Para defender la necesidad de que los inversionistas, más aún cuando son extranjeros, reciban suficiente garantía del gobierno, Manuel Riera, presidente de Acepar, rememoró que durante el mandato de Nicanor Duarte Frutos la acería sufrió cuantiosos daños en su patrimonio a raíz del robo de chatarra por parte de numerosas personas con protección política.
Se presentaron más de 70 denuncias en la fiscalía de Villa Hayes, pero nada pudo hacerse, y la gente entraba a sacar los desechos de la fábrica hasta con tractores, munidos de unos “guías” ilegales, según el empresario.
Resaltó que a raíz de eso se reunió con el entonces presidente de la República. “Hablé con Nicanor y me dijo: estamos en época de elecciones, no podemos hacer nada”. Explicó también que la chatarra tiene un precio de entre 100 a 120 dólares la tonelada, por lo que el perjuicio fue importante.
Cambio de nombre
Riera sostiene que uno de los motivos por el que mucha gente asocia todavía a Acepar con el Estado es simplemente su nombre. “Acepar está vinculada a la memoria colectiva del Estado, y ya le dije a Tasselli (Sergio) que le cambie el nombre. Yo ya le di para el nuevo nombre y todo, pues debería denominarse Acerchaco, para valorizar el Chaco donde está asentada la fábrica”, expresó.
Según él, esta misma teoría puede aplicarse a la Contraloría General que cree todavía que Acepar es del Estado y aplica en sus verificaciones a la empresa mediciones propias de los entes públicos.
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