AMENAZAN CON MEDIDAS DE FUERZA SI NO RECIBEN US$ 2.5 MILLONES Y TIERRA

Seguidores de Dick pretenden vivir a costa de la miseria de Casado

La Comisión Pro Tierra anuncia el cierre de la ruta Transchaco para este martes, medida de fuerza que pretende lograr la entrega de 2.5 millones de dólares y 52 mil hectáreas de tierra.

Puerto Casado no tiene ni siquiera una cuadra empedrada. Es una comunidad rapiñada por sus dirigentes políticos.

Este martes 24, la Comisión Pro Tierra de Puerto Casado tiene previsto cerrar la ruta Transchaco, a la altura del kilómetro 389, en las inmediaciones de radio Pa’i Puku.

El objetivo de la medida de fuerza es obligar al Poder Ejecutivo a entregar 2.5 millones de dólares y 52 mil hectáreas de tierra, que serán administradas por la Cooperativa Puerto Casado Poty, cuyo titular es el dirigente Francisco Dick.

La dirigencia política de Puerto Casado, aparte del dinero y la tierra, también exige al Estado que las instalaciones de Victoria SA sean entregadas a la cooperativa. Las oficinas administrativas, depósito y viviendas de la empresa se encuentran ocupadas en forma ilegal.

Se puede mencionar, para dar idea de la magnitud del despojo, la reciente ocupación de la casa de huéspedes de la empresa, que fue invadida por el concejal Ariel Guccione, presidente de la Junta Municipal.

El concejal Guccione, junto con su familia, forzó el ingreso en la vivienda, donde está viviendo hace poco más de un mes. En el sitio montó un negocio de venta de cervezas y organizó un par de canchas de fútbol.

Estos son los dirigentes políticos casadeños.

Dinero del Estado

Ariel Guccione es uno de los firmantes del telegrama colacionado que recibió el presidente Fernando Lugo hace un par de semanas, donde comunican el inicio de acciones de fuerza para “la búsqueda urgente de soluciones definitivas e impostergables a los problemas que aquejan a Puerto Casado”.

El presidente de la Junta Municipal no parece estar muy ocupado “en la búsqueda urgente de soluciones”, dadas las preocupaciones que le genera atender el negocio que montó en propiedad ajena.

Políticos como el concejal Ariel Guccione son lo que reclaman a voz en cuello tierra y dinero del Estado, hablan del abandono de la ciudad pero no hacen absolutamente nada por mejorar la administración de los fondos de la Municipalidad.

La corrupción causa estragos en una sociedad. Puerto Casado es un vil ejemplo de enriquecimiento ilícito, a costa de la miseria de la ciudadanía.

Sería estupendo saber qué está sucediendo con la administración del intendente Raúl Lagraña, otro de los políticos que reclama tierras y dinero.

En realidad, Lagraña primero tiene que explicar el destino de los fondos de la Comuna, dadas las acusaciones de malversación.

Sucesivas administración de la Municipalidad de Puerto Casado convirtieron los fondos comunales en objeto de rapiña. Es el trofeo al cuál acceden regularmente el mismo grupo de políticos y todos ellos giran alrededor de la Comisión Pro Tierra.

Si la Municipalidad es la fuente de enriquecimiento ¿se puede entregar 2.5 millones de dólares a políticos que terminaron por hundir a su comunidad en la miseria?

El destino del dinero público será exactamente el mismo, irá a parar a los bolsillos de corruptos.

Puerto Casado será cada día más pobre, lo que permitirá a sus dirigentes políticos seguir reclamando dinero y tierras para “solucionar urgentes problemas sociales” que ellos mismos crearon.

Vivir a costa del Estado

La Comisión Pro Tierra exige la capitalización de la Cooperativa Puerto Casado Poty (ambas, de hecho, tienen el mismo presidente) y que la distribución de ayuda económica se lleve a cabo en forma directa, sin participación de organismos gubernamentales.

Entre los reclamos se encuentra la compra de maquinaria. En el “Proyecto Soberanía – de la dependencia al protagonismo” entregado a Fernando Lugo a mediados de febrero, se lee: “Provisión por parte del gobierno de equipos, maquinaria, herramientas, animales de producción, semillas y víveres para los asentados por el tiempo de 12 meses, conforme se describe en el presupuesto general del proyecto”.

Aparte del presupuesto del gobierno central, para adquirir maquinaria que los políticos casadeños necesitan en sus futuras estancias, también apelan al presupuesto de la Ande. “Gestionar y lograr la participación de la Ande para la realización de extensión de energía eléctrica rural”.

“Se requiere esta participación. El costo de la actividad no está prevista en el presupuesto general del proyecto, por lo que se recurre al presupuesto de la Ande”.

Tierra gratis

Obviamente no puede faltar el reclamo de tierra gratis, comprada también con fondos del Estado.

Dado que Victoria SA donó 30 mil hectáreas, los futuros estancieros reclaman que la superficie llegue a 52 mil hectáreas.

De las 30 mil hectáreas disponibles, 12 mil ya fueron loteadas. Hasta el momento, los únicos beneficiarios son los dirigentes de la Comisión Pro Tierra, quienes se repartieron entre ellos las mejores parcelas.

Es decir, tienen a su disposición los fondos comunales, reclaman tierra y dinero y amenazan con medidas de fuerza si los pedidos no son satisfechos.

Estos son los “luchadores sociales” casadeños.

Próxima nota: ¿Y el pueblo casadeño?

Roque González Vera