Liberar la producción de marihuana

Cobran renovado interés en la opinión pública –no sabemos si también en el Gobierno– los problemas del ámbito rural vinculados a las acciones violentas de grupos armados, al cultivo y tráfico de marihuana y a ciertas autoridades complicadas con los otros dos, que constituyen las tres patas de este siniestro aparato de producir corrupción, riqueza, poder político y terror. El diputado liberal Elvis Balbuena presenta un proyecto de ley destinado a reglamentar el proceso de producción, procesamiento, comercialización y consumo de la marihuana. Desde el punto de vista político, es bien sabido que ningún producto genera corrupción si no está prohibido o restringido.

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Cobran renovado interés en la opinión pública –no sabemos aún a ciencia cierta si también en el Gobierno– los problemas del ámbito rural vinculados a las acciones violentas de grupos armados, al cultivo y tráfico de marihuana y a ciertas autoridades complicadas con los otros dos, que constituyen las tres patas de ese siniestro aparato de producir corrupción, riqueza, poder político y... terror.

Precisamente el diputado liberal Elvis Balbuena presenta un proyecto de ley destinado a reglamentar el proceso de producción, procesamiento, comercialización y consumo de marihuana. Esta iniciativa es resultado, seguramente, de largos años de que tal proposición esté siendo puesta en la mesa de debate por este y otros medios de prensa, así como por numerosas personas que se atreven a expresar franca y públicamente su opinión al respecto.

Como en general las drogas narcóticas, estupefacientes o estimulantes son altamente dañinas para los animales, su consumo, si no está literalmente prohibido para el ser humano, está severamente restringido. No cabe en este caso entrar a discutir esto, pues es materia científica y no política.

Pero el cannabis, cáñamo o marihuana no está clasificado entre aquellas drogas tan peligrosas, sino entre otras de menor rango, a las que suele denominarse “perniciosas”, clase en la que se inscriben una multitud de productos y subproductos, substancias, esencias, fluidos, emisiones, etc., etc.

Desde el punto de vista político, es bien sabido que ningún producto genera corrupción si no está prohibido o restringido. La proscripción legal hace a la marihuana escasa en el mercado de consumo, por tanto cara, por consiguiente rentable para el productor, el traficante, el acopiador urbano y el distribuidor minorista. Si todo el andamiaje del problema descansa simplemente sobre esto, la pregunta que obligatoriamente cabe hacerse es: ¿Vale la pena mantener esta interdicción legal?

Al parecer, la misma se originó en el hecho de que algunos países del Primer Mundo establecieron oficialmente que el cannabis o marihuana constituía una droga estimulante del sistema nervioso, capaz de crear adicción y abrir la puerta, por así decir, al apetito de drogas más fuertes y más dañinas.

Hoy en día todas estas afirmaciones están puestas en duda, tanto por médicos y sicólogos cuanto por otros expertos que estudian el fenómeno en su aspecto sociológico. En la actualidad, a la par que las opiniones que recomiendan se mantenga la proscripción legal de la marihuana, hay muchas otras que sostienen ardorosamente que su presencia en el mercado libre no será más perniciosa que la del tabaco, las bebidas alcohólicas, los estimulantes o sedantes químicos permitidos y que la de muchos otros medicamentos y sustancias naturales de consumo masivo habitual.

Respecto a esta problemática, hay asertos cuya cabal comprensión y admisión no requieren más que sentido común; por ejemplo, que cualquier cosa consumible, si se exagera en su empleo o en su privación, se convierte en perniciosa; que cualquier prohibición torna apetecible lo prohibido; que cualquier escasez crea demanda y esta incrementa los precios y multiplica las ganancias. Por fin, cuando produce ingentes ganancias, la prohibición legal solo afecta negativamente a los que trabajan en el marco de la ley; a los demás los vuelve ricos y poderosos.

Estas nociones elementales explican perfectamente, sin necesidad de mayor ciencia, por qué la producción y el consumo de drogas en general se expanden y se multiplican en el mundo, década a década. E incluso la insaciable demanda propicia inversiones en estudios de laboratorio para inventar nuevas fórmulas. Tanto es así este fenómeno, que es forzoso cuestionarse: ¿Y si no estuvieran prohibidas, producirlas hubiera sido tan buen negocio?

Que la marihuana sea o no una droga dañina, como afirmáramos, es un debate que debería circunscribirse al ámbito científico, como se hace habitualmente respecto al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a los alimentos con alto tenor graso, a los estimulantes cardíacos, etc., etc. Lo que en el ámbito político interesa determinar es si el levantamiento de la restricción legal que pesa sobre ella no produciría el efecto que supuestamente persigue el Estado, es decir, la destrucción de las mafias organizadas en torno a las drogas prohibidas, por consiguiente de la violencia que generan, de la corrupción de autoridades gubernamentales y de caudillos políticos urbanos y rurales, de la asociación entre traficantes y terroristas o guerrilleros, y permitir así el ahorro del inmenso caudal de dinero público que se gasta en esta guerra que, año a año, está más lejos de ser alguna vez ganada.

La liberación del cultivo, procesamiento, distribución y consumo de la marihuana en el mundo produciría, sin duda alguna, numerosas ventajas para los Gobiernos en su lucha contra la criminalidad común y la política. En cuanto a nuestro país en particular, sería una medida venturosa para los pequeños y medianos agricultores locales, que agregarían un rubro de excelente rendimiento y precio a su cada vez más pequeño abanico de opciones.

La prohibición de la marihuana –que se originó en el Primer Mundo como medida fundada en factores que consideraron convenientes para ellos– aquí en el mundo subdesarrollado no consiguió justificarse en ningún estudio o análisis seriamente hecho; es decir, simplemente, las supuestas ventajas de la prohibición legal no están científicamente demostradas.

Mientras tanto, nosotros pagamos el altísimo precio de la formación de los cárteles, de la violencia, de las muertes, del terrorismo, del sabotaje, de la corrupción de nuestras autoridades y de muchos otros males que, para remediarlos, nos obliga a distraer preciosos recursos públicos que hubieran servido para elevar nuestro pobre nivel de desarrollo social y proveer adecuada educación a nuestros jóvenes, dotándoles de la suficiente fortaleza física y anímica como para no tener que recurrir a las drogas para evadir un triste presente y un oscuro futuro.

Tal como venimos predicando desde hace años, estamos persuadidos de que nuestro Gobierno tiene que plantearse seriamente la posibilidad de levantar la restricción a la marihuana, tomando las precauciones de que tal proyecto requiera y cumpliendo con las consultas internacionales que sean recomendables realizar para que la medida se ajuste a una conveniencia general sin lesionar intereses de países amigos.