Una demanda por daños y perjuicios por valor de US$ 20 millones habría presentado un mes atrás la empresa GAV Comunications, ex WTelecom, vinculada a la ex modelo. El objetivo sería embargar las cuentas de la estatal, según fuentes judiciales.

Un nuevo plan de despojo contra la telefónica estatal estaría en marcha en los estrados judiciales, pero la entidad aún no fue notificada de la acción.
Otro nuevo plan de despojo contra la telefónica estatal se estaría gestando en los estrados judiciales, según las versiones que llegan de diferentes ámbitos.
El mismo estaría siendo impulsado por WTelecom, actualmente GAV Comunications (Grupo América Valsiti o Giorgios, Alan, Verónica), empresa vinculada a la ex modelo Zuny Castiñeira.
Tras la desestimación de la denuncia contra unas cuatro empresas que estaban realizando la terminación de llamadas internacionales en forma clandestina, una de ellas GAV Comunications, esta habría presentado una demanda contra la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones (Copaco) por valor de US$ 20 millones.
De acuerdo a informaciones proporcionadas por fuentes judiciales, ni bien el fiscal Martín Cabrera solicitó la desestimación de la causa, los responsables de la cuestionada firma presentaron la demanda contra la telefónica con la intención de embargar las cuentas de la institución.
La telefónica aún no fue notificada de la acción, según nuestra fuente. Bienvenido Ramón Gallardo, presidente del directorio de la nueva firma, se comunicó con nosotros para señalar que no entabló ninguna demanda contra la estatal Copaco. Sostuvo que si existiera una acción judicial, él lo tendría que saber como presidente de la compañía.
INVESTIGACIÓN
La denuncia contra WTelecom (GAV Comunications), y contra las firmas Indigo, Conexion y Sausalito SA, fue presentada a mediados de agosto del año pasado por el entonces titular de la Copaco, Juan Ramón Ibarra del Prado.
La investigación, si se lo puede llamar así, estuvo a cargo del fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera.
Según acta labrada por el fiscal Cabrera se pudo constatar que las llamadas no ingresaban por las líneas de la Copaco sino desviadas a través de Internet. No solo las entrantes fueron desviadas sino las salientes también. Poco tiempo después, el agente del Ministerio Público, con el argumento de que no existe delito, solicitó la desestimación de la denuncia.
Este hecho cayó perfectamente en el nuevo plan de despojo contra la telefónica estatal, que se encuentra intentando emerger del caos financiero provocado justamente por administradores inescrupulosos en connivencia con seudoempresarios.
Sobre el argumento de fiscalía de la no existencia de delito debemos señalar que existe una legislación vigente de Telecomunicaciones (642/95) que señala que las terminaciones de llamadas internacionales las deben realizar únicamente la empresa prestadora de telefonía básica, es decir Copaco.
La telefónica estatal percibe por este servicio algo así como 16 centavos. Parte de ese dinero se reparte entre las redes de telefonía móvil.
Las empresas como WTelecom, ahora GAV Comunications, Sausalito, Conexion e Indigo, al estar prestando un servicio que no les compete, infringen la legislación vigente y encima incurren en evasión impositiva.
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