CONTRATACIONES PIDIO A GOBERNACION DE CENTRAL QUE SUSPENDA LLAMADO

Grosera disputa por millonaria adjudicación de vaso de leche

Una vergonzosa disputa se desató en la Gobernación de Central por la adjudicación de la licitación de 19.000 millones de guaraníes del programa de vaso de leche para las escuelas. Del proceso fueron dejados de lado los productores de leche de todo el país y existen sospechas de que la licitación está dirigida. Contrataciones Públicas recomendó suspender el proceso.

Max Rejalaga, de la DGCP

La provisión del complemento nutricional a las escuelas para este año en el departamento Central crea fuertes encontronazos entre la Gobernación y los productores lácteos.

La Gobernación convocó a una licitación de 19.000 millones de guaraníes, poco más de 3 millones de dólares, que deja de lado abiertamente a los productores lácteos a pesar de que el sector es reconocido como uno de los mejores de la región e incluso tendrían un sobrestock de casi el 20 por ciento con lo que podría atender sin inconvenientes la demanda.

Para ello, como en años anteriores, llamó a licitación y pidió leche en polvo modificada, algo que no se produce en el país y que se importa de países vecinos. Mediante este ajuste legal el departamento Central, que desde la creación de los departamentos con la Constitución de 1992 estuvo administrada por gobernadores liberales, derivó la provisión de este complemento casi exclusivamente a manos de la firma Masily Paraguay, una empresa de capital argentino representada por Celeste Amarilla, militante del PLRA y pareja del ex diputado liberal Franklin Boccia, actual consejero de Itaipú.

Masily ahora de vuelta participa de la licitación y es la que cumple como nadie cabalmente las especificaciones que pide el pliego. De ahí que se presume que el mismo se hizo a medida. Además, la Gobernación a cargo del liberal Carlos Amarilla, a fines del año pasado hizo una adjudicación directa a Masily por 2.699 millones de guaraníes.

La Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos ya presentó una protesta por la discriminación de la cual son víctimas sus asociados y reclamó al Gobierno la atención prioritaria a los grupos nacionales que en plena crisis financiera está dando mano de obra de manera directa a más de 50.000 connacionales. Además, alertó sobre gruesas irregularidades en el pliego de bases y condiciones y paralelamente presentó una protesta ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Max Rejalaga, director de la DGCP, dio trámite a la denuncia y pidió a la Gobernación de Central que suspenda el proceso hasta tanto se aclaren las objeciones. Hasta ahora la Gobernación no respondió al pedido.