Víctor Bernal Garay y toda la rosca que tuvo a su cargo la administración de Itaipú durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos pagó en forma fraudulenta la suma de G. 195 mil millones en concepto de “fines sociales”. Así refiere un informe remitido a la Fiscalía.

Víctor Bernal Garay, ex director de la Itaipú Binacional y actual senador por el Partido Colorado. Se considera víctima de una persecución política, según dijo.
El informe está firmado por el director de Itaipú Carlos Mateo Balmelli y fue entregado el pasado lunes, a la mañana, con una serie de biblioratos relacionados a pagos de proveedores, en diversos conceptos a las fiscalas Rocío Vallejo y Liliana Alcaraz.
Mateo lo presenta dentro de la causa caratulada “personas innominadas sobre lesión de confianza”, que está relacionada con el financiamiento de la campaña de Blanca Ovelar y de otros políticos del Partido Colorado, para las elecciones del pasado 20 de abril.
“El supuesto fundamento para el pago de sumas de dinero se sostiene en un acto administrativo de duración temporal que expiró en fecha 30 de junio de 2006”, dice una parte de la presentación en la cual explica que el inciso identificado como de una resolución del directorio ejecutivo permitía hasta esa fecha el pago sin contrato formal por “bienes y servicios” diversos destinados a “fines sociales”. Supuestamente abarcaba el área de salud, educación u otro tipo de apoyo que la comunidad requería, mediante justificativa detallada y fundamentada.

La publicitaria Sistema Siete, ligada al ex presidente Nicanor Duarte Frutos, fue una de las principales empresas beneficiadas por la binacional, ya que en concepto de servicio recaudó más de G. once mil millones.
“Pese a que este inciso entró en vigencia el 23 de marzo de 2006 y con una duración máxima al 30 de junio de 2006, no obstante se continuaron realizando las erogaciones, en función a la aplicación de dicho inciso (pese a haber sido privado de eficacia legal por el propio acto administrativo de referencia), por un monto de guaraníes ciento noventa y cinco mil quinientos dieciocho millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos treinta G. 195.518.574.130)”, dice parte del escrito que revela el daño patrimonial causado a la binacional.
CONTESTACIÓN
El escrito acompañado de documentos es una respuesta parcial a una serie de informes requeridos por los fiscales Rocío Vallejo y René Fernández, quienes actualmente están fuera de la causa por recusación de René Velilla y Wilfrido Taboada, ex superintendente y ex director administrativo, respectivamente de la binacional.

Esta es otra de las firmas con las cuales trabajó Itaipú, según la auditoría.
La presentación, realizada por Mateo Balmelli, hace alusión a documentaciones que respaldan la presunta adquisición de bienes y servicios “hipotéticamente proveidos por JOP Publicidad SRL, Ramiro Pankow Arquitecto y Kad Estudios SRL”.
“Aclaro que los documentos que se acompañan y los datos proveídos no impiden en modo alguno que en caso que el Ministerio Público lo considere pertinente, se constituyan en las oficinas de la entidad Itaipú binacional, a fin de que a través de consultores técnicos procedan a recabar datos precisos que puedan optimizar la labor de investigación y llegar a la verdad histórica y objetiva de los hechos que motivan la pesquisa a cargo de la fiscalía”, dice parte de la presentación que ya se encuentra en la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
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