EJERCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO UTILIZA EL TERROR COMO ALIADO

En Tacuatí es mejor mantener la boca cerrada para seguir vivos

TACUATI, Departamento de San Pedro (Roque González Vera, enviado especial; Cristino Peralta, corresponsal). No existe ningún interés en detener a los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo. El Ministerio Público no mueve un dedo, el jefe departamental de la Policía Nacional solo responde al gobernador José “Pakova” Ledesma y los efectivos militares no tienen autorización para hacer procedimientos. El resultado es el convencimiento en Tacuatí de que mejor mantener la boca cerrada, para seguir vivos.

Tropas Especiales fueron desplazadas en el sector de Tacuatí, pero no cuentan con autorización para llevar a cabo operaciones. Los efectivos militares se limitan a tareas de relevamiento.

En la noche del sábado se montaron dos barreras de control, con la verificación de documentos de identidad por parte de efectivos de la Policía Nacional y militares. La inspección que se lleva a cabo en el área no sirve para nada, ni siquiera para marcar presencia de las fuerzas de seguridad.

Los efectivos policiales no tienen claro qué es lo que se busca; los militares, por su parte, se limitan a brindar apoyo a la Policía en los escasos retenes montados en el sector.

El ataque al destacamento de la III División de Caballería tuvo lugar en la medianoche del 31 de diciembre y las barreras de control se establecieron de cumplido recién en la noche del sábado 3.
Oficiales superiores de la Caballería se pasaron reclamando a la jefatura departamental la salida de los efectivos policiales; la respuesta de la Policía Nacional era evasiva, al igual que del Ministerio Público.

El comisario principal Fermín Benítez Aquino, comandante departamental, responde al gobernador José “Pakova” Ledesma y apenas si demostró interés en el ataque al destacamento militar.

No movilizó a sus efectivos y tampoco existen investigaciones que puedan dar con los responsables.

Mensaje para la población

Los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se refugian sobre todo en cuatro asentamientos: San José del Norte, Curupayty, Kurusu de Hierro y Tacuatí Poty, esto no quiere decir que los líderes de las comunidades tengan relacionamiento con este grupo de delincuentes. El grave problema es que no pueden hacer nada porque saben que serán asesinados. El Ejército del Pueblo Paraguayo mantiene un clima de terror dentro de los asentamientos mencionados, en procura de mantener a estas comunidades como refugios.

La única forma de evitar denuncias a las fuerzas de seguridad es utilizando el terror como mecanismo de control social. El resultado tenemos a la vista: se conoce a los delincuentes que integran el ejército del pueblo, pero nadie dice nada. Para seguir viviendo es mejor callar. La inacción de las fuerzas de seguridad del Estado refuerza el convencimiento en la población de que están abandonados a su suerte y que es mejor mantener el silencio, antes que arriesgarse a sufrir represalias. La lectura en los asentamientos es que no existe interés en detenerlos.

Lo mismo sucede en la pequeña localidad de Tacuatí, donde es conocido el movimiento de los integrantes del ejército del pueblo, se sabe quiénes compran medicamentos y se conoce el rostro de aquellos que cada tanto compran alimentos, para luego desaparecer por unos meses.

No hay secretos en Tacuatí, lo que existe es un miedo terrible. El grupo de delincuentes se presenta ante la población como un equipo decidido, fuerte y sin consideraciones en el momento de castigar a delatores.

En Tacuatí se esperó una reacción de las fuerzas de seguridad, se vio con esperanza la posibilidad de librarse de personas que tomaron las armas para destruir el Estado. A cuatro días del ataque a la unidad militar ya se dieron cuenta que no se tomará ninguna medida y que todo seguirá exactamente igual. Más que nunca comprenden que es mejor cerrar la boca y seguir vivos.

Presencia militar

El destacamento militar en Tacuatí se encuentra nuevamente operativo. En el lugar se levantó una tienda de campaña donde volvieron a instalarse los efectivos de Caballería.

El Ministerio Público y la Policía no tienen ningún interés en llevar adelante investigaciones para encontrar a los responsables. Mientras los fiscales se hacen los desentendidos, la jefatura policial del departamento solo presenta informes al gobernador José “Pakova” Ledesma. La presencia militar se limita a efectivos de la Caballería y del Destacamento Conjunto de Empleo Inmediato (DCEI), que no pueden hacer nada porque no existe autorización del presidente Fernando Lugo. Ante consultas expresan que esperan instrucciones de Asunción, pero las indicaciones no llegan ni van a llegar.

El Gobierno, a modo de defensa, se limita a decir que esta es otra herencia de Nicanor Duarte Frutos, dejando de lado que es la primera respuesta armada contra Fernando Lugo.

Así y todo, la administración actual no tiene ningún interés en controlar a los responsables del ataque al destacamento militar. El ministro Rafael Filizzola sostiene que son delincuentes comunes.

¿Y los fusiles FAL con que atacaron? ¿Y los M16? Se tiene entre manos un grupo armado con claros objetivos políticos y el Ministerio del Interior toma el ejemplo del avestruz para no resolver un grave problema como es el intento de iniciar una lucha guerrillera.

La torpeza e ineficiencia con que se maneja el ataque del Ejército del Pueblo Paraguayo es llamativa: comenzó con el retraso de 28 horas en autorizar el despliegue de Tropas Especiales hacia Tacuatí y ahora sigue manteniendo inmovilizados a los militares, sin el permiso necesario para realizar procedimientos.

El resultado es el fortalecimiento de los delincuentes agrupados en el Ejército del Pueblo Paraguayo y una mayor indefensión de una población que vive hundida en el miedo.

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