PACIFICAR EL PAIS PASA POR FORMALIZAR LA ECONOMIA AGRARIA (6)

La parte más difícil de la reforma ya se ha realizado en el Paraguay

La reforma agraria tiene dos grandes componentes: por un lado, la partición y el reparto de tierras, por el otro, la redistribución de derechos de propiedad. Desde el punto de vista económico, el segundo es más importante que el primero, pero desde el punto de vista práctico, el primero es mucho más difícil de realizar. En el Paraguay esto ya se ha hecho, ahora hay que completar el proceso.

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Una comitiva del Indert visita el asentamiento “Jaguarete”, ex Sanguina Cue, departamento de San Pedro, en el año 2005, poco después de su habilitación.

Si la Comisión de Reforma Agraria que se ha conformado hiciera como primera medida un diagnóstico desapasionado de la situación, se encontraría con que el Estado paraguayo ya ha repartido no menos de 152.000 lotes agrarios en la Región Oriental, el 45 por ciento de ellos a partir de la caída de la dictadura.

Desde 1989 se han creado ¡más de 400 asentamientos campesinos! a lo largo y ancho de la república y se han distribuido unas 811.000 hectáreas, el 92 por ciento de ellas en la Región Oriental, las más de las veces en zonas de bosques naturales de los que ya no queda ni para hacer carbón.

Han sido beneficiadas solo en el lapso desde la caída de Stroessner alrededor de 70.000 familias campesinas, fácilmente unas 350.000 personas o más, con tierras del Estado.

Excluyendo el Chaco, donde hasta hoy no existe una alta demanda de tierras por parte de campesinos, los departamentos donde más se han adjudicado tierras públicas son justamente aquellos donde hay más conflicto.

Encabeza la lista el departamento de San Pedro, con 436.819 hectáreas entregadas desde 1963 (más del 20 por ciento del territorio del departamento), seguido por Concepción, con 371.319.

Durante el período democrático, el IBR y luego el Indert han habilitado en San Pedro 82 colonias agrícolas de campesinos, han adjudicado lotes a cerca de 18.000 familias (100.000 personas o más), que han recibido en total unas 150.000 hectáreas.

SÍ HUBO REPARTO

Lo que nos indican estos datos es, por un lado, que sí ha habido reparto de tierras en el Paraguay, antes y después de la caída de la dictadura, y, por el otro, que ese reparto sí ha alcanzado a los campesinos. La pregunta es por qué esas grandes extensiones de tierra entregadas a campesinos no ha tenido el impacto que debería en términos de reducción de la pobreza en ese segmento de la población rural.

Es más, hay claras evidencias de que una gran cantidad de beneficiarios ha vendido sus “derecheras” a precio vil o simplemente ha abandonado sus parcelas una vez cortada toda la madera, algunos para ir a ocupar o reclamar otras en sitios donde todavía hay montes.

En febrero de este año, los análisis geoespaciales mostraban la presencia de unas 109.000 hectáreas en San Pedro correspondientes a minifundios abandonados en estado de barbecho, lo que equivale al 73 por ciento de todas las tierras adjudicadas en ese departamento desde 1989.

TIERRAS, PERO NO TÍTULOS

Parte de la respuesta es que, en los 45 años que lleva esta repartija de tierras en el Paraguay, solo se han otorgado títulos de propiedad a los adjudicatarios de no más del 48 por ciento de los lotes Es decir, se ha cumplido con un aspecto de la reforma agraria, pero se ha fallado en el otro, más importante, de redistribución de derechos de propiedad.

La buena noticia es que, aunque ineficiente y con un alto contenido de corrupción y manejo politizado, el componente más conflictivo de la reforma, que es el reparto de tierra, ya se ha realizado en un porcentaje considerable. Aunque persiste demanda campesina por más tierras, hay argumentos para afirmar que la misma es comparativamente marginal.

El mayor problema no lo constituyen los “sintierras”, sino los “campesinos con tierra” que, pese a poseer el recurso, no logran darle la rentabilidad suficiente como para salir de la pobreza. Diversas fuentes confirman que hay más de 2 millones de hectáreas en la Región Oriental en manos de campesinos pobres, que en conjunto tienen más de 230.000 explotaciones agrícolas muy poco productivas.

COMPLETAR LA REFORMA

El desafío, entonces, es completar ese otro componente, regularizar los derechos de propiedad de los campesinos para que se transformen en propietarios de hecho y de derecho sobre sus bienes de producción, avancen a un modelo capitalista, se incorporen rápidamente a la economía formal y participen de los incentivos del mercado.

Paradójicamente, aunque esto es económicamente más relevante que el simple reparto de tierras, es relativamente fácil de llevar adelante una vez que ya se ha dado el paso anterior.

Esto es así porque los costos de la regularización no son ni económica ni políticamente excesivos.

La regularización no es económicamente costosa porque la mayoría de los campesinos pobres ya posee tierra, aunque en condiciones precarias, y solo resta formalizar la propiedad sobre las posesiones de hecho. Ya nos hemos referido en esta serie a los tres pasos sencillos que deben realizarse para conseguir ese objetivo.

Y tampoco es políticamente costosa porque, debido a que el grueso del reparto ya se ha realizado, esta reforma objetivamente no choca con los intereses de ningún sector de la economía formal del país, agraria y no agraria. Todo lo contrario, es beneficiosa para todos ellos, lo que debería dotarla de un amplio apoyo.

Próxima nota: por qué unos progresan y otros no.

arivarola@abc.com.py

Armando Rivarola