Para la doctora María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), la ley orgánica de la Contraloría General de la República debe ser adecuada, porque así como esta redactada hoy viola el principio de publicidad de los actos de los funcionarios de gobierno.

María Victoria Rivas
“Ahora existen los nuevos paradigmas de accesos a la información pública, en donde no existen límites en cuanto a la información que pueda acceder la ciudadanía con relación a los funcionarios públicos y más todavía referido a los bienes de estos funcionarios”, puntualizó la profesional.
Mencionó que este punto está contemplado en la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas y que todas las políticas de transparencia que es el paradigma de los nuevos gobiernos. “Lo que el Congreso Nacional tiene que empezar a hacer es trabajar en un nuevo proyecto de ley que modifique ese artículo que limita la remisión del informe a ciertos órganos del Estado”, reclamó Rivas.
Mencionó que hay un principio rector que es el principio de publicidad de los actos del Gobierno y más cuando se refiere a sus bienes, de manera que la Ley 276/94, esta en contraposición a ese principio fundamental. “Creo que se han dado ciertos avances en materia de acceso a la información pública en donde la ciudadanía ha presentado recursos de amparo y ya existe resolución y jurisprudencia al respecto”, indicó
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