Apoyados por la Secretaría de Emergencia Nacional, que provee víveres y carpas a los invasores, por la Comuna de San Rafael del Paraná e incluso el cura párroco del lugar, un grupo de “sintierras” volvió a ocupar una propiedad privada en Itapúa, cuyos propietarios poseen dos sentencias favorables de la Corte Suprema de Justicia para el desalojo de los mismos.

Eitel Simón, ganadero
La denuncia fue formulada por el ganadero y miembro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Eitel Simón. Las tierras están ubicadas sobre la Ruta VI, a la altura del km 150.
El productor dijo que el litigio con los campesinos lleva ya cerca de nueve años, de los cuales durante los últimos cinco los propietarios del inmueble no pudieron realizar ningún tipo de mejoras, ni utilizarlo para garantías bancarias ya que existía una orden judicial de no innovar. En contrapartida, los supuestos “sintierras” permanentemente acosaron a los dueños del inmueble y a su personal, destrozando cultivos, disparando con armas de fuego y hasta quemando un tractor en el año 2000. Llegaron a destruir incluso toda una plantación de trigo para hacer un campo de fútbol, dijo.
Comentó que todo se inició cuando un grupo de campesinos reclamó un supuesto excedente de tierras en el inmueble que fuera adquirido ya en 1971 por los hermanos Rickli, de nacionalidad brasileña. Hoy estos hermanos ya están extintos y sus hijos han heredado la propiedad. Tras el reclamo de los campesinos en el 2001 el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) realizó la mensura correspondiente, no habiendo hallado tal excedente. Entonces los campesinos iniciaron un juicio de supuesta nulidad del título, argumentando que el documento es falso ya que en la escritura pública dice Tava’í y la localidad de Tavaí corresponde a Caazapá y no a Itapúa. Sin embargo, está debidamente aclarado que al momento de la escritura original no existía el distrito de San Rafael del Paraná y por ende se tuvo registrar en Tava’í. El juicio fue ganado por los propietarios en tres instancias, en el juzgado de Encarnación, luego en la Cámara de Apelaciones por unanimidad de los tres camaristas y finalmente en la Corte Suprema de Justicia, donde otra vez los tres camaristas de la Corte dieron legitimidad al título original, o sea, es un caso juzgado.
Pero, cuando se esperaba el levantamiento de la orden de no innovar, el entonces procurador del Estado Dr. Nelson Mora plantea de nuevo un juicio de nulidad del título con el mismo argumento ya juzgado, cambiando la carátula del expediente por el de “Estado paraguayo contra los propietarios”. La acción de Mora fue un fracaso ya que la Corte volvió a dictaminar a favor de los dueños, perdiendo así el juicio el Estado paraguayo.
Finalmente, el miércoles de la semana pasada se consigue la orden de desalojo de los campesinos que, si bien salieron todos pacíficamente, para el sábado ya volvieron a instalarse en la propiedad con carpas nuevas y 7.000 kilos de víveres proveídos por la SEN e instigados por el intendente, Carlos Eliezer López, y el cura párroco de la zona.
Los campesinos lo único que pretenden son las 420 hectáreas de bosques de la propiedad, afirmó Simón.
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