La buena gestión municipal puede servir a políticos para futuras aspiraciones

En nuestro país hay actualmente una cantidad de municipalidades mal gobernadas. La ciudad capital, Asunción, sin ir más lejos, ha elevado en un 12,5 por ciento sus tributos (más del doble del índice de desvalorización del guaraní) y no precisamente porque esté atendiendo mejor sus misiones, sino por el altísimo número de funcionarios –unas 5.750 personas– con que cuenta. En Mariano Roque Alonso, la Municipalidad se encuentra en estado crítico. Desaparecieron sus recursos financieros sin que se sepa qué ocurrió con ellos.Podrían seguir señalándose más casos problemáticos, pero sería bastante señalar que en nuestro país los cargos de intendentes y aún de concejales municipales no son vistos como principio de una carrera política, sino como un fin en sí mismo.

No son el inicio de aquello que ya los romanos llamaban el “curso de los honores”, sino que son procurados para el provecho inmediato de quienes los logran. La carrera política que se supone comenzaría en esos cargos, no suele continuar.
En otros países con democracia desarrollada, las cosas no ocurren así.

Las carreras políticas a menudo comienzan en el ámbito de los municipios, continúan en los parlamentos y concluyen en la presidencia de la nación de la persona de que se trate. A través de tal carrera, los políticos se van destacando por su actividad, pensamiento, sentido común, honestidad, y estos son los factores por los que van ganándose simpatía en la opinión pública, primero de su ciudad, después de su región y finalmente de la nación.
En nuestro país, los Presidentes de años pasados llegaron al cargo por otros caminos, como la revolución, el golpe de Estado, la abundancia de dinero y, en algún caso, hasta por la casualidad y una decisión judicial orientada por intereses políticos sectarios antes que por el derecho. Si esto se ha dado en la cumbre del poder político, casi puede decirse que es natural que también se diera en todos los demás cargos electivos, y más aún si se le agrega un factor que también se instaló por años en el país, el fraude electoral.

Quienes llegaron al poder público por senderos torcidos se encontraron ante el compromiso de responderles favorablemente a quienes les ayudaron, y una de las fórmulas que se les presentaron fue el dar empleo a la mayor cantidad de seguidores posibles sin tomar en cuenta para nada la capacidad ni la honestidad de sus designados.
En los municipios es común que las recaudaciones tributarias sean destinadas hasta en un 95 por ciento a pago de remuneraciones, y así poco es lo que sobra para recoger y reciclar basura, cuidar las plazas y parques, mantener pavimentos y menos aún para abrir nuevas avenidas, instalar semáforos y, en definitiva, estudiar, planificar e impulsar el desarrollo del municipio.
Las anteriores Constituciones paraguayas daban al presidente de la República la facultad de designar a los intendentes municipales; solo la Junta Municipal era electa por el voto popular. Si el presidente elegía mal a un intendente, él era quien pagaba el precio político por su error. Alguna vez esto se demostró hasta con Stroessner, que prontamente destituyó a un intendente por su inutilidad.
La Constitución de 1992 creyó, cabe presumir que de buena fe, que dándole al pueblo la elección de los intendentes municipales ayudaba a establecer la carrera política. Lastimosamente, esto no ocurrió. Muy pocos son los ex intendentes que se desempeñaron bien en su función y, como consecuencia, aún menos numerosos han sido los que pudieron entender ese cargo como el principio de una posiblemente exitosa carrera política.
De esta manera, los políticos nacionales desaprovechan posibles logros obtenidos en el buen servicio a sus comunidades, para exhibirlos como sólida plataforma al lanzarse a otros cargos electivos más importantes a nivel nacional.