“COMISION GARROTE”, HERENCIA DEL GOBIERNO ANTERIOR

Gobierno decidió eliminar grupo de civiles armados

La vigencia de la organización conocida como “comisión garrote” fue derogada por el decreto Nº 1042 firmado por el presidente Fernando Lugo. Los llamados civiles armados fueron incentivados por el entonces ministro del Interior Rogelio Benítez (nicanorista), y han cometido torturas, asesinatos, coberturas a delincuentes y hasta cobraron supuestos servicios de seguridad a haciendas.

Civiles armados de la “comisión garrote” de Yasy Cañy, en uno de los procedimientos irregulares realizados sin ninguna autorización judicial.

CURUGUATY (Pablo Medina, corresponsal). En fecha 11 de diciembre de 2008, el mandatario Fernando Lugo derogó el decretó Nº 22.043 del 14 de agosto de 2003, por el cual se creó la comisión nacional para la seguridad ciudadana, constituida por el Ministerio del Interior, Policía Nacional, instituciones gubernamentales y sociedad civil.

El principal propulsor fue el entonces ministro del Interior, Rogelio Benítez, por lo que la organización conocida como “comisión garrote” no necesitaba de estructura orgánica ni personería jurídica.

En el documento señala que analizados los antecedentes relacionados con la creación, así como su repercusión en el ámbito de la seguridad ciudadana a partir de la puesta en vigencia, le han valido duras críticas desde los más diversos ámbitos. Los argumentos resultaron suficientes para revocar el decreto Nº 22.043/2003.

Desde su creación en el año 2003, varias organizaciones campesinas y familiares de víctimas de las atrocidades cometidas denunciaron infructuosamente a los civiles armados mal llamados “comisión de seguridad ciudadana”.

Rogelio Benítez, ex ministro del Interior.

Uno de sus principales líderes, Fermín Villalba Martínez (46), fue asesinado el 25 de octubre de 2007 en ocasión de un allanamiento sin orden judicial a una vivienda de un presunto abigeo denunciado por el dueño de una de las estancias “benefactoras” de la organización parapolicial.

Denuncias por torturas, asesinatos, vejámenes, entre otros abusos “adornan” como antecedentes de los principales líderes de la organización.

Pese al repudio de la sociedad, la comisión de seguridad ciudadana gozaba de la protección de políticos colorados (nicanoristas), pues varios de sus integrantes se desempeñaban como operadores en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná y Canindeyú.

Luego de la caída del gobierno anterior, sus principales dirigentes intentaron mantener sus estructuras para seguir cumpliendo tareas propias asignadas a la Policía Nacional.

Integrantes de la “comisión garrote” de San Juan Nepomuceno, donde también se denunciaron abusos.

En ese sentido, en un reciente debate público, el viceministro de Seguridad, Carmelo Caballero, confirmó que el mandatario Fernando Lugo decidió atribuir exclusivamente a la Policía Nacional la seguridad pública del país, y sin la participación de los miembros de la comisión garrote diseminados en varios departamentos del país.

En todas las localidades donde actuaban estas comisiones, de la mano del nicanorista Benítez, se denunciaron casos de abusos y atropellos. Pese a las críticas y las arbitrariedades de estas oganizaciones, las autoridades del gobierno anterior mantuvieron un silencio cómplice amparando y protegiendo a los abusadores.