Los pagos irregulares a varias empresas contratistas por parte de los ex administradores anteriores de la Copaco están siendo analizados por los asesores legales, según Arnulfo Recalde, titular de la telefónica estatal. Consultado sobre alguna denuncia concreta presentada ante el Ministerio Público para su investigación penal, contestó, con evasivas, que lo están haciendo.

El fiscal Martín Cabrera (segundo), junto al juez Rubén Ayala Brun (tercero), durante el allanamiento a WTelecom por la terminación clandestina de llamadas internacionales.
La serie de pagos irregulares a contratistas por parte de los anteriores administradores de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco SA) están siendo objeto de análisis por un equipo de abogados de la telefónica estatal, señaló Arnulfo Recalde, titular del ente, durante su visita a la redacción del diario.
Aunque Recalde aseguró que algunos casos fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación penal, no los pudo individualizar. Solo mencionó la detención del administrador de la institución en Ciudad del Este, Silvio Carlile Sánchez, el pasado 30 de octubre, que cayó preso por un faltante de G. 770 millones de la recaudación de ese mes.
Agregó que al tomar conocimiento del millonario desembolso de G. 6.350 millones realizado este año por Jorge Magno Candia, ex presidente de la compañía estatal a WTelecom, actualmente GAV Comunications SA, Recalde aseguró que remitió una nota en su calidad de auditor interno al titular de la institución objetando el pago.
Sobre este punto debemos señalar que el dinero abonado fue en concepto de conciliación de cuentas por los servicios de audiotexto correspondientes a los años comprendidos entre 1999 y 2007. Existen antecedentes de pagos realizados por la estatal desde 1999 al 2003 por valor de G. 912 millones.
En cuanto al contrato con DATA LAB de poco más de G. 3.000 millones para el mantenimiento del supuesto sistema informático de facturación proveído por la firma germana T-Systems International GmbH, de acuerdo al controvertido contrato 131/2005, no se opuso porque no aparecía el nombre de la empresa extranjera en ninguna de las documentaciones, según explicó.
Recordemos que la empresa representada por Ricardo Bensignor debía proveer, en el 2005, un software para el nuevo sistema de facturación (DATOS 3) por 1,5 millón de euros, pero en más de un año nunca entregó el producto hasta el punto que la Copaco continúa utilizando DATOS 2.
En cuanto a la no rescisión del contrato con GAV Comunications SA o WTelecom, por el incumplimiento de las cláusulas contractuales, específicamente sobre la falta de pago de las facturas, Recalde señaló que no estaba al tanto del tema. “Eso lo manejan la gerencia comercial y la gerencia técnica”, afirmó. Mencionó al ingeniero Hugo Sosa, ex gerente comercial, como el responsable de la acumulación de la deuda de la referida empresa.
La función del auditor es realizar consideraciones al directorio sobre algunas acciones señalando medidas a tomar para revertir situaciones, pero generalmente no son tomadas en cuenta por los responsables de turno, según dijo. Considera que el papel del auditor es “limitante”, por lo que a su criterio es la Contraloría de la República la única entidad que debe realizar los controles pertinentes y denunciar los casos irregulares ante la Fiscalía.
En relación al monto abonado por la licencia para la explotación de telefonía celular, Recalde dijo que no estaba al tanto de la cifra porque fue hace varios años.
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