart, titular del Incra, el equivalente brasileño del Indert.
QUEJAS
Coincidentes quejas contra la Fiscalía realizaron ayer el titular del Indert, Alberto Alderete, y Tomás Zayas, del Cenocip. El funcionario de gobierno dijo que fue denunciado por la fiscalía con base en documentos falsos. Zayas por su parte señaló que “los fascistas fiscales, acompañados de corruptos policías, hacen muy bien su papel en criminalizar” a los campesinos, tildándolos de “terroristas, guerrilleros y secuestradores”.
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