Mediante acción de nulidad se evitó despojo a la entidad

El ex procurador general de la República, Juan Carlos Barreiro Perrota, durante el gobierno de Luis Angel González Macchi, promovió una acción autónoma de nulidad contra los fallos que condenaron a Itaipú. Alegó que el Estado quedó indefenso, porque la Procuraduría no tuvo intervención en el juicio. Además, calificó de fraudulentas las sentencias que condenaron a la binacional.

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La acción iniciada por Barreiro Perrota fue impulsada por su sucesor Nelson Mora (durante el mandato de Nicanor Duarte Frutos), quien logró que el juez Alberto Martínez declare la nulidad de los fallos. Esta determinación fue recurrida por los abogados de Mundy.

Los camaristas Mirta González de Caballero y Arnaldo Aguirre confirmaron la resolución de Martínez. Myriam Peña votó en disidencia. Es decir, contra los intereses de la binacional y a favor de Mundy.

Nuevamente el expediente llegó a la Corte, ya que la empresa promovió una inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara. La máxima instancia judicial rechazó la acción, con lo que cerró definitivamente la causa y se evitó el millonario despojo a la binacional. Nada menos se pretendió cobrar 12 millones de dólares, suma que alcanzó el reajuste por el interés establecido.