CUANDO CREAN CONVENIENTE SOMETERAN AL CONGRESO

El Ejecutivo retiene los acuerdos con Venezuela

El asesor jurídico de la Presidencia de la República mantuvo ayer una acalorada reunión por más de una hora con la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso y confirmó que el Ejecutivo por ahora no someterá a consideración del Parlamento los 13 acuerdos firmados por Fernando Lugo con Venezuela. Eso generó la protesta de los legisladores, quienes indicaron que el Ejecutivo viola la Constitución e ignora al Poder Legislativo.

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Rostros adustos en la reunión que ayer mantuvo el asesor jurídico de la presidencia, Emilio Camacho (der.), con los miembros de la mesa directiva de la Comisión Permanente.

Emilio Camacho, asesor jurídico de la presidencia de la República, fue ayer al Congreso a sentar la posición del Ejecutivo con relación a los treces acuerdos firmados con Venezuela el pasado 16 de agosto en San Pedro y generó una fuerte tensión con el Poder Legislativo. Camacho, quien aclaró expresamente que su visita era por instrucciones del presidente de la República, primero llamó por teléfono a los legisladores y buscó mantener reuniones por separado con los miembros de la mesa directiva. Sin embargo, los parlamentarios le aclararon que lo esperaba la mesa directiva de la Comisión Permanente.

En una enardecida discusión de más de una hora con los miembros de la mesa directiva, el funcionario aclaró a los congresistas que el Ejecutivo someterá a consideración del Parlamento los acuerdos firmados con Venezuela cuando lo crea conveniente. “Se irán remitiendo cuando el Gobierno lo considere conveniente”, reiteró. Lo que no explicó el abogado de la presidencia es el motivo por el cual los documentos no se envían al Congreso para su discusión si no hay nada que ocultar y a qué se refería cuando indicaba que se sometería a consideración cuando lo crean conveniente. Como en anteriores ocasiones, Camacho una vez más insistió en que los legisladores fueron informados de los acuerdos a través de la respuesta al pedido de informe remitido a la Cámara de Diputados y además prometió poner a conocimiento de la Comisión Permanente el contenido de los documentos a manera de información, pero no como una comunicación por los canales constitucionales que permitan que sea debatido en el Parlamento para que se decida su rechazo o aprobación.

Asimismo aseguró que no se está violando la Constitución al no someter a decisión del Congreso los acuerdos, porque en la Carta Magna no se establecen plazos. También indicó que la misma Constitución es la que dispone que el presidente de la República es el encargado de las relaciones exteriores y como tal puede disponer el momento en el cual somete a consideración del Parlamento los documentos. Sin embargo, en la Constitución no se dispone que el presidente tiene la facultad de someter o no a consideración del Congreso los acuerdos. El artículo 202 inciso 9 indica como uno de los deberes del Parlamento “aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo”.

Los documentos que firmó Fernando Lugo con su par de Venezuela Hugo Chávez el 16 de agosto, un día después de asumir como presidente de la República, son Acuerdo marco de cooperación, Tratado de seguridad energética, Acuerdo para la implementación de programas de cooperación en materia de soberanía y seguridad alimentaria, Carta de intención para la creación de un instituto agroecológico, Carta de intención en el área educativa, Protocolo de Enmienda al acuerdo de cooperación energética, Carta de intención para la creación de un mecanismo de financiamiento para la cooperación, Carta de intención en materia ambiental, Carta de intención para el desarrollo del proyecto Misión Milagro II que contempla la creación de dos centros oftalmológicos, Acuerdo de alcance parcial, Acuerdo en materia de información y comunicación, Carta de intención para la incorporación progresiva de la República del Paraguay a la nueva Televisión del Sur (Telesur) y Acuerdo en materia de atención integral y restitución de niños, niñas y adolescentes. Todos estos acuerdos ya fueron discutidos y aprobados por el Congreso de Venezuela.